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Reforma laboral a pura billetera: Macri "mensajea" a gremios que no perderán plata de obras sociales

Es una pulseada en la que Cambiemos tiene la billetera estatal y los sindicatos, la posibilidad de facilitarle las cosas al oficialismo en el Congreso. Desde el Ministerio de Trabajo apuntan a convencerlos de que una flexibilización no implicará una merma en el ingreso de dinero al sistema de salud

19 de septiembre de 2017| Por Sebastian Albornos |

Mientras planifica cómo llevar adelante el blanqueo laboral y la rebaja de aportes, para "estimular la registración de empleados", el Gobierno también debe ocuparse de otro tema, no menor por cierto.

Concretamente, debe analizar la forma de morigerar la resistencia que viene mostrando el sindicalismo argentino en este tipo de debates.

Para dar esa pelea, cuenta con un arma muy potente: la discrecionalidad para acelerar o enlentecer el ingreso de fondos para las obras sociales que manejan los sindicatos.

Pero Mauricio Macri no necesariamente necesita la aprobación de una nueva ley para incidir sobre este tema.

Sucede que, en las actuales circunstancias, tiene a mano otro "grifo" para regular el caudal de fondos: la devolución (más lenta o más rápida) de la deuda estatal que se ha ido acumulando durante la gestión kirchnerista.

En este contexto de "toma y daca", el Gobierno y los líderes gremiales van tanteando el terreno y la capacidad de presión sobre el contrincante.

Por el lado del primero, el ministro de Trabajo -Jorge Triaca- dio inicio a su estrategia de acercamiento a la CGT, con el fin de limar las asperezas que quedaron luego de la marcha de la central obrera a Plaza de Mayo.

De hecho, hasta se habla de una posible desactivación del paro general anunciado en aquella ocasión.

Por otro lado, el Ejecutivo envió un claro mensaje a los sindicalistas, para que sepan qué tan enérgico puede llegar a ser en su toma de decisiones.

Lo hizo cuando echó a Luis Scervino (titular de la Superintendencia de Servicios de Salud) y a Ezequiel Sabor (Secretaría de Trabajo).

No eran personas cualesquiera. El primero era un hombre de confianza del secretario general de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri. El segundo, un funcionario cercano al líder gastronómico Luis Barrionuevo.

Plata o reforma
En esta disputa, parecería que uno tiene lo que el otro quiere: Macri, la "billetera" estatal; los sindicatos, la posibilidad de hacerle la vida más fácil con la reforma laboral.

Así las cosas, muchos ven en la reunión Gobierno-CGT una suerte de llave que abre la puerta para que los gremios manejen los fondos de las obras sociales y que ese dinero llegue de manera más rápida, sin depender del color político que maneje los destinos del país.

En el Congreso aún se aguarda el proyecto que Macri anunció hace más de un año vinculado con la creación de un organismo para evitar sobreprecios y pensado para bajar los costos del sistema.

Mientras el Ejecutivo y los líderes sindicales miden fuerzas, un tercer actor sigue el "golpe a golpe" de esta pugna: los empresarios.

Por lo pronto, de acuerdo con las fuentes consultadas por iProfesional, no quieren sufrir ningún tipo de reclamos por este tema.

A priori, les asusta que sean ellos los que finalmente tengan que resolver conflictos derivados de una disminución de ingresos a las obras sociales.

Más aun, temen que se les pida que aporten a un nuevo fondo solidario creado para el financiamiento de las mismas.

No son los únicos que están preocupados. También los gremios lucen "inquietos", lo que lleva al Presidente a realizar una tarea adicional a la de darle impulso a la reforma: convencerlos de que una flexibilización no implicará un perjuicio en el ingreso de dinero al sistema de salud.

La polémica por la devolución
Mientras manejó la entidad encargada del reparto de los fondos a las obras sociales, Scervino les restituyó parte de la deuda que el Estado argentino mantenía con las obras sociales, que se había acumulado durante la etapa K.

Hablando en plata:

- Les entregó un total de $22.000 millones.

- Aún queda un saldo de $8.000 millones, que iba a ser destinado para el denominado "Plan de Cobertura Universal de Salud".

Los gremios aceptaron recibir ese monto en términos nominales. Es decir, sin actualizar por la alta inflación acumulada durante varios años.

Tal es así que si ese dinero se hubiese ajustado por el índice de precios, deberían haber obtenido, como mínimo, el doble de esa cifra.

¿Dónde está esa plata? Casi la mitad en una cuenta del Banco Nación (a nombre de la Superintendencia) en bonos con vencimiento en 2020. Los intereses pasarán a integrar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

¿Quién la recibió? Seis de cada diez pesos tuvieron como destino final un puñado de 20 obras sociales.

Más aun, expertos del sector indican que la mayor porción de la "torta" quedó en manos de la cuarta parte del total de afiliados de todas las prestadoras de los sindicatos.

Mientras, los gremios protestan. Aducen que los recursos no repartidos no fueron protegidos del avance de la inflación y ponen cifras al asunto.

Señalan que, de haberse invertido, hoy día ese monto de $22.000 millones podría haberse acrecentado a más de $70.000 millones.

En todo caso, el debate ahora pasa por cómo recuperar esa diferencia y, además, por no verse afectados ante una eventual reducción de aportes y contribuciones, tal como la que planea el Gobierno para bajar el costo laboral.

En cifras,

- Las obras sociales se hacen del 9% de los salarios en bruto de todos los trabajadores (6% lo aporta el empleador y el 3% los empleados).

- Una parte de ese monto es administrado directamente por los gremios.

- Otra porción (15%) es retenida por el Fondo para ser destinado a enfermedades complejas y aquellas que no puedan ser cubiertas por los sindicatos más chicos.

El FSR tiene como fin reintegrarle a las obras sociales lo que destinan a los tratamientos de alta complejidad o a medicamentos costosos. Esos recursos, a su vez, surgen de los aportes obligatorios que se les retienen a mensualmente a los trabajadores.

Tiempo atrás, se había acordado que ese fondo recibiría una determinada cantidad de dinero, que iba a estar contemplada en el presupuesto. Sin embargo, eso se cumplió sólo en parte.

- Entre 2006 y 2012 se estipularon $2.700 millones en reintegros por prestaciones otorgadas.

- En 2016, el Gobierno efectuó un pago inicial del 80% de ese monto y pidió auditorías para determinar compensaciones, ya sean a favor o en contra de las arcas públicas.

- Los reintegros por gastos de este tipo de tratamientos son, en promedio, un 30% del total de los recursos que se distribuyen.

- El porcentaje restante se reparte automáticamente, de acuerdo con la cantidad de afiliados.

El sistema de obras sociales está regido por la Ley 23.660 y tiene como finalidad brindar servicios de salud.
Para cumplir con ese objetivo, las mismas se financian a través de los aportes de los empleados en relación de dependencia y contribuciones que pagan las empresas. El artículo 16 de la ley 23.660 así lo especifica:

a) Una contribución a cargo del empleador equivalente al 6% de la masa salarial de sus trabajadores.

b) Un aporte a cargo de los trabajadores del 3% de la remuneración, para la cobertura del titular, grupo familiar primario y convivientes con trato familiar.

c) En el caso de sociedades o empresas del Estado, la contribución para el sostenimiento de la obra social no podrá ser inferior al promedio de los doce meses anteriores a la fecha de promulgación de la presente ley.

A los efectos del descuento de los aportes (empleados) y del pago de las contribuciones (empleador), la ley brinda precisiones sobre qué se entiende por remuneración.

A los fines del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, se considera remuneración a todo ingreso que percibiere el afiliado -en dinero o en especies- susceptible de apreciación pecuniaria.

Ese ingreso es en retribución, compensación o con motivo de su actividad personal, en concepto de:

- Sueldo

- Sueldo anual complementario

- Honorarios

- Comisiones

- Participación en las ganancias

- Habilitación

- Propinas

- Gratificaciones

- Suplementos adicionales que sean habituales y regulares

- Viáticos

- Gastos de representación.

"La obra social tiene un aporte obligatorio dividido en dos partes: una retención al trabajador (3% del sueldo) y una contribución del empleador del 6%", señala el abogado Julián De Diego, titular del estudio que lleva su apellido.

A modo de referencia, aporta un ejemplo: "El presupuesto que maneja la obra social de empleados de comercio es mayor que el de 11 provincias".

Además, remarca que esa es la razón que muestra por qué el sindicalismo tiene tanto poder. Según el abogado, la Argentina es el único país donde la salud está a cargo de los sindicatos.

De acuerdo con la Superintendencia de Servicios de Salud, la obra social de mayor envergadura en Argentina es OSECAC (Empleados de Comercio), con poco más de un millón de afiliados.

Luego figura la obra social de construcción, con 343.000 personas.

Los gremios saben que Macri quiere avanzar con la reforma laboral y ya han recibido un par de muestras sobre su poder de fuego sobre algunos temas sensibles.

Macri, en tanto, conoce mejor que nadie el interés de los líderes sindicales por el manejo de estos fondos.

Así como están planteadas las cosas, sólo falta que se sienten a negociar y que cada parte tantee hasta donde está dispuesta a ceder la otra en esta pugna entre recursos, obras sociales y reforma laboral. (Iprofesional)

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