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Reforma electoral: quieren blanquear la corrupción empresaria y borrar a la izquierda

Miguel Ángel Pichetto y Mauricio Macri profundizan la verdadera asociación ilícita que han venido llevando adelante en los últimos casi 3 años. Por estas horas esa alianza intenta presentar una reforma electoral que, de aprobarse, representaría una verdadera proscripción contra la izquierda y contra algunas de las fuerzas políticas de oposición.

14 de noviembre

El miércoles pasado la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta avanzó en dar dictamen a un proyecto que blanquea la injerencia que llevan adelante los empresarios dentro de las campañas electorales de las fuerzas políticas que los representan.

Al mismo tiempo, la norma plantea una reducción de los espacios publicitarios cedidos gratuitamente para la campaña electoral a todas las fuerzas políticas.

El proyecto habilita los aportes de personas físicas y jurídicas en las campañas. Aunque la norma establece un tope del 5% de los gastos permitidos para esa campaña y establece que los aportes deben mantenerse dentro de un esquema bancarizado, claramente legaliza la injerencia empresarial dentro de las campañas.

Esa injerencia ya existe pero se lleva a cabo por canales no formales. Como señaló el periodista Hugo Alconada Mon en una reciente entrevista con este medio, se estima que las grandes fuerzas políticas patronales gastan alrededor de U$S 100 millones, una cifra exorbitante, que solo puede alcanzarse con los aportes de los empresarios.

Fue el mismo periodista quien sacó a la luz que el mismo presidente Macri les pidió a los empresarios -durante la campaña electoral de 2015- un aporte “del 1 % de sus patrimonios”. La nueva norma, al permitir los aportes de personas jurídicas le da status legal a esa intervención.

Es el Artículo 2° el que establece que los partidos políticos podrán obtener su financiamiento, entre otras fuentes, de “a) de sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas; b) donaciones de otras personas humanas —no afiliados— y personas jurídicas”.

Proscripción a la izquierda y otras fuerzas políticas La norma en cuestión implica un ataque abierto también contra las fuerzas políticas como el Frente de Izquierda y otros espacios de oposición no atados a los intereses del gran empresariado.

Así, el Artículo 12 ° señala que “de acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, los servicios de comunicación están obligados a ceder el CINCO POR CIENTO (5%) del tiempo total de programación para fines electorales.”

Actualmente ese porcentaje es del 10 %. Es decir la norma ataca una de las condiciones que permiten a las fuerzas políticas como el Frente de Izquierda expresar ampliamente sus ideas a lo largo de la campaña electoral.

Esa decisión es una concesión al lobby de los grandes medios de comunicación que, desde hace años, reclaman por no poder utilizar esos espacios para pauta publicitaria. Es decir, la modificación viene a garantizar un crecimiento de las ganancias empresariales en el sector de los medios de comunicación.

Desde la izquierda algunos de sus principales referentes legislativos criticaron el proyecto. Así, el diputado nacional Nicolás del Caño, lanzó un duro ataque contra la propuesta y recordó que su espacio propone un financiamiento 100 % estatal de las campañas.

Demagogia, #CuadernoGate y corrupción El proyecto impulsado por macristas y peronistas busca generar la imagen de un cambio político hacia “la transparencia”. La realidad es muy pero muy distinta.

La nueva norma, de aprobarse, ampliará claramente las ventajas que hoy ya tienen los grandes partidos que responden a los intereses empresariales. Peronismo, macrismo y kirchnerismo, en diversos grados y matices, responden a intereses con sectores capitalistas.

El llamado #CuadernoGate dejó al desnudo esos vínculos de manera abierta. Mostró a los empresarios aportando por distintas vías para las campañas políticas. En su discurso, los dueños y CEO de las empresas intentaron mostrarse como “víctimas”. La realidad es “hicieron sus apuestas” a todos los candidatos. Massa, Macri o Scioli fueron depositarios de dinero y aportes en negro.

La norma que se propone está lejos de eliminar la corrupción. Si los montos para una campaña se acercan a los U$S 100 millones de dólares, los aportes que se puedan presentar en blanco serán solo una parte de ese monto. La corrupción tomará otros canales.

Contrariamente a esto, en su proyecto, el Frente de Izquierda propone que en su artículo 1° que “las campañas electorales serán financiadas en su totalidad por el Estado Nacional, quedando prohibido todo tipo de financiamiento privado, es decir toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que una persona física, ideal o jurídica efectúe a una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales”. (LID)

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