Raúl Zaffaroni: el macrismo intenta imponer el delito de opinión

Raúl Zaffaroni y su deseo de que Mauricio Macri termine su mandato antes del 2019, provocó la reacción oficialista que ha solicitado su destitución como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cambiemos quiere establecer el delito de opinión.

"Yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal", disparó el ex juez de la Corte Suprema de Justicia.

A raíz de las declaraciones brindadas, Zaffaroni, fue denunciado por "apología del delito" y el juez Ariel Lijo, ordenó a la Policía Federal allanar las oficinas de Radio Caput en busca de las grabaciones con las declaraciones del ex magistrado.

Además por intermedio del Ministro de Justicia, el Gobierno manifestó que Zaffaroni "No debiera seguir siendo juez de la Corte Interamericana". Antes de que se formalizara la solicitud, el tribunal internacional - con sede en Costa Rica - desechó de plano cualquier sanción contra su integrante argentino.

Zaffaroni se refirió en duros términos sobre el Gobierno de Mauricio Macri : "¿Qué se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si es que llegan...". Explicando sus dichos el integrante de la CIDH trazó un cuadro de la situación. "Yo simplemente me limito a advertir un riesgo que veo en el plano económico y que puede trascender al plano social. Lo que quiero es evitar el desastre, estoy advirtiendo que saquen el pie del acelerador o alguien piense cómo evitar una situación violenta", agregó.

Las palabras del exjefe de la Suprema Corte constituyen una opinión político personal y una caracterización de la situación en que se encuentra el gobierno de Cambiemos. Zaffaroni, como cualquier otro ciudadano u organización política, debería gozar del absoluto derecho a la libertad de expresión y pensamiento.

La acusación por "apología del crimen" contra el ex juez, impulsada por el oficialismo, es un gravísimo avasallamiento de un derecho democrático elemental. Busca censurar las opiniones políticas opositoras y regimentar las criticas al gobierno recurriendo al aparato judicial y policial.

Antecedentes recientes de este tipo de actitud reaccionaria lo tenemos en la detención de un joven por insultar a Macri en twiter y en el montaje persecutorio luego de las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre. En ambos casos, las publicaciones contrarias al gobierno en Facebook, eran considerados pruebas suficientes para dictar procesos contra aquellos que se habían manifestado en las calles.

El mismo gobierno que suscribe la doctrina Chocobar habilitando al gatillo fácil policial las ejecuciones sumarias, parece querer revivir también la doctrina del censor Paulino Tato, intentando prohibir aquellas opiniones que cuestionen de alguna manera al gobierno y la institucionalidad.

Los socialistas revolucionarios defendemos la libertad de expresión de la ciudadanía y en este sentido el derecho de Zaffaroni a opinar con absoluta libertad. Pero tal postura no significa que reivindiquemos la figura del ex juez ni necesariamente somos solidarios con sus declaraciones. Las mismas van línea con el kirchnerismo que mientras hace declaraciones petardistas, renuncia a la resistencia efectiva en las calles.

Zaffaroni es acosado por una casta judicial que él integro desde la dictadura de Juan Carlos Onganía, jurando por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional. El ex presidente de la Corte Suprema también fue buen acompañante de la política bonapartista del kirchnerismo que supo reforzar el carácter oligárquico de la casta judicial argentina y los mecanismos represivos del estado contra los trabajadores y el pueblo pobre, como se vio en la represión en Lear o con el Proyecto X.

Los socialistas revolucionarios defendemos el derecho de opinión de Zaffaroni y de todos los ciudadanos porque son un derecho conquistado con la lucha de la clase obrera y el pueblo pobre. Defendemos particularmente la libertad de expresión de la izquierda que reivindica el principio democrático elemental de la resistencia a la opresión proclamado por la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Gran Revolución Francesa de fines del siglo XVIII: "Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes". Derecho que fue reivindicado como propio en la historia nacional por el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918.

Reivindicamos el derecho de opinión y la libre expresión de clase trabajadora y la izquierda para fortalecer la lucha contra los planes de ajuste de un gobierno que busca someter a los trabajadores y el pueblo pobre a los abusos de los empresarios.

Evitar que se aplique el delito de opinión es enarbolar la defensa de las libertades democráticas en peligro contra una intentona reaccionaria que busca imponer los principios de una democracia policial.