¿Quién se atreve a ajustar a los de la cima de la pirámide?

La bolsa porteña festejó la ley de “solidaridad”. Jubilados que no llegan a fin de mes ni con el bono. El FMI llega en las próximas semanas ¿No se había ido? Los insolidarios de siempre.

Excepto por una leve baja por toma de ganancias durante este viernes 27, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva fue celebrada en la bolsa porteña con varias jornadas de alza en las cotizaciones de las acciones de las principales empresas. En sintonía con ese festejo, los bonos argentinos recuperaron terreno y el riesgo país retrocedió.

La euforia de los especuladores se debe a que esa ley estableció prioridades claras: todo el articulado está guiado por el espíritu de honrar la deuda odiosa que legó el macrismo al nuevo gobierno.

Esa prioridad es explícita en el artículo segundo, que establece como primer criterio de las múltiples emergencias (económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social) la sostenibilidad del pago de la deuda.

No sólo eso. El artículo 61 autoriza el uso de U$S 4.571 millones de reservas del Banco Central para pagar deuda. Son recursos que mayormente tendrán como destino las cuentas bancarias de un puñado de acreedores. Un dato lo grafica bien: la negociación de la reestructuración de la deuda se concentra en unos pocos fondos de inversión. Se trata de Pimco, Templeton y BlackRock, todos radicados en los Estados Unidos.

Estos fondos de inversión, junto con otros especuladores, ocupan la cúspide en la pirámide entre los que más ganan. Pero son intocables. De nada vale que eventualmente en la reestructuración de la deuda tengan una quita de capital o intereses.

Es que prestaron al país a tasas usurarias con las que se embolsaron por anticipado las consecuencias del desquicio que estaban provocando en las finanzas públicas. No sólo eso: cada reestructuración es una oportunidad de ganancias. Además, prestaron para habilitar las políticas que condujeron a más del 40 % de la población bajo la línea de la pobreza.

Esos U$S 4.571 millones que irán a los buitres de la deuda superan en más de seis veces lo destinado al bono (incluido el desembolso de enero) que recibían desde este viernes casi 5 millones de jubilados. Alberto Fernández erigió en un “derecho humano” la utilización de dólares para los acreedores. Salvo la izquierda, nadie en el ámbito público ha expuesto una objeción a esta desproporción entre lo mucho que reciben unos pocos y lo poco que reciben otros muchos.

Por el contrario, la discusión se centra en la dimensión de la “redistribución” de la pobreza entre jubilados que cobran la mínima y aquellos que superan los $ 19.068 y no reciben bono. Se trata de un universo de unos 6 millones de jubilados y pensionados que en un 70 % no alcanzan a cubrir la ya de por sí limitada canasta de jubilados, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad en $ 37.800 para el mes de octubre. Los 3,3 millones de titulares que reciben el bono (más 1,5 millones de pensiones no contributivas) estarán por dos meses cobrando una suma que les permite vivir sólo 15 días del mes.

En esa discusión empiezan a surgir dos certezas. Se trata de certezas condicionales porque comprenden hipótesis sobre lo que hará el gobierno en marzo y junio próximos cuando corresponde dar aumentos a los jubilados.

La primera certeza es que en 2020 los fondos totales destinados a jubilados y pensionados serán menores a lo que les correspondía a si no se hubiera confiscado la mala fórmula de movilidad que instaló el macrismo, la cual el año próximo los favorecía por primera vez. Se trata de un ahorro fiscal que es música para los oídos de los buitres y el FMI.

La segunda certeza es que los jubilados de la mínima tendrán una recuperación en términos reales de sus ingresos que será menor a la que obtendrían con la movilidad suspendida y los que cobran por encima de la mínima directamente verán retroceder su poder de compra. Para este segundo grupo de “privilegiados”, que incluye a quienes hoy perciben $ 20 o $ 25 mil, seguirá vigente la moda instalada por el macrismo: cobrar cada vez menos en términos reales.

Siempre insolidarios

Para los bancos no existe la grieta: desde 2005 hasta la actualidad obtuvieron ganancias siderales sin parar. De un total de 77 entidades, son quince los bancos nacionales y extranjeros que concentran el 84 % de los activos. En septiembre último, el total de las entidades registró ganancias récord: en ese mes su resultado positivo arrojó una cifra equivalente al salario promedio de casi 1 millón de asalariados registrados. No obstante, los bancos no deberán hacer ningún aporte particular de acuerdo a la ley de “solidaridad”.

Incluso, para hacer más atractivo el negocio, la ley derogó el moderado impuesto a la renta financiera en moneda nacional que había establecido el macrismo. El “noble” fin es desactivar la renta en dólares.

La minería y la producción de hidrocarburos (Vaca Muerta incluida) han tenido la misma suerte que los bancos. Sus sagrados negocios salen inmunes en la ley de “solidaridad”, donde lograron que las retenciones que originalmente iban a tener un tope de 12 % se establezcan en máximos del 8 %.

El modelo extractivista es reivindicado a ambos lados de la grieta: es lo que se vio en Mendoza con el radicalismo y el peronismo votando una ley para envenenar las aguas. Alberto Fernández prometió la semana pasada frente a los popes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que se estaban cambiando las leyes en la provincia cuyana y en Chubut para abrir nuevos negocios mineros. La movilización en ambas provincias está poniendo límites a los sueños de Alberto.

El macrismo dejó como herencia una monumental transferencia de ingresos desde la clase trabajadora hacia la clase empresaria. Los mecanismos fueron múltiples: varios episodios devaluatorios; bicicleta financiera; baja de impuestos; ajuste del gasto público; tarifazos en los servicios públicos; endeudamiento en beneficios de unos pocos.

El nuevo gobierno cambió el método para llegar al "déficit cero" e incluso al superávit: no solo achica el gasto, sino que también aumenta la recaudación con la suba moderada de retenciones, el 30 % de impuesto a la compra de dólares y al turismo, incremento en bienes personales. Todas las estimaciones de las consultoras indican que el mayor peso recae sobre la clase media o sectores de asalariados que buscan resguardar sus ahorros frente a la inflación, pero no sobre las empresas. No obstante, el objetivo de la mayor recaudación es el mismo: pagar la deuda.

El congelamiento de tarifas por seis meses para revaluar el esquema o la suspensión de algunas rebajas impositivas (en el impuesto a las ganancias o las contribuciones patronales) que el macrismo estableció en la reforma tributaria de 2017 no revierten la situación en tanto que la clase capitalista queda en una posición mejor que la que detentaba en 2015.

En el otro polo de las clases sociales, las trabajadoras y trabajadores se encuentran con el poder de compra destruido: el 50 % cobra menos de $ 22 mil, con lo cual le alcanza para vivir solo 12 días del mes en comparación con lo que cuesta una canasta de consumos mínimos, estimada por ATE Indec en $ 55.386. El pacto social lanzado este viernes desde la Casa Rosada pretende cristalizar esta situación. Los bonos o sumas fijas, aún no anunciados, intentarán aliviar la situación, pero no revertir la ventaja de salarios más bajos que en 2015: un logró de toda la clase empresaria.

El macrismo también dejó un acuerdo con el FMI, que en las próximas semanas desembarcará nuevamente en el Ministerio de Economía. Ese acuerdo está cuestionado por no haber pasado por el Congreso, haber permitido el uso del préstamo para financiar la fuga de capitales (contrariando los estatutos del propio organismo), pero fundamentalmente por haber establecido un programa económico agresivo sobre la mayoría trabajadora. Constituiría un desatino reclamar solidaridad al FMI. Lo que corresponde es echarlo del país.

Pero para meterse con los poderosos, con los dueños de todo, con los que están el cima de la pirámide, no alcanza con la “valentía” que se tiene para ajustar a los jubilados. (LID)