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Pueblos originarios: de la resistencia a la conquista de derechos

Los 526 años de un etnocidio prolongado corren los velos para mostrar las continuidades, muchas veces maquilladas, de los mecanismos de coloniaje latentes en las prácticas de un estado que se empeña en oprimir a todas las identidades nacionales que lo perviven.

15 de octubre de 2018| Laura “Xiwe” Santillán |

A fuerza de lucha y una resistencia tenaz, los pueblos originarios en Argentina lograron imponer al estado varias de sus demandas democráticas, logrando amplios reconocimientos jurídicos: la constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural, garantiza el respeto a su identidad, educación bilingüe e intercultural, personería jurídica de sus comunidades y posesión y propiedad de las tierras que ocuparon tradicionalmente.

El derecho a la consulta libre previa e informada cuando el Estado o privados tomen decisiones que puedan afectar sus territorios; la ley de relevamiento territorial que suspende los desalojos de comunidades registradas, etc. Una legislación “de avanzada” que sin embargo, no es garantía de que se cumpla. La situación sigue siendo apremiante para las comunidades originarias, en distinto grado y con otros métodos, la política de etnocidio continúa vigente en el 2018.

El despojo territorial histórico y su actual expresión con el modelo extractivista pulveriza las posibilidades de un desarrollo cultural libre y autónomo. Cientas de comunidades viven en condiciones de máxima precariedad, sin acceso a derechos básicos como alimentación, salud y educación. En el NOA y NEA las muertes de niños/as por desnutrición no cesan, y muchos jóvenes y sus familias se ven obligados a migrar a las ciudades y a proletarizarse, formando parte algunos de los sectores más explotados de la clase obrera por su condición étnica, como es el caso de Daniel Solano y los trabajadores golondrinas. En la cordillera patagónica, el negocio inmobiliario empuja a los mapuche a los barrios más pobres, viéndose obligados a trabajar para los mismos empresarios que se apropian de sus tierras.

Además de la pobreza y la explotación, el racismo es otra de las consecuencias de que gobiernen los intereses de las ganancias capitalistas por sobre la vida de los indígenas, con una estigmatización constante de éstos por parte de los medios y el Estado. El asesinato de Santiago Maldonado, quien se solidarizaba con la recuperación territorial de las tierras usurpadas por el terrateniente extranjero Luciano Benetton, por parte de la gendarmería, o el crimen de Rafael Nahuel a manos de la prefectura por defender el derecho a su territorio en Bariloche, son expresión de esta compleja e injusta realidad. Gobiernos de todos los tintes políticos han continuado en mayor o menor medida esta política.

Hoy lo vivimos con el gobierno de Macri, que no tiene escrúpulos para mostrar su racismo y admiración por la monarquía española, pero también lo vimos cuando Cristina Fernández, al frente del ejecutivo nacional, respaldó públicamente al gobernador de Formosa Gildo Insfran en su persecución y asesinatos a las comunidades qom, al tiempo que el avance de “el modelo” (el avance del extractivismo en todas sus formas) no podía garantizarse más que vulnerando los derechos de las comunidades, invadiendo y contaminando sus territorios, judiciadizándolos y reprimiendo sus protestas.

La política de exterminio fue cambiando sus formas y métodos y se muestra más o menos veladamente. Pero podemos hablar de una clara continuidad entre la política de dominación de los pueblos ancestrales en el siglo XIX y hoy: es la voluntad de un puñado de empresarios de obtener ganancias avanzando sobre sus territorios y conformando un Estado con una identidad nacional y territorial única.

El Estado argentino, continuando lo realizado por los conquistadores españoles, se conformó y consolidó sometiendo y aniquilando a los pueblos originarios que habitaban el territorio ancestralmente, como en la llamada “conquista del desierto” en la Patagonia pero también en el norte del país.

Bajo el sistema capitalista los originarios son explotados económicamente, sus territorios son saqueados y apropiados para los negocios de la megaminería, las petroleras, el fracking, la soja, la especulación inmobiliaria y el turismo. El Estado, lejos de garantizar los derechos que él mismo proclama, cumple el rol de garantizar, si es necesario con represión y asesinatos, este orden de cosas. La lucha de los pueblos originarios por sus derechos tiene que enfrentar cotidianamente a las empresas nacionales y multinacionales de países imperialistas, a terratenientes y al estado que garantiza la apropiación, el saqueo y la contaminación de sus territorios y los recursos naturales.

Es por esto que las demandas nacionales de los pueblos originarios no pueden ser resueltas íntegramente en el marco del Estado burgués ni de las “reformas democráticas” como sostienen algunos sectores, ya que entran en abierta contradicción con los intereses de la clase a la que representan.

La opresión y discriminación y el racismo no se eliminarán mientras no se eliminen las relaciones de explotación capitalista y se rompa con el imperialismo, es decir, mientras no se ataquen las bases materiales del capitalismo sobre las que se sostienen.

Los pueblos originarios poseen un enorme potencial estratégico en alianza con la clase trabajadora, de la que forman parte en gran medida y con quienes comparten las penurias de una explotación a la vez que la lucha contra un estado que por definición oprime y explota a las grandes mayorías.

Es esta alianza la que permitiría avanzar allí donde las variantes burguesas, reformistas y autonomistas se detienen: sobre la propiedad privada de la tierra. Sólo la conquista de un gobierno de los trabajadores que levante en sus brazos las demandas de todos los oprimidos permitirá este paso.

Solamente sobre la base de esta alianza será posible expropiar a los expropiadores; expropiar al puñado de terratenientes que concentran en sus puños la mayoría de la superficie cultivable del país y de la renta que de ella se desprende. Sobre la expropiación que permita una gran reforma agraria se conquistará también el reconocimiento histórico y el pleno derecho al territorio ancestral de los pueblos originarios junto al derecho a definir las propias prácticas políticas, sociales y culturales; sólo así es posible una verdadera autodeterminación. (LID)

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