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Presupuesto 2019: más de la mitad del ajuste será para pagar intereses de la deuda

El proyecto que presentó Dujovne establece un ajuste de $ 358.039 millones en el resultado fiscal primario. De ese “ahorro” casi $ 200.000 millones se destinarán a los especuladores. Se habilita la reestructuración. ¿Quita o no pago de la deuda?

19 de septiembre de 2018| Mónica Arancibia |

El Presupuesto 2019

confirma un fuerte ajuste del gasto como ya había adelantado el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con el “déficit cero” para el año próximo junto a otras medidas luego de la megadevaluación. Es la condición del FMI para renegociar un nuevo acuerdo para adelantar los fondos para 2019.

El proyecto también habilita al Poder Ejecutivo para reestructurar la deuda “atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero”. ¿Hay reestructuraciones buenas? ¿Se trata de satisfacer por completo a los buitres o de lograr algún tipo de negociación con ellos como defiende el kirchnerismo? El no pago de la deuda se vuelve una medida central ante el saqueo.

Sin “déficit cero” para los especuladores

Mientras hay anémicas partidas para educación, salud, ciencia y técnica, no hay “déficit cero” para los especuladores. El presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) contempla una reducción del 2018 al 2019 de $ 358.039 millones del resultado fiscal primario. El Gobierno pretende mostrar el “ahorro” como un logro, pero es sólo una foto del verdadero gasto.

En intereses de la deuda se pasará de pagar $ 397.960 millones en 2018 a $ 593.016 millones en 2019, un aumento del 49 % ($ 195.056 millones más). Esto significa que el 54 % del ajuste se destinará a pagar intereses de deuda. Si se consideran estos desembolsos, el rojo financiero de la APN en 2019 alcanzará los $ 600.286 millones.

La deuda no para

En el Presupuesto el Gobierno admitió que por la escalada del dólar aumentó el endeudamiento del sector público. Así el stock de deuda pública a fin de 2018 representará un 87 % del PBI.

El Mensaje al proyecto de Presupuesto 2019 señaló “estimamos que para diciembre de 2018 el stock de deuda pública será de USD 315.698 millones, lo que si bien implica una caída de USD 5.237 millones frente al mismo período de 2017, medida en porcentaje del PBI proyectamos un incremento de 29,9 puntos (de 57,1 % a 87,0 % del PBI), mientras que para la deuda neta proyectamos un aumento de 22,6 puntos (de 29,4 % a 52,0 %)”.

En la Carta de Intención que el Gobierno envió el FMI se proyectaba que la deuda pública podría aumentar este año del 57,1 % al 64,5 % del PBI, con un techo de 68,6 % del PBI, si el escenario era malo. El avance de la crisis agudizó los desequilibrios económicos y dinamitó el pasado acuerdo con el organismo. En la proyección de la deuda también “pasaron cosas” y se elevó al 87 %.

¿Reestructuración de la deuda o no pago?

El proyecto de Presupuesto también reconoce que se puede recurrir a reestructuraciones de deuda e introduce un cambio en su regulación que habilitaría al Poder Ejecutivo a llevarlas adelante.

El art. 75, inc. 7 de la Constitución Nacional establece que el Congreso Nacional ordena el pago de la deuda. Sin embargo, el art. 65 de la Ley de Administración Financiera (ley 24.156) establece que “el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Según advirtió un comunicado de Cepa, esto significa que el Congreso hace una excepción al principio general que establece la Constitución Nacional en los casos de reestructuraciones de deuda, facultando a que sea el Poder Ejecutivo el que lleve a cabo una reestructuración de deuda pública.

Pero el proyecto de ley del Presupuesto 2019 presentado por Cambiemos, en el artículo 53 cambia el artículo 65 por el siguiente texto “Artículo 65.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los Artículos 62 y 64, mediante su consolidación, conversión o renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero…”. Se podría decir que van a satisfacer todos los pedidos de los especuladores.

Desde la asunción de Cambiemos el endeudamiento creció a un ritmo exponencial. No es casual que ya se estén preparando para una posible reestructuración como lo sugirió también para Argentina el premio nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

Sin embargo, por qué se discute si hay que reestructurar con “quita” o “extender plazos” como si hubiese una “reestructuración buena” y no se pone en debate atacar el problema de fondo que es la sangría que representa la deuda.

Ni el pago a los “buitres buenos” durante kirchnerismo, ni la negociación del macrismo entregando todo a los “buitres malos” evitó el desfalco de dólares.

Durante la década pasada Néstor Kirchner y Roberto Lavagna negociaron el canje de la deuda en 2005, donde la quita implicó ganancias de hasta 300 % para los “buitres buenos” que aceptaron ese acuerdo. Se recuerda que muchos de los tenedores de bonos compraron esos papeles durante la crisis cuando no costaban nada. También, se los premió con un plus por inflación y crecimiento económico. Según estimaciones, los bonistas recuperaron por los pagos extras las quitas que se realizaron.

Los canjes de 2005 y 2010 fueron un gran negocio para los “buitres buenos”algunos de ellos fueron George Soros, David Martínez (accionista de Telecom, Personal, Arnet y socio del Grupo Clarín en Cablevisión) y Kyle Bass (que hizo grandes ganancias por especular con hipotecas en Estados Unidos).

También en esos canjes hubo cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York. Eso habilitó a los fondos buitres, que no ingresaron al acuerdo a reclamar a los tribunales de Nueva York y así lograron un fallo favorable del juez Thomas Griesa.

Cristina incluso reconocía que eran “pagadores seriales”, y durante los dos Gobierno se pagaron U$S 200.000 millones de deuda pública, pero la misma siguió en ascenso. La deuda pública era de U$S 145.000 millones cuando asumió Néstor y pasó a U$S 223.000 millones cuando terminó el mandato Cristina.

El macrismo aceleró el endeudamiento y le pagó a los fondos buitres que no ingresaron a los canjes U$S 9.300 millones y los dólares continuaron saliendo sin frenos. El desesperado llamado al FMI para obtener financiamiento ya implicó un fuerte ajuste como ya se observa en el Presupuesto para el año próximo.

Hay un nuevo saqueo en curso y las consecuencias como ya sucedió en este país las pagará el pueblo trabajador. Por eso no se trata de obtener una “quita” de la deuda o pagar en “cuotas”.

Para enfrentar el ajuste la salida es el no pago de la deuda a los especuladores, junto a una serie de medidas para evitar la sangría de dólares. Estos recursos permitirían aumentar los presupuestos de vivienda, salud y educación que hoy se recortan para garantizar los pagos de intereses.

Hay que rechazar otro presupuesto de ajuste que el Gobierno junto a la oposición patronal negocian aprobar a pedido del FMI.

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