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Para Bullrich “es razonable” que las fuerzas represivas disparen sin dar la voz de alto

La ministra de Seguridad defendió a capa y espada la nueva reglamentación que legaliza el gatillo fácil. Cuando lo "razonable" para el Gobierno constituye una política criminal para la población.

4 de diciembre| Celeste Vazquez |

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió en la mañana de este martes en diálogo con Ernesto Tenembaum (Radio con Vos) la nueva reglamentación en materia de seguridad (publicada en el Boletín Oficial como la resolución 956/2018) que habilita el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales sin necesidad de dar la voz de alto. Habilitación que no es otra cosa que la legalización de una terrible práctica que se llevó la vida de 5.462 personas (desde 1983 a 2017), sobre todo jóvenes y pobres, que es el gatillo fácil.

Bullrich defendió a capa y espada los componentes claves de esta nueva reglamentación:

Que miembros de las fuerzas represivas puedan disparar sin dar la voz de alto Que sean los propios efectivos quienes evalúen actuar de esta manera. Que esta reglamentación le dé la tranquilidad a los efectivos policiales de poder asesinar sin consecuencias, es decir sin tener que afrontar ningún proceso judicial. “ La regla general es que las fuerzas de seguridad siempre tienen que dar la voz de alto estando o no uniformado”, dijo la ministra. Pero claro, siempre tiene que haber una excepción. Y eso es lo altamente cuestionable en este caso. Y aquí es donde lo que es “razonable” para Bullrich y el Gobierno nacional termina siendo criminal para el resto de la población que sufrirá sus consecuencias. “La excepción es cuando dar la voz de alto signifique que el mismo policía quede en inferioridad de condiciones. Me parece razonable”. O sea, la excepción se convertirá en regla.

Bullrich siguió. Para ella, es “razonable” que sea el mismo policía el que debe “evaluar la situación en el mismo momento” y darse cuenta si hay "peligro inminente" como para disparar. Y además agregó que uno de los objetivos de esta nueva reglamentación es sacarle la presión a los miembros de las fuerzas represivas de “pensar que lo van a meter preso”. Un reconocimiento explícito de que lo que busca el oficialismo es impunidad para los efectivos asesinos.

Estos tres componentes letales legalizan el gatillo fácil que, como demuestran los números, es una práctica que se ha extendido a todos los gobiernos desde la reapertura democrática a esta parte.

Según el último informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde la asunción de Cambiemos a diciembre de 2017, hubo 725 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad y penitenciarias. Un muerto cada 23 horas. Desde 1983 a la actualidad suman 5.462.

Este año uno de los casos más conocidos, y a partir del cual el gobierno enarboló su nueva doctrina, (que ahora transforma en reglamentación), fue el asesinato del joven Pablo Kukoc a manos del policía Luis Chocobar.

Pero años antes otro caso de un joven también conmoció. A fines de enero de 2009 (durante el primer mandato de Cristina Kirchner) desparecía Luciano Arruga, que tenía apenas 16 años, en un barrio pobre y humilde de Lomas del Mirador. Luciano fue secuestrado por la Policía Bonaerense y estuvo desaparecido durante 5 años y ocho meses.

Vale aclarar que el aumento en cuestión de política represiva surge en el marco del terrible ajuste que lleva adelante Cambiemos, con la complicidad del peronismo en sus distintas variantes, y a pedido del FMI. Ajuste que traerá como consecuencia el aumento de la crisis social y de los padecimientos de amplios sectores de la población.

Apenas se conoció la resolución comenzaron a crecer las declaraciones de repudio a la iniciativa oficial. (LID)

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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