La semana próxima, cuando se reanude la actividad judicial habitual, la Justicia reactivará la causa sobre las empresas offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri.
Cuando se reanude la actividad judicial habitual, la Justicia reactivará la causa sobre las empresas offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri a partir de la investigación de los Panama Papers, y pondrá el foco en distintas inconsistencias reveladas por un informe de la Procelac. Tras ello, se solicitarán diversas medidas de prueba.
La causa que es llevada adelante por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado incorporó días atrás un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que concluye que las declaraciones juradas patrimoniales de Macri en el período 2014 ante la Oficina Anticorrupción y ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan, "en algunos ítems, conceptos y valores diferentes".
El informe había sido remitido a la justicia penal ordinaria, aunque ahora también fue incorporado al expediente por supuesta omisión maliciosa en la declaración jurada de bienes que tramita ante Casanello.
Macri presentó en junio de 2015 su declaración jurada correspondiente al año anterior, que se combinó dos meses después con la que entregó a la Oficina Anticorrupción. Los, valores difieren considerablemente. En la primera de ellas el patrimonio informado alcanzaba $ 68 millones, mientras que el mismo se reducía a $ 52 millones en la segunda.
Ahora, la Justicia pedirá informes sobre una cuenta en Suiza. Según consta en la declaración que hizo Macri ante la Oficina Anticorrupción, una cuenta bancaria en ese alcanzaría los 7.585.338,72. Sin embargo, esa misma declaración no figura en la declaración jurada de CABA, según el informe de la Procelac.
Otra inconsistencia se ve en el hecho de que en su informe de CABA Macri explicitó "acciones del país" por $ 27,5 millones y otros $ 5700 por "acciones del exterior", pero ante la Oficina Anticorrupción fijó esos valores en 13 centavos y $ 48.171, respectivamente.
Según había señalado el presidente semanas atrás, estas diferencias se debían a los distintos sistemas de carga informática que utilizan la Oficina Anticorrupción y el organismo de la Ciudad, algo que ahora deberá analizar la justicia.
Con los nuevos pasos de la investigación, habrá entonces un nuevo capítulo de este escándalo que afecta la credibilidad presidencial, que se combina con el fuerte malestar social por las políticas de ajuste económico.
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