Ostracismo

Uno podría, en las eventualidades de la vida, aparecer como un desvergonzado pesimista al que todo le cae mal. En los parámetros sociales, esa posibilidad es tan cierta como cualquier pronóstico humano: falible, perfectible, mejorable. Es decir, siempre hay algo que observarle al huevo de las aves. Sobre todo, si tiene pelo.

Pero no es el caso de los últimos gobiernos que tuvo Salta, si uno abarca la docena de años de Juan Carlos Romero, con el acompañamiento entusiasmado del joven Juan Manuel Urtubey, y la posta con la que este último arremetió estos nueve meses de chirle panorama ya como gobernador y no como mero "escort" de la política.

Por el contrario, fueron períodos tan decepcionantes que cualquier atisbo de desencajado pesimismo analítico, era un bálsamo de optimismo frente a la propia realidad que exhibía la impudicia del primero y expone hoy la desfachatez anémica del segundo.

Ambos y espeluznantes mandatarios despertaron y mantuvieron una ley absurda, amparada por el vicio de los decretos y resoluciones que finiquitan la paciencia social, estableciendo un singular castigo a los docentes que rompen los esquemas de "conducta" establecidos en una ética que sólo conocía el papá de Urtubey cuando era Fiscal de Estado. Esa ética le servía a Romero para despedir maestros contestatarios y/o de perfiles rebeldes.

Esa sanción, devenida de la Ley 6.829, le permite al Ministerio de Educación "trasladar por el buen gobierno escolar" a cualquier educador que pueda tener un comportamiento conflictivo con sus pares, directores, alumnos e, inclusive, con el resto de la sociedad que se relacione con ese núcleo educativo que algunos funcionarios aún llaman, sin ponerse colorados, "escuela".

En principio, pareciera una medida punitoria de índole casi ordinaria, por lo común. Pero resulta que el Ministerio la utiliza para desactivar, precisamente, la efectividad de los rompepelotas maestros que no dudan en hacerse cargo hasta de los reclamos sociales y de las injusticias institucionales que exceden, con la simpleza de la perversión romeriano-urtubeycista, cualquier horizonte que uno pueda imaginarse. La última fantochada del tal Mazzone contra la maestra Castro es una clara muestra de ello. ¿Cómo no putear a todo pulmón a todos y cada uno de los prepotentes y autoritarios en aquel y en este gobierno, incluyendo a los mismos mandamases?

La revancha del poder llega a los docentes en la forma del traslado, no de un establecimiento a otro en el espacio que le es vital al trabajador por el asentamiento de su vivienda y hogar, sino del ostracismo a un territorio que le es ajeno a ese maestro y a toda su familia. Todo ello, mientras "se sustancia el correspondiente sumario" que la burocracia desvergonzada ha montado para que los gobernantes crean que hacen algo.

Así, en aras de la paz, un docente es puesto, virtualmente, a "disposición del Poder Ejecutivo" y eyectado desde su casa o sus afectos en Nazareno, a una escuela en Los Toldos en cuestión de días, cosa que ni los hijos puedan acompañar al desterrado. O de Iruya a Santa Victoria sin tocar tronera, dejando atrás los aires de la milonga "Pa’l que se va", de Alfredo Zitarrosa, como despedida lamentable.

Esta especie de purga dictatorial que semeja una curtiembre semisoviética y estalinista para díscolos, se aplica en el "generoso cambio" de la gestión de Urtubey, "haciendo realidad la esperanza" de que la docencia no vuelva a insuflarle aires de verano caliente al ciclo lectivo que el gobernador se esmeró en gambetear gracias a la irresponsabilidad de dirigentes sindicales con la cabeza contra el suelo y el culo en punta.

El ostracismo es esto, ni más ni menos. Un destierro que afecta no sólo al desterrado, al agónico de tierra y espacio, sino a su familia que, o queda desamparada del núcleo afectivo o acompaña al exiliado a padecer una ignominia legalizada. Además, también repercute en quién es el maestro interino que deberá abandonar el cargo que comenzará a ocupar el "trasladado", titularizado para la demencia del castigo.

El interino tendrá que aguardar, otra vez, a que el hambre le achique las expectativas de vida mientras su colega será recibido con el entrecejo de la desconfianza de sus nuevos colegas, advertidos del espíritu "quilombero" del recién llegado. Comenzar de nuevo, ya con las fuerzas necesariamente menguadas que es el objetivo final del castigo de la Siberia urtubeycista, hacia quiénes más han cuestionado las gestiones de su ex jefe y hacedor, Juan Carlos Romero, y las propias.

La figura del la Ley 6.829, "traslado por el buen gobierno escolar", le permite al gobierno utilizar la punición como herramienta revanchista (de hecho, lo es) que permite el destierro (en sentido literal), y reconstruye un acto discriminatorio que viola preceptos constitucionales como "la igualdad ante la ley" ya que ningún otro agente de la administración pública, frente a situaciones de "inquietud" institucional, es trasladado a otros puntos de la provincia mientras se sustancia el sumario. Es la configuración del maltrato institucionalizado o, lo que antes se denominaba "muerte civil", como el peldaño más grave antes de la pena de muerte. La cima de las dictaduras.

El traslado es una norma que, en cualquier lugar del mundo, sólo se aplica a fuerzas militares o de seguridad porque forman parte de su esencia, de su dinámica. No se entendería la función de la Gendarmería sin esa capacidad de movilidad que, de todos modos, es bianual y compensada.

Equiparar de este modo y discriminar del otro, es típico de la torpeza del actual gobierno, heredero, ya sin dudas, del romeriato que se irguió con las armas del ostracismo y de la represión.

Siempre habrá algo qué decir de estos innobles que tienen la mala costumbre de insistir en la permanencia, en la perennidad del error, meros aplicadores de normas deslegitimadas por el origen y por su trascendencia antidemocrática. Por eso lo del pesimista, siempre encontrándole manchitas al huevo de las aves. Y a los huevones…