Nueva ley previsional: los jubilados y AUH perderán frente a la inflación en 2018

Con los aumentos previstos para junio y septiembre, las jubilaciones habrían crecido en noviembre un 19,2 % acumulado, mientras que la inflación será superior al 25 %.

El mensaje de la nueva ley previsional, aprobada en diciembre pasado a contramano de la voluntad popular, indicaba que la nueva fórmula para establecer el ajuste automático de los haberes se proponía "preservar el poder adquisitivo de los jubilados".

Pero ya es sabido que en junio la movilidad previsional será de 5,69 % y en septiembre será de 6,68 %. Sumado al incremento de marzo pasado en que las jubilaciones se incrementaron un 5,71 %, hacia fin de año ya está confirmado que los incrementos totales sumarán 19,2 % en noviembre.

Sin embargo, al ritmo actual de inflación, que en los últimos meses alcanzó un promedio de 2,48 % mensual, hacia ese mes la suba de precios acumulará un 30 % de incremento, mientras que con un escenario de precios un poco más moderado (2 % mensual), la inflación será de 26 % acumulada en noviembre.

Esto significa que la diferencia entre la evolución de las jubilaciones y la inflación rondará entre 5,3 y 8,4 puntos porcentuales, que solo se revertiría parcialmente en diciembre, habiendo dejado un acumulado de pérdidas de poder adquisitivo todos los meses para los perceptores de jubilaciones, pensiones y todo tipo de prestaciones como Asignaciones Familiares, AUH, seguros por desempleo y otras pensiones no contributivas.

En diciembre de este año debería impactar el último aumento de la movilidad, del cual todavía no hay estadísticas suficientes como para establecer su valor exacto. Sin embargo, puede estimarse que en un escenario "optimista" en el que los salarios crecieran en el segundo trimestre del año al mismo ritmo que la inflación, la movilidad que impactará en diciembre daría como resultado un incremento acumulado anual de las jubilaciones de 4 puntos por debajo de la inflación.

La fórmula de movilidad de la nueva ley previsional establece que el incremento está dado trimestralmente en función a la evolución de la inflación (el Indicie de Precios al Consumidor del Indec) en una proporción de 70 %, y la evolución de los salarios (utilizando un índice salarial promedio de los trabajadores estables denominado RIPTE), en una proporción de 30 %.

Pero estos índices de precios y salarios no son los actualmente vigentes, sino los efectivos 6 meses antes del aumento en las jubilaciones. Y en un contexto inflacionario como el actual, sumado al retraso en los salarios, también los jubilados pierden ingresos reales.

La perdida acumulada de capacidad adquisitivo para un jubilado que gana la mínima (hoy en $ 7.660) equivale aproximadamente a un tercio de un ingreso mensual, o casi $ 2.000 anuales. Ese es el valor de las privaciones en alimentos y necesidades básicas que tendrá uno de los 4,5 millones de jubilados que cobran la jubilación mínima (la mayoría son mujeres), muy por debajo de la canasta de jubilados estimada en $ 19.290,30 en marzo de 2018 (de acuerdo a la Defensoría de la Tercera Edad).

De manera que se confirma que los argumentos del gobierno para sostener las "ventajas" de ley previsional son falaces. Nada más ajeno a la realidad, el verdadero objetivo de la ley consensuada con los gobernadores fue recortar el gasto estatal en torno a los $ 100.000 millones anuales para reducir impuestos a las patronales y continuar pagando la deuda externa. Pero además, como se comprueba, recortará también el gasto en términos reales, lo cual implica concretamente un fuerte ajuste sobre los bolsillos de los jubilados.

¿Qué pasa si no pagamos la deuda?
Los U$S 55.000 millones de deuda que Macri pagó por año en promedio entre 2016 y 2017, entre capital e intereses, equivalen a incrementar un 125 % el gasto anual del Estado en jubilaciones y pensiones.

Así también, sólo con la mitad de esos U$S 55.000 millones pagados al capital financiero imperialista se podrían elevar las 4,5 millones de jubilaciones y pensiones que hoy están en la mínima hacia un haber equivalente a la Canasta de Jubilados, es decir, a un consumo mínimo necesario para obtener aquellos bienes para vivir.

Esto evidencia que la necesidad de ajustar sobre los trabajadores, los jubilados y los niños que acusa el gobierno es en realidad un engaño. La única necesidad real es la que sufren estos sectores por la pérdida permanente de poder adquisitivo. Dejar de pagar la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta es una exigencia fundamental en defensa propia del pueblo trabajador, que liberaría recursos para mejorar las condiciones de vida, de infraestructura y de capacidad productiva de toda la economía.