Noventismo exprés: por decreto, el Gobierno avanza en privatizaciones en sector energético

Mediante el Decreto 882/2017, firmado por Macri, Marcos Peña y Aranguren, se habilita la vía para la venta de acciones en manos del Estado y las concesiones a privados.

A tono con el paquete de medidas de tinte noventista lanzada por el oficialismo nacional en los últimos días, hoy se conoció un decreto del Ministerio de Energía que permite empezar a avanzar en una política privatista en el área de energía.

El decreto, que lleva las firmas del presidente Macri, del jefe Gabinete Marcos Peña y del ministro del sector, Juan José Aranguren, sienta las bases para la venta de acciones en manos del Estado. Al mismo tiempo habilita condiciones para la concesión de determinados emprendimientos a privados. Junto a esto, el decreto también modifica los nombres de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que pasan a denominarse como lo hacían originalmente: Condor Cliff y La Barrancosa.

Entre los fundamentos se señala que “con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública relacionada con actividades del sector de la energía, limitando la participación del Estado a aquéllas obras y servicios que no puedan ser asumidos adecuadamente por el sector privado, se estima necesario efectuar las adecuaciones pertinentes respecto de las sociedades de capital estatal que desarrollan actividades del sector energético”.

En su primer artículo establece la fusión en una sola empresa de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad ANÓNIMA (EBISA). La primera absorbe a la segunda y pasa a denominarse Integración Energética Argentina S.A.

El decreto señala asimismo que “la actividad de transporte de energía eléctrica es mayoritariamente desarrollada por empresas privadas que cuentan con los recursos necesarios para garantizar una correcta operación y funcionamiento de las instalaciones, por lo que el involucramiento del Estado Nacional o ENARSA en carácter de accionistas de empresas dedicadas a dicha actividad no resulta necesario para garantizar la prestación del servicio”.

La decisión se fundamente, además, a partir de otro decreto, el 134/2015 que declaró la Emergencia del Sector Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017. Hay que recordar que esa normativa fue la utilizada para justificar los tarifazos posteriores que alcanzaron aumentos de hasta 2000 % antes de que se disparara una crisis política que obligó al oficialismo a un freno.

La normativa también señala "resulta conveniente propiciar la participación de terceros capaces de asumir actividades de generación y transporte en los proyectos energéticos antes mencionados, mientras el Estado Nacional asigna sus recursos a aquéllas que hacen al cumplimiento del cometido público estatal”.

El decreto, en el Artículo 8°, instruye al Ministerio de Energía y Minería “a impulsar las medidas necesarias para proceder a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia, según corresponda, de:
a. las participaciones accionarias de titularidad del Estado Nacional asignadas al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA en las siguientes sociedades:
i. CENTRAL DIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA
ii. CENTRAL TÉRMICA GÜEMES SOCIEDAD ANÓNIMA
iii. CENTRAL PUERTO SOCIEDAD ANÓNIMA
iv. CENTRALES TÉRMICAS PATAGÓNICAS SOCIEDAD ANÓNIMA
v. EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA)
vi. DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA
b. los derechos que correspondan al Estado Nacional en relación con las siguientes centrales de generación eléctrica, las sociedades de igual nombre y los fideicomisos relacionados:
i. Termoeléctrica Manuel Belgrano
ii. Termoeléctrica José de San Martín (Central Timbúes).
iii. Termoeléctrica Vuelta de Obligado
iv. Termoeléctrica Guillermo Brown”.

Junto a ello, autoriza a la cartera que dirige Aranguren a “efectuar las contrataciones respectivas con organismos internacionales, personas jurídicas privadas o consultores, nacionales o extranjeros, de reconocido prestigio en la materia, a los efectos de asesorar en el proceso de venta y cesiones previstas en el presente decreto y/o realizar valuaciones adicionales”.

El conjunto del decreto apunta a dar pasos en la privatización de amplios sectores de la producción energética. Una política destinada a reducir el gasto público al mismo tiempo que se intenta bajar el deficit fiscal.

Sin embargo, si hay algo que la realidad demuestra es que la privatización de las empresas de energía terminó en un vaciamiento y desinversión que termina perjudicando a millones de usuarios.

Ni con las tarifas "planchadas" del ciclo kirchnerista ni con los tarifazos del macrismo, las privatizadas brindan un servicio aceptable. Resulta lógico que así sea. El capital privado busca su propia ganancia y nada más. (LID)