Malvinas: los chicos murieron, los jefes los torturaron

Las Malvinas fueron un campo de batalla no sólo contra el imperialismo inglés. En las islas se libraba una batalla interna también en condiciones de extrema desigualdad. Soldados con escaso entrenamiento y alimentación aún más escasa, sin abrigo ni calzado acorde al frío feroz, armamento obsoleto, luchaban también por sobrevivir a las condiciones que impusieron sus cobardes e irresponsables jefes.

La dictadura genocida replicaba en las islas los métodos empleados en el continente: la tortura y el encierro como disciplinadores. Los que se rindieron ante el imperialismo sin tirar un solo tiro como Alfredo Astiz, y que después pretendieron llamarse “héroes”, se jactaban de haberse hecho del poder y llevar adelante, durante seis años, un genocidio contra los trabajadores y el pueblo.

Las denuncias de los soldados dan cuenta de aberrantes métodos de tortura por parte de los oficiales, de muertes por congelamiento y por hambre. La oficialidad, en cambio, comía y bebía como si a su alrededor nada estuviese ocurriendo.

Mucho tiempo pasó luego de la guerra para que esto se hiciera público. Las Fuerzas Armadas hicieron correr el pánico para que nadie hablara. Así se entiende la tasa de suicidios entre los excombatientes. Si bien el Estado no tiene estadísticas los excombatientes calculan que alrededor de 350 se quitaron la vida.

En 2007 se empezaron a presentar denuncias de torturas en una causa que se sigue en Río Grande, Tierra del Fuego, y que llegó a reunir cerca de 120 casos en los que se imputó a 70 oficiales y suboficiales.

La mayoría de esos testimonios relatan escalofriantes tormentos. Sufrieron congelamiento de los pies por la humedad y el frío del terreno, desnutrición, estaqueamiento, enterramiento en fosas y otros tipos de castigos físicos por haber dejado sus puestos para salir en busca de la comida que escaseaba entre los soldados.

Silvio Katz, uno de los conscriptos que realizó las denuncias, apuntó directamente contra su oficial Flores Ardoino. En una entrevista a Página/12 de abril de 2012 relató que a él y otros soldados Ardoino les “sacó lo que habíamos comprado para todos y nos estaqueó. Era como Túpac Amaru sin caballos. Ponen cuatro estacas en el suelo y te ponen con los brazos y las piernas estiradas a diez centímetros del suelo. Veinte grados bajo cero y vos con calzoncillos y una remera de manga corta. Y te dejan horas. A mi compañero, porque era ‘rebelde’, le puso una granada en la boca que si llegaba a escupirla volábamos los dos. Y a mí, por ser judío, me hizo orinar por mis compañeros”.

El subteniente Gustavo Malacalza del Regimiento 12 fue acusado de haber estaqueado a tres conscriptos por haber abandonado sus puestos para ir en busca de comida y revelar sus posiciones con armas de fuego. Oscar Núñez, también excombatiente, relató a varios medios que él y dos compañeros estaban carneando una oveja cuando fueron descubiertos por Malacalza, quien junto a otros militares “empezaron a patearnos y pisotearnos, finalmente llegó el estaqueo”.

“A veces matábamos una oveja; teníamos que comer la carne cruda, con la sangre que nos manchaba la cara… El hambre te hace hacer cosas que nunca pensás que podes llegar a hacer. El hambre es algo terrible”, relató el tucumano Carlos Quirós, también excomabtiente, a La Gaceta en 2013.

Desclasificación de los archivos

Luego de 33 años de lucha y de denuncias, en 2015 el Estado desclasificó los archivos y se entregaron 700 actas de las Fuerzas Armadas a la Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas. Muchos de esos testimonios son las “actas de recepción” que los soldados tuvieron que completar al llegar al continente una vez terminada la guerra. Allí relatan los tratos ultrajantes a los que fueron sometidos y el estado de salud en el que se encuentran.

Esa documentación fue presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, querellante en la causa, como prueba en los tribunales de Tierra del Fuego.

Ernesto Alonso, integrante del Cecim, solicitó en ese momento que sean indagados cerca de doce militares, pero hasta ahora la Justicia continúa desoyendo el pedido. Alonso señaló entonces a la agencia Infojus que “a esta altura existe una clara responsabilidad del Poder Judicial. La causa va a cumplir diez años en 2017. Las pruebas sobran y son oficiales. No puede ser que uno de los militares imputados haya fallecido antes de ser indagado. Hablamos ya de una impunidad judicial y biológica”.

La (in)justicia es una más de las torturas

Esta dura batalla judicial se da contra la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en mayo de 2015 decidió dar por clausurado el tema y rechazó el último pedido presentado por excombatientes para que las torturas y tratos humillantes sufridos en Malvinas sean considerados crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles.

Frente a este blindaje judicial, desde el Cecim señalaron en ese momento que se quería “imponer lo que no pudieron hacer los militares durante la dictadura, que es silenciarnos”. Y agregó que el Cecim tiene “más de 125 denuncias y no vamos a dejar que queden impunes”.

Los excombatientes apelaron este fallo de la Corte ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), planteando una denegación de justicia por parte del Estado argentino. A partir de estos documentos se puede plantear una pelea más fuerte para que de una vez por todas se considere el carácter “imprescriptible” de estas vejaciones sufridas por los soldados en Malvinas a manos de los mismos que el continente torturaban, secuestraban y asesinaban.

Los caídos en Malvinas que aún no fueron identificados

En la Guerra de las Malvinas murieron 649 soldados argentinos. En el cementerio de Darwin están enterrados 237 de ellos, de los cuales se desconoce la identidad de 123. La lucha por recuperar la identidad de los caídos enterrados como NN, que lleva años, recién a fines de 2011 encontró algunas respuestas favorables, cuando excombatientes y familiares de los caídos presentaron un recurso de amparo ante la Justicia para que ordene su identificación.

A fines del año pasado Argentina y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo para formar un equipo forense que identifique el ADN de los soldados enterrados. Por su parte excombatientes de Malvinas, familiares de los soldados caídos en combate, junto a organismos de derechos humanos decidieron lanzar, también a fines del año pasado, una campaña para impulsar la identificación de esos 123 soldados enterrados como NN.

En este marco a mediados de marzo de este año viajó a las islas una delegación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), integrada por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, el excombatiente Alonso y el sacerdote José María Di Paola, entre otros. El viaje tuvo como objetivo reclamar por la “identificación de los 123 NN. Memoria, verdad, justicia y soberanía”, pero también denunciar la violación a los derechos humanos que sufrieron los soldados por parte de los militares argentinos.

La visita de los integrantes de organismos de derechos humanos, y en particular las declaraciones de Pérez Esquivel, que reclamó por la necesidad urgente de identificar a los enterrados como NN, fue repudiada por un grupo de familiares de excombatientes a través de un comunicado donde negaron que hubieran NN, e indicaron que “no podemos permitir que el odio y el resentimiento, producto de las luchas fratricidas que asolaron a nuestra comunidad, se ensañen con la honra a nuestros seres queridos, que entregaron sus vidas por una causa justa, avalada por la inmensa mayoría del pueblo argentino”.

Y acusaron a la delegación convertir a quienes cayeron peleando contra las fuerzas armadas británicas en “víctimas” de la última dictadura militar. “No son NN, son héroes de la patria”, gritaban.

Quienes dicen esto pertenecen a una comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, diseñada por la dictadura a fines de la guerra, para contener los reclamos de los soldados y familiares. Desde que la Justicia falló a favor del derecho a la verdad que reclaman excombatientes y familiares de los caídos, está comisión se puso más activa para impedir que avance la identificación de los NN. Les preocupa que los forenses no sólo identifiquen los cuerpos, sino que se conozca las causas de la muerte.

Como ya informó este diario, esta “comisión” fue creada por Héctor Cisneros, un exmiembro del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército y hermano de un militar caído. Cisneros y otras personas fueron designadas en los 90 por el Gobierno de Menem como “administradores” del cementerio de Darwin.

A 35 años de la guerra de Malvinas, el reclamo de juicio y castigo a los cobardes que capitularon ante las tropas inglesas y torturaron a los soldados argentinos, junto al reclamo por identificar a los 123 soldados enterrado como NN, sigue más vigente que nunca.