Los primeros indultos de Menem

El 7 de octubre de 1989, a tres meses de asumir el nuevo gobierno, Menem decreta los primeros indultos. Los beneficiados fueron los que estaban procesados, a los que las leyes de Punto Final y Obediencia de Debida, no había evitado que fueran juzgados.

¿Por qué Menem se apuró a sacar estos decretos? Un poco de historia
Siete años de la dictadura más sangrienta terminó de quebrarse después de la capitulación de los cobardes militares genocidas ante las tropas imperialistas en la guerra de Malvinas. Tras el quiebre de la dictadura, la multipartidaria, integrada por todo los partidos patronales, entre ellos la UCR y el PJ, pero también el PC, firman una transición pactada con los militares, y llaman a elecciones, para evitar la caída de la dictadura por medio de la movilización de masas, que venía manifestándose exigiendo que se vayan. Reynaldo Bignone, el último dictador que estuvo al mando del gobierno de facto, firmó un decreto de autoamnistía, cinco semanas antes de que se eligiera el nuevo gobierno constitucional. El episcopado católico, pidió que todas las fuerzas sociales acompañaran este decreto para la reconciliación y el olvido. A la cabeza de esto estuvo el obispo Antonio Quarracino. El influyente movimiento democrático, surgido en la lucha contra la dictadura, expresó su repudio al documento en una marcha que convocó a más de 50.000 personas.

Los dos candidatos, Ítalo Luder por el PJ y Raúl Alfonsín por la UCR, utilizan de forma opuesta el decreto de la automnistía. Durante la campaña de 1983 Luder asegura que respetará el decreto de Bignone, mientras que Alfonsín promete juzgar los crímenes de la dictadura. El candidato de la UCR entendió que el movimiento democrático no iba a aceptar un decreto de impunidad y que la mejor manera de pacificar y reconciliar, era juzgando a las cúpulas militares.

Cuando asume, Raúl Alfonsín firmó, bajo la teoría de los dos demonios, los decretos 157 y 158, en los que indicaba el juzgamiento a los jefes de las organizaciones armadas (diezmadas antes del golpe) y solo a las tres primeras Juntas (bajo la tesis de la “obediencia debida”). Esto es avalado por la CONADEP, creada por Alfonsín para desviar el inmenso movimiento democrático. También, ante el pedido de Emilio Mignone, vicepresidente de la APDH, de que abra los archivos de la dictadura, Alfonsín se negó. El pedido de Mignone, según cuentan Santiago O’Donnell y Mariano Melamed en su libro “La historia del CELS”: “Como jefe de las Fuerzas Armadas y del Ejército, usted estaría en condiciones de saber dónde se encuentra cada desaparecido”. Y agregó “los datos están en el Servicio de Información del Ejército…”. Le pidió que abra los cajones, que busque los archivos, que Alfonsín podía hacerlo. Pero el entonces presidente se negó.

Y aunque el Juicio a dictadores emblemáticos le otorgó a Alfonsín prestigio nacional e internacional, el movimiento democrático continuó exigiendo juicio y castigo a todos los culpables. Mientras tanto las FFAA siguieron defendiendo la “guerra contra la subversión”.

La ley de Punto Final, votada a fines de 1986, que establecía la impunidad para todos aquellos que no fueran llamados a declarar ante de los sesenta días de promulgada la ley, llevó a que muchas víctimas presentaran denuncias iniciando procesos judiciales. En 1987 comenzaron las actuaciones judiciales contra los oficiales del Cuerpo I del Ejército y de la ESMA. Esto provocó los alzamientos carapintadas que reclaman la impunidad para todos sus camaradas de arma. Ante este reclamo, Alfonsín, que había intentado frenar los juicios con instrucciones a los fiscales, logra que el Congreso voté una nueva ley de impunidad: Obediencia Debida. Esta ley exceptuaba los casos de robos de bebes y de bienes, aunque casi no hubo detenidos por estos crímenes. A pesar de estos beneficios otorgados por Alfonsín y apoyados por el Congreso, con mayoría de la UCR y el PJ, los militares seguían disconformes porque pretendían impunidad absoluta.

Alfonsín capituló ante los reclamos carapintadas, que aglutinaba a todo las FFAA, que solo pedían impunidad, no pretendían dar un golpe militar como siempre se sostuvo, y se sostiene, para justificar la capitulación de Alfonsín.

Los indultos de Menem
Los alzamientos carapintadas continuaron porque todavía quedaban procesados un par de centenares de oficiales de las FFAA. Tres meses después de asumido el nuevo gobierno, y ante los anuncio de los indultos de Menem, una masiva movilización marchó de Plaza de Mayo a Plaza del Congreso, en septiembre de 1989.

Ante la masividad de la misma Menem aseguró que nada hará cambiar su decisión. Y se decidió a resolver la cuestión militar de un tajo indultando en 1989 a quienes estaban bajo proceso, y en 1990 indultó a todo los condenados.

Los primeros cuatro decretos firmados por el expresidente Menem, el 7 de octubre de 1989 fueron:

Indulta a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, excepto el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Carlos Guillermo Suárez Mason, que había sido extraditado de los Estados Unidos, acusado de cuarenta y tres asesinatos, más de cuarenta secuestros, incluyendo el robo de bebés. Además, indulta a líderes de organizaciones armadas; a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988, y a los ex-miembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.
Menem otorgó en 1990 otros seis decretos donde indultó, entre otros, a todos los condenados en el juicio a las Juntas. Pero el Riojano tenía, además, otro plan: transformar a las FFAA en un cuerpo de elite. Demostrar, en el marco de las relaciones carnales con los yanquis, que las FFAA ya no volverían a cometer el aventurerismo de “enfrentar al imperialismo”. Para esto disolvió el servicio militar, apoyado en el repudio social por la muerte de un conscripto en un cuartel de Neuquén, garantizando el monopolio de las armas y del conocimiento de cómo utilizarlas en manos de la casta de oficiales genocidas. Envía tropas a conflictos bélicos y a misiones “humanitarias”, política que continuaron los gobiernos que lo sucedieron.

Asentados en indultos e impunidad para los militares genocidas, Menem logró subordinar a las FFAA y armar una fuerza castrense según las demandas de las Naciones Unidas.