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Los jueces designados a partir de 2017 deberán pagar Ganancias

El máximo tribunal resolvió por una unanimidad. Derribó una medida cautelar ordenada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari.

28 de noviembre

La Corte Suprema de Justicia resolvió que los jueces que hayan ingresado al Poder Judicial en 2017 deberán pagar el impuesto a las Ganancias. También aquellos funcionarios judiciales que hayan estado previo a esa fecha en el tercer poder del Estado y ascendido a la magistratura a partir del año pasado.

Así los resolvieron los ministros cortesanos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz. Se trató de una posición unánime.

El asunto se abordó en la reuión de acuerdo de este martes. Los magistrados se expresaron sobre la invalidez de una medida cautelar que impidió que paguen Ganancias los jueces designados a partir del primero de enero de 2017 como establece la ley 27.346.

La medida había sido dispuesta por el juez en lo Contencioso Administrativo Esteban Furnari en el marco de una acción iniciada por la Asociación de Magistrados. Luego fue confirmado por la Cámara de ese fuero.

Con esta decisión, el máximo tribunal del país comenzó con el cronograma de "fallos sensibles" definido hace dos semanas para resolver sobre temas relevantes para la sociedad antes de que termine el año.

El caso

La Corte Suprema resolvió por unanimidad revocar la medida cautelar que había exceptuado del pago del impuesto a las ganancias a un grupo de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público que asumieron sus actuales cargos con posterioridad al 1 de enero de 2017.

Para así decidir, el máximo tribunal sostuvo que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal utilizó argumentos dogmáticos e insuficientes para admitir la procedencia de la medida solicitada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y que, por ello, su decisión fue arbitraria.

La Corte entendió que la cámara no debió haber concedido la cautelar por el hecho de que exista una forma de interpretar la ley de impuesto a las ganancias que pudiera resultar contraria a los intereses de los magistrados y funcionarios representados por la parte actora. Agregó que la cámara tampoco había justificado que la medida fuese necesaria para evitar un daño irreparable a los actores.

Además, sostuvo que los jueces -al examinar este tipo de medidas- deben tener especial cuidado en tanto se trata de decisiones preliminares que, por sus efectos expansivos, pueden suspender total o parcialmente la aplicación de una ley vigente y, de ese modo, afectar la división de poderes.

La Corte concluyó que no existían razones suficientes para adoptar una decisión cautelar de tal gravedad que eximiera del cumplimiento de lo ordenado por la ley a los sujetos representados por la actora. De ello derivó que la vigente ley de impuesto a las ganancias resulta plenamente aplicable.

El Tribunal consideró que, siendo ello así, los magistrados honrados con un cargo que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley cabalmente.

Finalmente, los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco dejaron a salvo el derecho del que gozan los magistrados —al igual que todo ciudadano— de plantear ante la justicia sus agravios respecto de lo que consideren ser sus derechos, tal como fue reconocido por la Corte a lo largo de toda su jurisprudencia.

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