Salta | | Estado del Tiempo
| Usuarios Acceso a Usuarios
| RSS Suscripción a RSS

“Lo generalizado no son los juicios laborales, sino los incumplimientos patronales”

En situaciones de crisis, los juicios laborales tienden a incrementarse por el solo hecho del crecimiento de los despidos y, en términos más generales, de un aumento de los incumplimientos patronales en materia de legislación laboral.

24 de junio| Luis Campos |

No es la primera vez que el Gobierno habla de una supuesta "mafia de los juicios laborales" o de su prima hermana "industria del juicio". Tampoco es el primer gobierno que lo hace.

Cada vez que los gobiernos y los empleadores instalan en la discusión pública estas cuestiones es necesario preguntarse, en primer lugar, si tienen un fundamento material. Luego, es necesario interrogarse sobre las intenciones que están por detrás de esta estrategia discursiva.

En cuanto la existencia de una "mafia" o "industria" de los juicios laborales, no existe ninguna evidencia que muestre que ello es así. En efecto, el principal argumento que se utiliza desde el gobierno y desde los empleadores es el crecimiento objetivo que están teniendo las demandas en los tribunales laborales.

Sin embargo, ello no se debe a ningún invento de los trabajadores o sus abogados, sino a que, en situaciones de crisis, los juicios laborales tienden a incrementarse por el solo hecho del crecimiento de los despidos y, en términos más generales, de un aumento de los incumplimientos patronales en materia de legislación laboral.

En otras palabras, lo generalizado no son los juicios laborales sino los incumplimientos patronales. Más aún, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la amplia mayoría de los derechos laborales violados por los empleadores no se traduce en un juicio laboral, en gran medida porque esta instancia solo es posible, en los hechos, luego de extinguida la relación laboral.

Prácticamente no existen trabajadores que lleven a juicio a sus empleadores mientras transcurre la relación laboral, ya que ello los enfrenta a un despido casi inmediato. Tan solo por citar un ejemplo, actualmente existen en nuestro país alrededor de cuatro millones de asalariados no registrados: ¿Cuántos de ellos han iniciado o iniciarán una demanda laboral? Seguramente una minoría, lo que implica decir que dado el nivel de incumplimientos laborales en las empresas actualmente los juicios son muy pocos.

Podríamos hacer la misma pregunta, por ejemplo, respecto de la falta de pago de las horas extras o de los numerosos incumplmientos en materia de salud e higiene en los lugares de trabajo, y seguramente llegaríamos a conclusiones similares.

Dicho esto, si no existen razones materiales para sostener la existencia de una "mafia" o "industria" del juicio, cuáles son las intenciones que están por detrás de esta nueva avanzada en el plano ideológico - discursivo.

Aquí podemos citar dos explicaciones complementarias. La primera es que el Gobierno necesita atribuir a alguien las responsabilidades por la debilidad que presenta el mercado de trabajo en materia de creación de empleo. No es casual que estas declaraciones hayan sido efectuadas casi en simultáneo con el informe del INDEC que volvía a reafirmar la existencia de un mercado de trabajo anémico.

Según el relato del Gobierno, la responsabilidad por la falta de creación de puestos de trabajo no sería del modelo económico, sino más bien de trabajadores, abogados y jueces inescrupulosos, siempre acompañados por sus organizaciones sindicales, que incrementan los costos empresariales por vía de los reclamos judiciales.

La segunda explicación es que desde el Gobierno se busca preparar el terreno para la implementación de reformas laborales en perjuicio de los derechos de los trabajadores. El año pasado había hecho algo similar poco tiempo antes de modificar, a través de un decreto de necesidad y urgencia, la ley de riesgos del trabajo, empeorando aún más una ley de por sí muy perjudicial para los trabajadores. En esta ocasión hay varios aspectos de la legislación laboral que están en la mira del Gobierno Nacional y de los empleadores.

En primer lugar, el procedimiento judicial para presentar reclamos por violaciones a la legislación laboral ha recibido muchos cuestionamientos patronales, e incluso el Gobierno Nacional ha llegado a impulsar el juicio político contra jueces laborales que dictaron fallos contrarios a sus intereses. El objetivo aquí no solo es condicionar la intervención de los jueces, sino limitar la posibilidad de que los trabajadores impulsen reclamos judiciales. En el caso de las indemnizaciones por accidentes y enfermedades, ello se plasmó en la creación de una instancia administrativa obligatoria (las Comisiones Médicas).

Ahora intentan establecer en todo el país mecanismos obligatorios de conciliación previa similares al SECLO en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, mecanismos que, en la práctica, solo generan que los trabajadores se enfrenten al dilema de renunciar a una parte de lo que les corresponde a cambio de no esperar los varios años que lleva un proceso judicial.

Un segundo aspecto sobre el que el Gobierno Nacional y los empleadores han insistido recurrentemente en los últimos meses es la reducción de las cargas patronales que permiten sostener el sistema de seguridad social. Seguramente ello formará parte del paquete de reformas impositivas que ha anunciado para después de las elecciones el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

En forma complementaria a esta cuestión, tampoco deben descartarse intentos de modificar el sistema de jubilaciones y pensiones, incluyendo aquí el incremento de la edad jubilatoria y la reaparición de entidades financieras en la administración de los aportes jubilatorios, seguramente en un formato mixto que combine algún tipo de prestación generalizada en valores extremadamente bajos con la posibilidad de que los sectores de ingresos más altos recurran a mecanismos individuales de capitalización por fuera del sistema público.

Finalmente, otro caballito de batalla del Gobierno Nacional y los empleadores será el reclamo por incrementar la productividad, por más que en realidad aquí se esconda un intento de incrementar la intensificación en el desgaste de la fuerza de trabajo. Aquí no es claro que vayan a avanzar a través de reformas legislativas, ya que el concepto "flexibilidad laboral" genera rápidas resistencias de parte de una gran cantidad de trabajadores y organizaciones sindicales.

Sin embargo, este avance ya se ha venido materializando en algunas negociaciones colectivas, como por ejemplo las correspondientes a la industria petrolera o incluso la negociación salarial de este año correspondiente a los trabajadores del SINEP (impulsada por el Gobierno Nacional con el acuerdo de UPCN). En este sentido, no debe descartarse que este avance siga profundizándose a través de acuerdos sectoriales que no necesitan ser debatidos en el Congreso Nacional.

Publicidad
Publicite aqui
Publicite Aqui

Datos de Contacto:
Cel: 3874152946
E-mail: redaccion@copenoa.com.ar

Libros: Orden, Represión y Muerte

Orden, Represión y muerte

Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

Portada | General | Politica | Policial | D.D.H.H. | Cultura | País | América Latina | Mundo | Pueblos Originarios

Copyright 2001 - 2010 - Todos los derechos Reservados - copenoa.com.ar