Esa fue la respuesta que dieron desde el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención de Milagro Sala en Jujuy.
La Cancillería, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, elevó una respuesta a los órganos de la OEA y la ONU sobre la situación de Milagro Sala contestando el informe de Naciones Unidas que determinó hace 20 días que la detención de la dirigente de Tupac Amaru era "arbitraria" y, en consecuencia, reclamaron su liberación.
El gobierno respondió con un informe de la Secretaría de Derechos Humanos, un escrito de la Fiscalía de Estado de Jujuy y fundamentos del Tribunal Superior de Justicia y del Ministerio Público de Jujuy; en todos esos documentos desarrollaron la idea de que conceder la libertad a Milagro Sala "implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación judicial". Al mismo tiempo, dijeron que “se encuentran debidamente respetadas y garantizadas las garantías del debido proceso y los derechos de la imputada".
Esto es refutado por las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y partidos políticos de izquierda y opositores al gobierno, entre otros, quiénes desde principio de año se movilizan por la libertad de Milagro Sala, denunciando que su detención es ilegal y manifestando que es una presa política del gobierno de Macri y su aliado en la provincia de Jujuy, Gerardo Morales.
Hace dos días Milagro Sala recibió la visita de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; de Lita Boitano, presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos; de Carlos Pisoni, de HIJOS; y del titular de la CTA, Hugo Yasky.
En la conferencia de prensa brindada luego de la visita, Carlotto le reclamó al gobierno que cumpla la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y dijo: “Nos ofenden diciendo que los desaparecidos son menos, que somos un curro, que no se sabe en qué paredón están”, en alusión a los dichos de funcionarios de gobierno nacional. (LID)
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