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Las prácticas policiales violentas son contradictorias con una política de ampliación de derechos.

En las últimas semanas ocurrieron hechos graves de violencia institucional: el asesinato de cuatro personas en los barrios de Villa Lugano y Barracas durante operativos de la Policía Federal Argentina, el uso de la fuerza para desalojar el barrio Papa Francisco en un operativo conjunto de la Gendarmería y la Policía Metropolitana, intervenciones de las fuerzas federales para reprimir protestas sociales sin respetar protocolos de actuación. La violencia dentro de las cárceles y comisarías no llega a ser noticia pero persiste y se agrava. Funcionarios públicos y referentes políticos hicieron declaraciones que legitiman esas prácticas y las retroalimentan. La delegación de la seguridad en las policías no es una novedad: genera violencia e inseguridad desde hace más de treinta años. Al mismo tiempo, va en contra de cualquier política que persiga la inclusión social.

5 de septiembre de 2014| CELS |

A nivel del gobierno nacional, la regresión en la respuesta del Estado frente a la protesta social, los episodios de extrema violencia y abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la debilidad de los sistemas de control son un retroceso después de una gestión que entre 2011 y 2012 sostuvo un mayor gobierno político de las fuerzas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires radicalizó su “guerra contra el delito” que no se funda en indicadores de reducción de la criminalidad y se sostiene en detenciones masivas que colapsaron el sistema penitenciario y en un incremento de la letalidad de su trabajo en las calles. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene una gestión violenta de los conflictos cuyas consecuencias, incluidos los muertos y los heridos, son convalidadas políticamente y no sancionadas por el Poder Judicial. El panorama no es mejor en otras provincias. En Córdoba, por ejemplo, la policía funciona igual que antes de que se conocieran las denuncias por delitos relacionados con el tráfico de drogas y en lo que va del año se denunciaron siete casos de jóvenes asesinados por sus agentes. El aumento de la cantidad de personas que mueren como consecuencia del accionar estatal en materia de seguridad es consecuencia del endurecimiento de las políticas.

La debilidad en el gobierno político de las fuerzas de seguridad y la incapacidad de terminar con prácticas violatorias de los derechos humanos expresan la falta de una reforma estructural del sistema de seguridad. La postergación de una agenda de seguridad democrática tiene consecuencias en la prevención y control del delito y un impacto negativo profundo en la capacidad de la política para promover la inclusión social. Las estructuras de seguridad son las responsables de las peores violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en nuestro país.

Esta es en sí misma, una deuda insoslayable para los proyectos políticos de restitución y ampliación de derechos.

En este escenario en el coinciden regresiones en el gobierno político y en el funcionamiento institucional con la aparición de ciertos discursos públicos se instaló un alineamiento conservador en la forma de pensar los problemas de seguridad y la gestión de los conflictos. Las políticas de seguridad se dirigen sobre todo al control de la calle y quedan limitadas a la acción policial mientras las fuerzas políticas abandonan (una vez más) el debate sobre cómo deber ser un sistema de seguridad democrático.

Los jóvenes que pueblan los barrios pobres, quienes deberían ser los destinatarios privilegiados de acciones que vienen procurando el crecimiento con inclusión social, están sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria que erosionan las políticas de carácter inclusivo que se pretende desarrollar en esos mismos barrios. Hay zonas del Estado en las que rigen prácticas que son verdaderos obstáculos para los esfuerzos que desde otros sectores del mismo Estado se despliegan en pos de condiciones dignas de vida.

Los problemas de criminalidad y circulación de la violencia requieren políticas de seguridad específicas basadas en información confiable, que no impliquen la estigmatización y discriminación de ningún sector social y que planteen un uso racional y proporcionado de la fuerza.

Intervenciones violentas de las fuerzas de seguridad

En los últimos meses, hubo regresiones graves en materia de gobierno de las fuerzas de seguridad a nivel federal y la profundización de tendencias alarmantes de abusos y violencia policial tanto en la provincia de Buenos Aires y en la capital del país como en otras provincias, Córdoba por ejemplo.

No sólo nos encontramos frente a un incremento de situaciones de violencia institucional sino que una corriente de funcionarios y referentes políticos avalan ese aumento del uso de la violencia por parte del Estado.

Durante la amenaza a la gobernabilidad que protagonizaron las policías provinciales en diciembre de 2013, la postergada reforma policial reapareció en el debate público. Pocas semanas después, el tema volvió a clausurarse. Ahora, funcionarios y referentes políticos de distintas procedencias opinan sobre la cuestión del delito sin abordar el indispensable debate sobre cómo funcionan las fuerzas de seguridad y sus deficiencias estructurales. La falta de abordaje político de este problema de fondo, tiene permanentes consecuencias negativas para la sociedad, la vida democrática y la vigencia de los derechos humanos.

Hay un incremento significativo de las personas muertas como consecuencia del accionar de la Policía Federal. Con pocos días de diferencia, se produjeron dos hechos de extrema gravedad en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvieron como resultado la muerte de cuatro personas a manos de efectivos de la Policía Federal que circulaban de civil y en móviles no identificados en los barrios de Villa Lugano y Barracas.

Estos casos forman parte de una tendencia de aumento del número de personas muertas por las fuerzas federales. En el primer cuatrimestre de 2012, al menos 15 civiles fallecieron por acción de estas fuerzas. En el primer cuatrimestre de 2014, al menos 36. Si esta tendencia se sostiene a lo largo del año, la cantidad de víctimas sería la más alta no sólo de toda la gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación, sino del ciclo de gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. (1)

Respecto a lo ocurrido en Villa Lugano y en la villa 21, el Ministerio de Seguridad dio por ciertos los relatos policiales de los hechos, que difiere completamente de las versiones de los testigos y las víctimas. La explicación policial del asesinato de Jonathan Mareco y Brian Ayaviri fue ratificada públicamente por el Secretario de Seguridad, Sergio Berni. En el caso de la Villa 21, las autoridades políticas no se pronunciaron. Al mismo tiempo, los familiares y testigos relatan abusos que hablan de un resurgimiento de los modos violentos de gestión del territorio asociados históricamente a las brigadas de la PFA y a comisarías que cuentan con una larga trayectoria de abuso, hostigamiento y ejecución de jóvenes. Cuando a mediados de 2011 el Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó a la Gendarmería y la Prefectura en el sur de la ciudad, resolvió desplazar a la Policía Federal del patrullaje porque consideraba que la fuerza tenía prácticas violentas y altísimos niveles de corrupción y connivencia en el manejo de los mercados ilegales en la Villa 20, la 1-11-14 o la 21-24. La articulación entre seguridad e inclusión se debilita aceleradamente al ritmo del resurgimiento de prácticas abusivas y de la violencia de la PFA en la zona.

La gravedad de estos hechos y de las respuestas políticas que se les da se refuerza con el mensaje que derraman hacia la policía: el ejercicio de violencia descontrolada o las irregularidades no son cuestionadas sino legitimadas. Si los controles internos del uso de la fuerza son reemplazados por el apoyo acrítico a las versiones policiales, el mensaje a las fuerzas de seguridad es claro: en lugar de limitar el uso de la violencia a los casos estrictamente necesarios, se lo incentiva como herramienta principal de actuación.

En la provincia de Córdoba estas prácticas también tienen efectos sobre las vidas de cientos de jóvenes de los sectores populares al mismo tiempo que el gobierno provincial, con discursos legitimadores, tapa los gravísimos problemas de una de las fuerzas policiales más violentas y corruptas. Los discursos del gobernador De la Sota en los que responsabiliza a los jóvenes por el delito son un mensaje para la policía con resultados que muestran cómo se reproduce la violencia en el día a día. En 2013, el asesinato de Jorge Reyna llamó la atención sobre las lógicas de hostigamiento y visibilizó denuncias sobre el reclutamiento de jóvenes para actividades delictivas por parte de la policía provincial. En lo que va de 2014, hubo al menos siete casos de ejecuciones de jóvenes por parte de la policía cordobesa. Estos casos son los más extremos de formas cotidianas de violencia, que incluyen la saturación policial de los barrios pobres, allanamientos violentos, causas armadas y sistemáticas detenciones amparadas en un código de faltas que habilita arbitrariedades policiales.

Mientras desde el gobierno provincial se responsabiliza a las jóvenes, la policía cordobesa muestra altísimos niveles de degradación y connivencia con redes delictivas. Se trata de la misma fuerza policial que en diciembre de 2013 desestabilizó al gobierno y liberó zonas para que se produjeran saqueos en diferentes barrios de la capital provincial, sin que, luego de esos episodios, se encararan procesos de reforma y democratización de la fuerza. El periodista Dante Leguizamón que investiga estas tramas de corrupción y violencia institucional fue amenazado por el jefe de la policía provincial. El comisario Julio César Suárez irrumpió en los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba y a los gritos exigió hablar con el periodista. Como no lo encontró, lo citó por teléfono. “Me voy a encargar de vos”, le advirtió. El gobernador de la provincia ratificó la reacción del jefe policial.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires utiliza como indicador de éxito de su plan de “emergencia en seguridad” la cantidad de “delincuentes abatidos” por su policía. (2)

Hoy la Bonaerense tiene una letalidad en los enfrentamientos que duplica la que tenía en 2005. El abuso de la fuerza letal como medida de éxito de gobierno se reproduce sin que se genere un debate público que dé cuenta de su gravedad. La intensificación de la violencia de la Bonaerense no ha llevado a discutir la necesidad de reformar su matriz abusiva y corrupta. Por el contrario, la policía realiza un 20% más de detenciones y según la propia información oficial sus intervenciones son cada vez más violentas. La muerte de una joven de 15 años a consecuencia de un operativo policial en la provincia de Buenos Aires muestra las consecuencias del uso de la fuerza en el espacio público y demanda una reflexión colectiva sobre el modo de intervención de las fuerzas policiales.

Una investigación del Centro de Análisis Estratégico del Delito del Municipio de General Pueyrredón demuestra que las detenciones por averiguación de identidad se hacen para engrosar las cifras y sobreactuar la actividad gubernamental en materia de seguridad: se detiene a personas que son rápidamente puestas en libertad porque nunca deberían haber sido detenidas. De esta manera, se publicita un incremento de detenciones y luego se afirma que “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”. (3)

El endurecimiento de la respuesta penal por sobre cualquier otra y el mensaje dado a las fuerzas policiales tiene como consecuencia el crecimiento y en muchos casos el colapso de los sistemas carcelarios. En la provincia de Buenos Aires el récord de detenidos lleva a la sobrepoblación y al hacinamiento como una de las dimensiones de la violación de derechos de las personas privadas de su libertad, que se suma a las prácticas de tortura y otras formas de violencia institucional. En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de la historia: 33 166. Este incremento se centra en la persecución de delitos callejeros, no de los mercados ilegales ni los delitos complejos. El 60% de estas personas no tiene condena judicial.

Hace unos días se conoció una investigación judicial sobre la participación de la DDI de La Matanza en una banda criminal dedicada a extorsionar a personas que cometían delitos. Les sacaban plata para no someterlos a la justicia o bajo la amenaza de que les iban a fraguar una causa. Los hechos muestran los altos niveles de corrupción y organización para delinquir en los niveles jerárquicos. Este es el caso más reciente de una larga lista en la que se destaca el llamado “caso Candela”, el episodio más claro de la intervención de la policía en la regulación del delito. El gobierno provincial dijo que la Bonaerense se está autodepurando y que solo se trata de policías sueltos que tomaron el mal camino. Por el contrario, la información muestra que se trata de un problema estructural de la fuerza policial más grande del país que además está incorporando en forma express a 10 000 agentes sin ninguna formación profesional.

En la ciudad de Buenos Aires, el reciente desalojo del barrio Papa Francisco muestra la persistencia de los problemas que dieron lugar a la toma del Parque Indoamericano en 2010 y un grave retroceso en los modos de gestión política del conflicto social y la actuación policial en esas situaciones.

Durante los seis meses que duró la toma, la justicia de la ciudad de Buenos Aires y las fuerzas de seguridad no avanzaron con medidas concretas para identificar y detener a integrantes de bandas criminales que se habían infiltrado en la toma ni pudieron garantizar la seguridad de los ocupantes que estaban allí por el déficit estructural de viviendas que tiene la ciudad de Buenos Aires. En lugar de ello, las autoridades de la Ciudad y de la Nación criminalizaron la toma y el Poder Judicial reforzó el problema al procesar a varios referentes barriales y aplicarles la prohibición de ingresar a al predio, una medida que debilitó la organización comunitaria y favoreció la permanencia de bandas criminales. Luego del asesinato de una joven en un intento de robo y con una fuerte presión mediática y política la jueza Gabriela López Iñiguez ordenó la medida que dejó violentamente en la calle a 700 familias. Los gobiernos nacional y de la ciudad presentaron el desalojo del predio como la solución a un problema de seguridad y ni la justicia ni el Gobierno de la Ciudad tomaron los mínimos recaudos para contener la situación de las familias desalojadas.

Lejos de la descripción que se quiso dar en los medios del desalojo como un operativo ejemplar de la Gendarmería y la Policía Metropolitana, predominaron las situaciones de abuso, destrozos, golpes y engaños para que los ocupantes dejaran el asentamiento y sus pertenencias. Pocas horas después del desalojo, la Metropolitana reprimió a un grupo de vecinos y legisladores porteños que intervenían por la liberación de un joven que había sido detenido de manera arbitraria. Como sucedió en el desalojo de la Sala Alberdi y del Borda, la Metropolitana disparó balas de goma a corta distancia, en una situación que de ningún modo justificaba el uso de armas.

Las fuerzas policiales se enfocan en el control de los espacios públicos y al mismo tiempo funcionan con mayor autonomía del poder civil. De esta manera, las calles están siendo controladas por fuerzas cuya estructura no se reformó, con altos niveles de corrupción y coparticipación en redes delictivas, con arraigadas prácticas discriminatorias y violentas. La retórica que argumenta en pos de políticas de seguridad represivas y centradas en el uso de la fuerza estatal legitima y reproduce violaciones a los derechos humanos en distintos ámbitos.

Esta forma de intervención estatal no genera cambios estructurales en las fuerzas de seguridad para orientar de forma inteligente los esfuerzos para combatir el delito y la violencia, se sigue sosteniendo en una dependencia casi absoluta del trabajo policial con fuertes limitaciones para el mediano y largo plazo, reproduce desigualdades y tiene como resultado graves violaciones de derechos.

Los migrantes como culpables de todos los males: un discurso policial que se valida desde la política

Desde 2004, las políticas públicas respecto a los migrantes se sostienen en un enfoque de ampliación de derechos. Sin embargo, escuchamos a Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, a Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, cargar la responsabilidad por supuestos incrementos de episodios delictivos a los colectivos de otras nacionalidades. Esta actualización en boca de funcionarios de discursos que construyen a los migrantes como enemigos es preocupante en, por lo menos, dos aspectos.

Las afirmaciones que atribuyen a un sector social específico la responsabilidad por el supuesto incremento de los delitos tienden a tener efectos regresivos en las políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de esos sectores. Estos discursos alimentan consensos que sirven de base a la clausura de políticas de inclusión social, generalizan la sospecha sobre personas de una nacionalidad y se enlazan con la discriminación territorial y de clase.

En segundo lugar, la atribución de delitos a los migrantes tiene escasa base de sustentación. Sólo el 0,2% de los extranjeros que habitan en nuestro país están detenidos. Al mismo tiempo, los extranjeros representan el 6% de la población de las cárceles argentinas. (4)

De ellos, más de la mitad no tiene condena. Según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación este porcentaje se mantiene estable a lo largo de los últimos años. Los funcionarios públicos desinforman con datos no fidedignos y que engordan discursos discriminatorios con graves consecuencias. Si se muestra un alto número de migrantes detenidos en un periodo corto de tiempo muy superior al porcentaje de extranjeros que ingresan al sistema penal, se trata de un indicador de la selectividad que tiene la policía a la hora de detener, antes que de las alegadas prácticas delincuenciales de “los migrantes”.

El pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación a legisladores, jueces y demás autoridades federales de mecanismos más ágiles para la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos como medida para reducir la inseguridad es efectista y desconoce principios básicos de las políticas migratorias de la Argentina que desde 2004 permitieron la regularización de un millón de migrantes, sobre todo de países limítrofes. Esta misma legislación ya prevé normas en materia de expulsiones.

La estigmatización de determinados sectores sociales, ya sea de los migrantes o de los habitantes de villas y asentamientos, es una forma de colocar al enfoque policial en el centro de la agenda de seguridad por sobre otras estrategias de seguridad multiagenciales. Es indispensable que a nivel de los poderes ejecutivo y judicial se sostenga y fortalezca una perspectiva inclusiva que controle y limite el uso de la fuerza y la actuación represiva.

Represión de la protesta social

La conducción política y la actuación policial en manifestaciones y protestas también sufrieron serias regresiones a nivel de las fuerzas federales. Al menos desde principios de julio y violando normativas vigentes desde 2004 y ratificadas en 2011, la Policía Federal portó armas de fuego en operativos de seguridad en contextos de protesta social en más de una oportunidad.

La represión de la Policía Federal y la Gendarmería a trabajadores y organizaciones sociales que cortaron vías de circulación en reclamo de fuentes de trabajo y condiciones salariales muestra un desplazamiento preocupante en la política de no represión de la protesta social. Los operativos con los que se abordó el conflicto de los trabajadores de las empresas Lear y Tatsa/Emfer se realizaron sin respetar los protocolos de actuación del mismo Ministerio de Seguridad: en los operativos hubo personal civil que simulaba ser parte de la protesta, policías armados en la primera línea, se utilizaron balas de goma para dispersar manifestantes y un despliegue de actuación que pone en riesgo a los manifestantes, a los integrantes de las fuerzas y a personas no directamente involucradas.

Desde 2003, la política de no represión de la protesta se basó en dos pilares fundamentales: la conducción política de los operativos, que implicaba la negociación a cargo de interlocutores civiles en el terreno, y la aplicación de principios de actuación que regulen el accionar de las fuerzas de seguridad. Las intervenciones recientes privilegiaron la intervención directa y la represión por sobre una mediación política que pudiera gestionar los formatos de las protestas y habilitar la interlocución. Aspectos fundamentales de los operativos recientes fueron contrarios a lo establecido en los 21 puntos de los "Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas", elaborados por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2011, que sistematiza los mejores estándares alcanzados.

Al tiempo que se le pide al Poder Judicial que intervenga rápidamente para habilitar y legitimar los operativos y se da lugar a una suerte de activismo judicial restrictivo de derechos, el debilitamiento del control político conduce a que las fuerzas de seguridad se autonomicen y sostengan prácticas discriminatorias y violatorias de derechos. Las distintas fuerzas políticas tienen que retomar la agenda de seguridad democrática para brindar verdaderas respuestas al problema de la violencia y el delito, y garantizar la vigencia de los derechos humanos.

Notas:
1) Desde 1996 el CELS lleva adelante una base de datos sobre hechos de violencia en los que participan funcionarios de instituciones de seguridad y registra las víctimas de esos episodios. Para la construcción de esta base de datos se utilizan los periódicos de mayor circulación del país, y otras fuentes de información. Debido a que su origen son las publicaciones periodísticas, los datos primarios son ilustrativos pero no exhaustivos. Es posible que se genere subregistro de hechos violentos.
2) A cuatro meses de la “emergencia en seguridad” de la provincia de Buenos Aires. http://cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1818
3) http://www.mardelplata.gob.ar/documentos/proteccion_ciudadana/informe%2056%20dias%20del%20cpc.pdf
4) PPN en base a SNEEP 2012.

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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