La represión a los trabajadores del ingenio Ledesma y el rol cómplice de los medios

Desde hace 15 días que los trabajadores del ingenio más grande de Latinoamérica vienen reclamando un aumento salarial que iguale sus ingresos al de los obreros de otros ingenios de la región. Pero la empresa Ledesma se ha negado sistemáticamente a llegar a un acuerdo. Lejos de ello, desde un principio, ha optado por desmerecer y demonizar el legítimo reclamo de los asalariados.

En estas circunstancias, el jueves a la tarde, mientras estos se encontraban cortando el acceso norte de la ruta nacional 34 a la ciudad de Libertador General San Martín, se conoció la orden de desalojo firmada por el juez federal Mariano Wesenlao Cardozo. Un rato después, alrededor de las 19.30, se inició una represión violenta, no solo contra los trabajadores, sino también contra sus esposas, hijos (muchos de ellos pequeños), familiares, amigos y vecinos.

Sin embargo, los principales medios de comunicación de la provincia, una vez más, han montado una operación mediática para ocultar los hechos y presentar como verdadero un relato viciado de mentiras y falsedades. Veamos.

El diario El Tribuno, el principal medio gráfico de Jujuy —propiedad del empresario y diputado provincial del PJ, Rubén Rivarola—, no publicó la principal noticia del día en la tapa de su edición impresa de ayer. Recién en la página 19 aparece una nota que dice que “La policía quiso desalojar” la ruta, pero que sus indefensos agentes “recibieron una intensa pedrea de los manifestantes”, por lo que “debió retroceder”.
Mucho más osado, el diario Pregón titula en una noticia secundaria en tapa: “Policías heridos en el desalojo de la ruta 34 en Libertador”. En la breve nota, se acusa a “activistas de partidos y organizaciones de izquierda” (sic) de causar los “incidentes” al “lanzar pedradas y escombros” a la policía, causando cinco heridos.
En igual sentido “informa” el portal ultraoficialista jujuyalmomento.com y también somosjujuy.com.ar. Este último, es parte del multimedios Radio Visión Jujuy, propiedad del exgobernador Guillermo Jenefes (PJ), quien actualmente es miembro del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ex AFCA), cargo que es incompatible por los más que evidentes conflictos de intereses.

¿Qué ocultan estos medios? ¿Cuáles son las intenciones del relato que construyen? Vayamos por partes.

 En primer lugar, sacan del centro del problema a la patronal de los Blaquier, que dice que no puede aumentar más los sueldos de los trabajadores, pero al mismo tiempo, como consigna el diario El Cronista, destina millones de dólares para diversificar su producción: a la de azúcar, cítricos, papel, cereales, carnes, bioetanol, etc., ahora añadirá la producción de biogás y de energía solar.

 Por otra parte, con la empresa fuera de foco, el papel de malo de la película le es atribuido a los trabajadores, quienes son presentados como una horda violenta, como salvajes implacables, que atacaron a los inofensivos policías. La verdad de los hechos es precisamente al revés: en la represión del jueves, la policía no solo utilizó gases lacrimógenos y balas de goma contra los obreros —lo que de por sí ya es terrible, puesto que los trabajadores estaban ejerciendo su legítimo y legal derecho a la protesta— sino también perdigones (proyectiles de metal), como denunció el asesor legal del sindicato, Enrique Waschneider. Así, pues, a fuerza de omisiones e invenciones, los obreros son transformados de víctimas en victimarios.
 Párrafo aparte merece la acusación lanzada por el diario Pregón, que en la mencionada nota señala a “activistas de partidos y organizaciones de izquierda” como los que comenzaron a “lanzar pedradas y escombros” contra la policía (el mismo argumento es repetido por el sitio web progubernamental jujuyalmomento.com). Esta mentira no resiste el menor análisis y solo busca deslegitimar la lucha de los trabajadores. Basta con decir que hasta el diario El Tribuno se ve obligado a reconocer que la lucha de los azucareros ledesmenses cuenta con una fuerte solidaridad de parte de sus “familiares y otros ciudadanos de Libertador” que realizaron “varias marchas” por las calles de la ciudad. La participación de la izquierda y en particular la del PTS —que desde el primer momento ha apoyado las medidas de lucha— no es sino parte de esa amplia solidaridad que han logrado los obreros.

 Por último, nada dicen estos medios del papel que juega el gobierno de Gerardo Morales, el gran promotor de la “paz” y la “unidad” de los jujeños, que fue quien pidió que el corte de ruta fuera desalojado, como lo reconoció el ministro de Trabajo de la provincia, Jorge Cabana Fusz, que, dicho sea de paso, se ha desentendido del problema que es inherente a su cartera. Nada dicen tampoco del juez Mariano Wesenlao Cardozo —el mismo que está acusado de complicidad con la última dictadura militar, cuando se desempeñaba como fiscal— quien, haciendo uso del artículo 194 del Código Penal, heredado del gobierno dictatorial de Onganía, ordenó la represión.

De todo lo anterior se desprende que el discurso fabricado por los medios de comunicación en torno a la represión del día jueves no es gratuito. Hay una comunión de intereses que une a la patronal de los Blaquier con el gobierno del contador Morales, el poder judicial y los grandes medios de comunicación de la provincia que, con sus omisiones y mentiras, son los encargados de formar opinión y, en este caso concreto, de poner a la opinión pública en contra de los trabajadores azucareros.

Dicha comunión de intereses está dada, en primer lugar, por la común pertenencia de clase (burguesa) de los Blaquier —quienes manejan la provincia como si fuera una más de sus fincas— y de los dueños de los medios de comunicación en cuestión, sean estos ultra-oficialistas o estén en manos de políticos-empresarios “opositores”, como Rivarola o Jenefes, así como también por el carácter de clase (burgués) del gobierno y de la Justicia —que, no nos olvidemos, es una Justicia adicta, armada por Morales a medida de sus necesidades—. A esto se suma una amplia red de negocios en común, en donde la publicidad (gubernamental o privada) es solo una parte.

Pero, incluso, si volvemos la vista hacia atrás, encontramos mancomunados a los mismos actores y mismos intereses, a saber: la participación directa de la empresa Ledesma en la detención y desaparición de personas durante la última dictadura militar, el papel del entonces fiscal Mariano Wesenlao Cardozo (quien “cajoneaba” las denuncias hechas por los familiares de los detenidos-desaparecidos), y el rol cómplice que jugó en ese momento el diario Pregón, legitimando el accionar de la dictadura, al que se sumó en la última etapa El Tribuno.

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Lejos de la pretendida e hipócrita neutralidad de los medios de las patronales —muchos de ellos con un historial manchado con sangre—, quienes impulsamos La Izquierda Diario, venimos cubriendo las acciones de los trabajadores desde el primer día, buscando que la verdad salga a la luz y que su lucha triunfe.