El proyecto consiste en derogar las leyes 22.731, 21.540, 24.018, las dos primeras sancionadas por los dictadores Videla y Bignone, respectivamente, y que aún siguen vigentes a treinta y tres años de culminada la dictadura cívico militar. Asimismo plantea que todos los beneficiarios de las mismas pasen al régimen del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones como cualquier otro trabajador.
"Es realmente una burla a los millones de trabajadores jubilados que trabajaron decenas de años y perciben una jubilación de $ 5.000 que una persona como Adolfo Rodríguez Saá, que ejerció la presidencia por una semana, hoy perciba arriba de $ 200.000 por mes, y que Amado Boudou, con decenas de causas por malversación de fondos y corrupción en ejercicio de su mandato, esté tramitando su pensión vitalicia por $ 140.000. Con estas leyes hasta Federico Pinedo, que ejerció la presidencia por unas horas, tiene la potestad de exigir el pago de una pensión de por vida que equivale a cuarenta jubilaciones mínimas", explicó Nicolás del Caño, quien fuera candidato presidencial del Frente de Izquierda.
Por su parte, la diputada Myriam Bregman señaló que "estas leyes además son las que les otorgan el 100 % de su salario en todo concepto como jubilación a todos ministros de la Corte a partir de los cuatro años de su ejercicio, y el 82 % con movilidad al resto de los magistrados de la Justicia nacional, mientras que al resto de los trabajadores se les niega el 82 % móvil de su último salario. Alguien debería explicar por qué seguimos pagándoles también a los arzobispos, obispos y prelados castrenses de la Iglesia católica una asignación mensual vitalicia que hoy ronda los $ 70.000, más del doble de la jubilación máxima que puede percibir cualquier trabajador. Parecen privilegios del medioevo".
La presidenta Cristina Fernández percibe hoy arriba de $ 300.000 mensuales, entre su pensión vitalicia y la del expresidente Néstor Kirchner, mientras que Fernando De la Rúa percibe arriba de los $ 200.000 mensuales.
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