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La estrategia de “transparencia” de Cambiemos naufraga antes de zarpar

Desde el Congreso, el macrismo busca quitar al Presidente del centro de las críticas por favorecer a sus empresas. Pero los proyectos de la UCR preocupan al PRO y la oposición insiste con propuestas que comprometen no sólo a Macri, sino también a numerosos funcionarios.

27 de marzo

La estrategia parlamentaria de “transparencia” de Cambiemos comienza a derrumbarse antes de ponerse en práctica. “¿Cómo una empleada del Presidente va a decidir si hay conflicto de intereses?”, se preguntaron en el Frente Renovador, apuntando a Laura Alonso. Sin resultados económicos ni sociales positivos para exhibir, el macrismo intenta volver a agitar la bandera de la “transparencia” en el debate parlamentario de cara a la campaña electoral. La estrategia oficialista busca aislar al Presidente de los escándalos de corrupción y conflictos de interés que lo rodean. Desde la oposición, en cambio, esgrimen iniciativas que van desde la modificación de la Ley de Etica Pública hasta el traspaso de la Oficina Anticorrupción del Ejecutivo al ámbito parlamentario, pasando por la creación de una Comisión Nacional de Etica Pública en el Congreso. Todos ellos originados en los conflictos de intereses que desataron las decisiones presidenciales, varias de las cuales también tienen abiertas causas judiciales. Pero no solo Mauricio Macri está en la mira de las distintas bancadas opositoras: también se investigan decisiones de decenas de funcionarios que desde distintas áreas favorecieron a las compañías de las que eran ejecutivos hasta horas antes de llegar al Gobierno.

Los tardíos decretos con que Macri intenta justificar la marcha atrás –luego que se conocieron públicamente– en las decisiones de Estado que favorecían con cifras multimillonarias a las empresas de su holding familiar (como la condonación de la deuda a Correo Argentino y la concesión de rutas aéreas a Avianca), aparecen solo como un parche.

Desde la oposición parlamentaria y las llamadas organizaciones de la sociedad civil surgieron cuestionamientos sobre la falta de independencia de los organismos que deben controlar, según los decretos, los juicios y las contrataciones del Estado. La Procuración General del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación dependen directamente de la Presidencia y la Oficina Anticorrupción (OA), del Ministerio de Justicia, es decir, también del Ejecutivo. Solo la comisión mixta Revisora de Cuentas del Congreso tiene representación de la oposición.

En Cambiemos consideran “insuficientes” los decretos presidenciales y coinciden en la necesidad de desplegar una serie de iniciativas que le permitan volver levantar la bandera de la “transparencia”, como estrategia electoral. La “batería” de proyectos que el oficialismo aspira a discutir en el Congreso –que ya tuvo su primer traspié en la Cámara de Diputados– va en el mismo camino: generar legislación que no será retroactiva para sacar a Macri del centro de la escena.

En Cambiemos consideran “insuficientes” los decretos presidenciales para subsanar los “errores” de gestión y coinciden en la necesidad de desplegar una serie de iniciativas que le permitan volver levantar la bandera de la “transparencia” como estrategia electoral.

En esa dirección apunta el proyecto que los diputados radicales Mario Negri (presidente del interbloque de Cambiemos) y Karina Banfi, que propone para sancionar una ley sobre conflicto de intereses en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con la venia del propio macrismo y la OA, que conduce la cuestionada Laura Alonso.

La discusión de la extensión del conflicto de intereses por fuera de la ley de Etica Pública a los tres poderes del Estado –que también incluye al Ministerio Público, embajadores, síndicos, decanos, interventores federales y miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros– apuesta a sacar a Macri del ojo de la tormenta. Pero el párrafo del proyecto que establece que “también habrá conflicto de interés en las situaciones cuando se trate de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, conviviente, así como acreedores y deudores de los sujetos alcanzados”, no termina de convencer al PRO, porque expone a muchos de sus funcionarios.

El cortocircuito se vio en la convocatoria de la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el macrista Pablo Tonelli, tenía como prioridad la modificación de la ley de fueros. El proyecto del jefe de los diputados PRO, Nicolás Massot, elimina el párrafo que establece que los jueces deben informar a las autoridades del Congreso en casos de allanamientos o “pinchaduras” telefónicas a algún legislador. Una medida que apunta a complicar la situación judicial del diputado y ex ministro Julio De Vido, quien denunció el intento de allanamiento de su domicilio y su oficina como una “maniobra de persecución judicial y política”.

El proyecto radical sobre “conflicto de intereses” estaba en el temario, que luego trocó en solo “informativo”. Negri no estuvo para defender su iniciativa y Banfi prefirió pedir la incorporación de otro proyecto de su autoría.

Contraataque

El proyecto macrista sobre fueros no prosperó porque la opositora amigable Graciela Camaño no bajó su propio proyecto y puso en aprietos al oficialismo. La jefa del bloque del massismo no comparte ceder competencias en división de poderes y hace una propuesta más light: que los jueces informen a los presidentes de las Cámaras del Congreso y estos mantengan la reserva hasta que se concrete la medida judicial dispuesta.

Pero Camaño también reclamó que el macrismo unifique los giros de los proyectos sobre modificación de la Ley de Etica Pública, donde existen iniciativas del grueso de los bloques opositores. Gran parte de ellas disparadas por las decisiones de Macri que beneficiaron a empresas de su grupo familiar. Por lo que sería difícil para el oficialismo concretar su estrategia de correr al Presidente de las sospechas de corrupción.

Pero los proyectos también apuntan al menos a una veintena de ministros y funcionarios de Cambiemos, que ahora están en puestos claves de la administración pública en la que deben controlar a las empresas de las que fueron gerentes o directivos. No son pocos los diputados opositores que investigan muchas de las decisiones de estos funcionarios desde que arribaron al Gobierno, al tiempo que la OA dilata su pronunciamiento sobre el conflicto de intereses de los mismos en sus funciones.

La cuestionada gestión de Alonso –la ex diputada PRO adicta a las denuncias públicas y judiciales de corrupción– puso a la OA en la mira opositora. “No puede haber solución a los conflictos de intereses en un gobierno de CEOs”, dijo a este diario la diputada Diana Conti, del FpV. Su proyecto propone pasar la OA a la órbita del Congreso, para extremar los controles en los organismos que ahora dependen del propio Ejecutivo al que deben controlar.

Desde la oposición amigable también le apuntan a Macri y Alonso. El diputado democristiano y delasotista cordobés Juan Brugge –que integra el interbloque massista– propone recrear la Comisión Nacional de Etica Pública en el ámbito del Congreso. “¿Cómo una empleada del Presidente (por Laura Alonso) va a poder decidir si hay conflicto de intereses” en el caso Correo Argentino?, se preguntó Brugge y agregó: “Esto no se resuelve con un decreto del Presidente. ¿Cómo el zorro va a decir cómo cuidar a las gallinas?”. (Página 12)

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