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La “democradura” macrista quiebra el Estado de Derecho

La opinión del profesor de la UBA con motivo de las detenciones y el desafuero ordenados el 7 de diciembre por el Juez Claudio Bonadío, “en la absurda causa por Traición a la Patria”.

11 de diciembre de 2017

El gobierno de los jueces, que es el peor de los gobiernos, como nos han enseñado nuestros profesores de Derecho, aún los más liberales, empeora cuando los jueces macristas, esos que como le gusta y dijera el actual presidente, verdaderamente ‘lo representan`, cumplen con los designios del Poder Ejecutivo Nacional a su cargo, y encarcelan, procesan y persiguen a la oposición política, no importa cuál sea su signo, y con abstracción de las normas constitucionales, de las garantías en ellas consagradas, y en especial del derecho de defensa y al debido proceso establecidos por el art. 18 de nuestra norma fundamental.

El difundido texto de los politólogos Schmitter y O’ Donnel, de mediados de los ’80, titulado ‘Ensayos sobre la transición democrática’, hacía referencia a un concepto, entonces original, y que luego se extendió en su utilización, para definir a aquellos gobiernos que, surgidos de elecciones democráticas, tomaron rumbos definidamente autocráticos, cual era el concepto de Democradura: Gobiernos con legitimidad de origen, pero con progresiva y vertiginosa pérdida de la de ejercicio, con motivo de graves y reiteradas vulneraciones constitucionales y convencionales, que los alejaban de los principios y valores propios del Estado de Derecho y los conducían, en función de sus políticas de Estado, a una caracterización más propia de Dictadura que de Democracia.

Un gobierno nacional, que como el actual, he calificado reiteradamente en mis clases de Derecho, de ceocrático, plutocrático y cleptocrático, al que ahora hay que agregarle sin hesitación la denominación de autocrático.

Por primera vez en la historia política argentina, los CEO (ejecutivos superiores de empresas generalmente transnacionales) gobiernan sin intermediarios (Ceocracia) formando parte del elenco del Estado (Aranguren de Shell, a cargo del Ministerio de Energía; Etchevere, presidente de la golpista Sociedad Rural, a cargo del Ministerio de Agricultura, entre otros, y el caso más palmario es el del mismo presidente que integra numerosas sociedades que contratan con el Estado, a quien le succionaban la sangre como empresarios, y ahora endeudan para enriquecerse desde el gobierno).

El gobierno de los ricos para los ricos (Plutocracia), exhibe impúdicamente la transferencia gigantesca de recursos que genera desde los sectores más vulnerables y desde el Estado mismo, hacia los sectores de poder económico más concentrados, que son ellos mismos (Socma, Shell, Sociedad Rural, Edenor/Edesur, Grupo Clarín, entre otros), y que comenzó no bien asumido el actual gobierno con la quita de las retenciones al agro y a las mineras, el aumento permanente del combustible, la quita de los subsidios a las empresas de servicios públicos esenciales, la progresiva eliminación de impuestos a los más ricos y la insostenible carga tributaria para los sectores más empobrecidos de la sociedad, la eliminación próxima de las cargas patronales, la disminución de las jubilaciones, la precarización laboral, el aumento indiscriminado de las tarifas, etc.

La Cleptocracia, es tal vez la calificación más dificultosa de advertir para el grueso de la población, porque a diferencia de situaciones grotescas protagonizadas por exfuncionarios que arrojaban bolsos con paquetes de dólares, y reproducidas ‘ad infinitum’, por los medios hegemónicos alineados con el gobierno macrista, los actuales funcionarios de Cambiemos se benefician con el dólar futuro, con las Lebacs, el endeudamiento externo y eterno, y con la evasión evidenciada en los Panamá Papers y las empresas off shore que formaron e integran, de clara vinculación con casos de lavado de dinero, y que son más inasibles en su captación y en la medida de su alcance ( no son de varios millones de dólares como en el caso de los bolsos, sino de miles de millones de dólares evadidos respecto de sus obligaciones fiscales para con el Estado Nacional, robándole así a todo el pueblo argentino).

La Autocracia de la Democradura macrista, se fue profundizando con el avance de sus medidas antipopulares, pero paradójica y parcialmente convalidadas por un caudal de votos, que si bien minoritario (40 % a favor, 60 % en contra en las legislativas de 2017) envalentonó al oficialismo que se sintió autorizado para perseguir y matar personas de la comunidad mapuche o ciudadanos que le prestaron su apoyo (caso Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por Prefectura, Santiago Maldonado, perseguido por Gendarmería, hasta su muerte por hipotermia y ahogamiento en el Río Chubut, entre otros casos), para reprimir cualquier atisbo de protesta social (trabajadores de Pepsico, Estatales, etc. ) y para profundizar su política claramente inconstitucional de perseguir la disidencia en cualquier ámbito, contando para ello con un sector relevante del Poder Judicial -en especial, del Fuero Federal Nacional- que hace lo que en tiempos del Terrorismo de Estado hacían las patotas genocidas: detener ilegalmente a los militantes o dirigentes que no comulgan con su ideología y su proyecto económico de miseria y amedrentar y disciplinar al resto de la sociedad, con el riesgoso agravante de que hoy, quienes deberían velar por el cumplimiento irrestricto de la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos jerarquizados normativamente por el art. 75 inc. 22 de la primera (Poder Judicial), son los que olvidan la ley y obedecen ciegamente al gobierno en su política persecutoria.

Son los Jueces, que detienen no conforme a Derecho, sino respondiendo al mandato explícito del Poder Ejecutivo, y que lo hacen, ya por abyección o voluntad prevaricante, ya por no estar en condiciones de resistir los ‘carpetazos’ que vía informes de inteligencia, les hacen llegar para que cumplan con las órdenes de quienes desconocen y desprecian el principio de división de Poderes que caracteriza al sistema democrático (Bonadío, Lijo, Ercolini, y siguen las firmas).

El caso elegido para detener ilegalmente a dirigentes políticos y sindicales, más allá de la simpatía que nos generen, cual es el de la presunta ‘Traición a la Patria’ por la decisión de promover el Memorándum de entendimiento con Irán, o de pedir el desafuero de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es el más disparatado de todos los que han sido armados con fines persecutorios de la oposición: No hemos estado en guerra ni lo estamos (al menos desde Malvinas), por lo que no hay enemigo que pueda sumar a ningún argentino en sus filas, ni recibir su cooperación (Art. 119 de la Constitución Nacional). Los atentados cometidos contra la embajada de Israel en su momento, y el edificio de la Amia después, son actos que el derecho internacional y nacional ubican en el marco del denominado ‘terrorismo internacional’, supuesto claramente alejado del estado de guerra que requiere ineludiblemente la figura citada.

Por si ello fuera poco, la causa promovida por el cuestionado Fiscal Nisman, y por la que ahora se detienen personas y se requieren desafueros, en las vísperas de su muerte, fue desestimada en tres instancias sucesivas de la Justicia: el fallo del Juez Federal Daniel Rafecas, su Tribunal de alzada, y el Fiscal de la Cámara de Casación, que no vió razones para apoyar la apelación de sus promotores.

Su forzada reapertura, so pretexto de nuevos elementos, a la sazón inexistentes, no solo vulnera el principio de ‘Cosa Juzgada’ sino que activa una suerte de bomba de tiempo para la Democracia y el Estado de Derecho, que hace a la desaparición de la certeza jurídica y genera un verdadero Estado de Excepción, donde todos y cada uno de nosotros nos encontramos en ´Libertad Condicional’.

Las decisiones políticas en general, y la aprobación de Tratados en particular, forman parte de las llamadas facultades privativas de los Poderes del Estado, y de las cuestiones políticas no justiciables, que sabiamente excluyeron a los jueces ( miembros del Poder menos democrático y más desigualitario del Estado – no los elige el pueblo, no pagan impuesto a la ganancias, entre otras caracterizaciones-) de la posibilidad siquiera de interferir en las decisiones de quienes efectivamente fueron votados por la sociedad, designándolos como sus representantes (Poder Ejecutivo de la Nación, Congreso Nacional).

No hay Paz, ni Estado de Derecho, ni Democracia sin Justicia. El gobierno de Macri debería tenerlo en cuenta, y pensar en las experiencias de las democraduras , que como la de Fujimori en Perú, o la de Bordaberry en Uruguay, concluyeron de la peor manera.

La conciencia social movilizada de nuestra comunidad política, junto con el compromiso y el contrato celebrado entre los argentinos después de la noche larga de la dictadura y con el retorno de la Democracia, no pueden dejar pasar como inadvertido el cúmulo de vulneraciones convencionales y constitucionales que la restauración autocrática y conservadora del macrismo viene pergeñando y ejecutando en todos los ámbitos, para lograr una dirigencia y una sociedad sumisa y temerosa, que no se rebele contra la entrega del patrimonio nacional, el endeudamiento serial y la destrucción de derechos de los sectores más vulnerables. De nosotros depende que no logren su objetivo.

*El autor es abogado, profesor de Derecho Público de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UNDAV

Foto Nuevo Diario

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