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La Oficina Anticorrupción de Laura Alonso en medio de un “conflicto de intereses”

La OA contrató como agente de prensa a una empresa vinculada al PRO, que además entre sus funciones realiza lobbyng para empresas privadas. La “transparencia cero” te la debo.

22 de enero

Día a día aquel slogan con el cual el macrismo construyó parte de su discurso, en contraposición con el Gobierno anterior, se desmorona. El escándalo del ministro de Trabajo sucedido en los últimos días, que puso en la mira no sólo a Triaca sino a varios funcionarios del Gobierno como Gladys González.

Este lunes el periodista Sebastián Lacunza denuncia en Página 12 un conflicto de intereses que vuelve a poner sobre el tapete el accionar de la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso. El colmo de la “transparencia cero” la oficina encargada de resguardar la “ética pública” y velar por “por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular” se encuentra envuelta en un “conflicto intereses”.

Según denuncia Lacunza a fines del año pasado la OA contrato como responsable de prensa a una consultora que posee vínculos con el macrismo y además entre sus funciones incluye el lobbying, es decir la representación de intereses privados ante el Estado.

Se trata de Consuasor, fundada en 2005 por tres jóvenes egresados de la Universidad Católica. Juan Gentile, fallecido el pasado 25 de septiembre, fue uno de esos jóvenes emprendedores. Gentile “fue jefe de prensa del bloque PRO en el Congreso entre 2008 y 2012, responsable de prensa del PRO entre 2012 y 2015, y subsecretario de Comunicación Pública desde el inicio del gobierno de Macri” consigna el periodista. También fue colaborador de Federico Pinedo en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, las tareas a realizar de la consultora contratada choca con lo estipulado en la Ley de Ética pública. En el artículo 2 se establece que el funcionario debe “velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”.

Mientras que en el artículo 13 se impone que “es incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado”.

Laura Alonso había adelantado en las últimas semanas que modificarían la ley de ética pública para evitar casos de conflicto de interés como sucedieron con los ministros Juan José Aranguren y Luis Miguel Etchevehere, además del propio presidente con el correo cuando el Gobierno nacional aceptó el perdón de casi la totalidad de una deuda que la empresa Correo Argentina S.A. mantenía con el Estado nacional. La cifra implicó un perdón que supera los $ 70.000 millones.

Una vez más el entramado de relaciones políticas y económicas entre la casta de funcionarios políticos y los grupos empresarios están a la orden del día. (LID)

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