LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Asesinato en la cárcel de Jujuy

Con un fuerte cuestionamiento internacional al gobernador y la Justicia por la detención ilegal de Milagro Sala, Jujuy fue nuevamente tapa del escándalo político con el asesinato del interno Nelson Cardozo. Se trata del sobrino del dirigente de la Red de Organizaciones Sociales de la Tupac Amaru, “Beto Cardozo”, también detenido por una causa vinculada a la dirigente social.

Las fuerzas penitenciarias en todo el país están descompuestas. Pero en este caso la realidad superó a series como Tumberos o El Marginal. Nelson fue asesinado a golpes, como comprobó la autopsia, alrededor de las 8 de la mañana del martes 6. Sus compañeros de celda encontraron el cuerpo sin vida a las 11.30, pero las autoridades del Servicio Penitenciario informaron recién a las 15.30 hs a través de un comunicado donde aseguraban que se trató de un suicidio.

Las marcas en el cuello del joven ya sin vida fueron realizadas intencionalmente para simular que éste se había ahorcado, como aseguró el Servicio Penitenciario. Los compañeros de celda sospecharon que no era verdad, pidieron explicaciones y fueron brutalmente reprimidos al interior del penal. Al igual que los familiares que se concentraron en la puerta ante la incertidumbre y preocupación por la integridad de sus seres queridos.

Para tratar de ocultar la responsabilidad del Servicio Penitenciario en este vil asesinato y las torturas y extorsiones denunciadas por la familia Cardozo para lograr declaraciones contra Milagro Sala, la investigación fue rápidamente dirigida hacia un “ajuste de cuentas” entre los propios presos. A su vez, decenas de internos permanecen castigados y sufriendo torturas, como denuncian sus familiares, e impiden el ingreso de organismos de DDHH al penal para evitar que estos puedan denunciar lo ocurrido.

La práctica del apriete a los detenidos es la contracara de la falta de pruebas para sostener la detención ilegal de Sala desde que fue encarcelada por realizar un acampe de protesta el 16 de enero. Esa falta de argumentos fundamentan las resoluciones que solicitan la liberación de Sala por parte de la ONU y la OEA. Algo que desde el inicio de la detención sostuvimos desde el PTS-Frente de Izquierda junto a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas de todo el país.

Otro hecho que supera la ficción es que el Penal N° 1 de Gorriti siga funcionando habiendo sido un centro clandestino de detención en la dictadura como atestiguan los detenidos durante los juicios por la verdad e incluso habiendo sido sus jefes policiales (Antonio Vargas, Carlos Ortíz, Ricardo Ortíz, Herminio Zárate y Mario Gutiérrez) imputados por delitos de lesa humanidad. Una muestra más de que la impunidad vive en la provincia.

Cambio de régimen a la derecha

Acorralado por el cuestionamiento internacional a la detención de Sala, que empezó a ser un problema político para el Gobierno Nacional de Mauricio Macri, y el asesinato de Cardozo, Gerardo Morales realizó el 9 de diciembre un “acto por la paz, la unión y libertad civil”, que pretendió utilizar como una demostración de fuerzas para legitimar su política represiva.

Allí dejó en claro su objetivo de instalar una “nueva matriz” de convivencia con el eje puesto en el fin de los piquetes y la protesta social. Es lo que denunciamos desde la izquierda como la instauración de un régimen policíaco que encontró en la detención de Sala la mejor excusa para avanzar sobre el conjunto de los trabajadores y sectores populares restringiendo su derecho a la protesta.

La foto del acto oficial mostró a los actores de este cambio. El gobierno radical massista con el conjunto de funcionarios e intendentes, incluso los del PJ fellnerista, se ubicó en el palco de la oligarquía política tradicional. Detrás de la escena los dueños de la Provincia y de lo más rancio que participó directamente en la desaparición de obreros como es Blaquier del Ingenio Ledesma (UIA local) o Minera Aguilar (Cámara Minera), sin olvidar los terratenientes y explotadores tabacaleros junto a otros grandes empresarios. Ellos son los que exigen que Sala siga detenida y así gozar de los beneficios de la judicialización de las huelgas y protestas como sucedió contra los obreros azucareros de Ledesma y La Esperanza o los metalúrgicos de Aceros Zapla este año.

Pese a las medidas de Macri y las ayudas gestionadas por Morales que beneficiaron a estos sectores con la devaluación y la quita de retenciones o el negocio del biodiesel, las patronales quieren más ganancias y con el disciplinamiento de los trabajadores obtienen una vía para lograrlo.

Capital nacional de la represión y la impunidad

Fuimos los primeros en hacer público que Morales armó una Justicia con mayoría propia como había hecho Menem en los 90´. Y cuando detuvieron a Milagro Sala por un acampe y luego desplegaron una lluvia de medidas persecutorias y contra las libertades democráticas, fuimos los primeros en denunciar que la política del gobierno buscaba hacer de Jujuy un laboratorio del ajuste y de la represión.Y al igual que hacían las gobernadoras del FPV en Tierra del Fuego y Santa Cruz contra los estatales, si triunfaba la dupla Morales-Haquim, este esquema lo iban a llevar al resto del país. No es causal entonces la intimidación que recibimos en nuestro local el pasado fin de semana.

Bajo esta premisa es que estuvimos en la primera fila de la exigencia de libertad a Milagro Sala, pese a las profundas diferencias políticas que nos separan, y defendimos a todos aquellos que recibieron el ataque del Estado. Las despedidas en la SAF en donde estuvo también como víctima nuestra compañera Natalia Morales, ex candidata a gobernadora por el FIT. Los referentes obreros del PTS Silvio “Choper” Egüez de La Esperanza o en Aceros Zapla, Julio Mamaní, que enfrentan causas penales por denunciar la corrupción de la empresa o hacer paro. O Alejandro Vilca que fue expulsado del sindicato municipal con el aval del Ministerio de Trabajo y de la Justicia. Y decenas de casos más de dirigentes de pueblos originarios, del movimiento LGTBI o jóvenes de los barrios populares a los cuales les aplicaron el Código Contravencional.

Mientras el kirchnerismo hablaba de “resistir con aguante” y el PJ fellnerista se mantenía en pleno silencio, tomamos la delantera y convocamos a organismos de derechos humanos y a legisladores de todo el país que se dieron cita en la provincia el 9 de septiembre para tomar registro y denunciar todos estos atropellos. Cuestión que nos valió el espionaje de la Gendarmería Nacional como denunciaron los diarios nacionales, y que nuestra compañera Myriam Bregman también recibiera una intimidación de la empresa del genocida Blaquier que le envió una carta al Congreso de la Nación.

La defensa de las libertades democráticas se ha tornado en Jujuy una cuestión vital que desde el PTS-Frente de Izquierda seguiremos peleando con fuerza como parte de la organización de los trabajadores, las mujeres y la juventud para enfrentar a la derecha en el gobierno y a los empresarios.