LESA HUMANIDAD Impunidad a los genocidas: política de Estado

En un fallo dividido y sin precedentes, la Corte de la Nación revocó el fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación que había revocado el arresto domiciliario de Alespeiti, habilitando así que el represor Felipe Alespeiti pase sus días en su domicilio.

Alespeiti fue condenado a 22 años de prisión en el marco de la causa contra los responsables del Primer Cuerpo de Ejército y a 12 años en la causa Plan Cóndor. Fue uno de los jefes del Regimiento de Infantería I Patricios, en calidad de lo cual también fue jefe del Area II de la subzona Capital Federal entre el 16 de octubre de 1975 y el 22 de septiembre de 1976.

Sin embargo, los beneficios de la impunidad los ha gozado desde hace años, cuando el Tribunal Oral Federal Nro 5 lo absolvió en 2009 (en la citada causa contra los jefes de Área del Primer Cuerpo de Ejército), junto a Teófilo Saa y a Humberto José Lobaiza a pesar de que la Fiscalía y las querellas habían solicitado 25 años de prisión por ser responsable de más de 100 secuestros y las desapariciones, entre otros muchos casos, del escritor Haroldo Conti y del hijo del poeta Juan Gelman, Marcelo. En esa oportunidad, Luis Bonomi, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y uno de los abogados de la querella en representación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos considerá las absoluciones como “indignantes” y señaló al Tribunal por ser “cómplice de la impunidad” y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura.

Luego de mucho batallar para obtener una condena, en junio de 2012 la la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó las absoluciones del TOF 5 y condenó a Alespeiti a 22 años.

Casi cinco años después, la Corte Suprema viene a dictar una nueva sentencia de impunidad, sentando un precedente grave.

Impunidad y cinismo Supremos

Con las firmas de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte revocó, como decíamos, la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación que había revocado, a su vez, el arresto domiciliario de Alespeiti, al considerar el "riesgo de fuga" y el compromiso de la “responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar efectivamente el cumplimiento de la pena”. El fallo de Casación hacía mención también a una cuestión central y tenía en cuenta que en las causas de lesa humanidad "no debía estarse a la edad o aptitud de salud del imputado", sino también considerarse la "capacidad de la persona e influir en las estructuras de poder del que formó parte y con el que conformó una red continental de represión".

No es esto un detalle menor, las consecuencias de las capacidades operativas y de las redes que los genocidas mantienen con civiles, policías y militares en la actualidad, aun estando en prisión, se vio crudamente en la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave contra Miguel Etchecolatz. Así lo denunció Myriam Bregman y el CeProDH, oponiéndonos siempre como el conjunto de los organismos de derechos humanos a que los genocidas sean beneficiados con este privilegio que es sistemáticamente violado por los militares. Así lo hemos expresado en todas las querellas de las que fuimos parte y en nuestros alegatos, reclamando condenas por genocidio y cárcel común y efectiva, sin atenuantes.

Los responsables del genocidio en nuestro país no merecen el menor de los privilegios. No se trata del peligro de fuga solamente, sino como hemos denunciado, de una señal de impunidad hacia el conjunto de los que fueron parte de la maquinaria genocida.

El juez Maqueda en su voto argumentó que el otorgamiento de la prisión domiciliaria argumentó, anticipándose a las críticas, que esta decisión “no
puede implicar tolerar o fomentar que, como un subterfugio que brinde amparo a alguna forma de impunidad, se adopten temperamentos análogos cuando ello no está verdaderamente justificado en circunstancias fundadas”. Una burla, cuando sabemos que la mayoría de los genocidas tiene más de 75 años y las “cuestiones de salud” propias de la edad son siempre la excusa para dejarlos salir de la cárcel.

Por su parte Rosatti, al igual que Rosenkrantz, no ahorró detalles en la descripción de los achaques de Alespeiti, y cerró su voto señalando que “la humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado del Derecho, para diferenciarse de la barbarie, la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes”.

Hablar de imparcialidad para beneficiar a un genocida, en boca de un poder judicial que procesa a luchadores obreros y populares, que llena las cárceles de jóvenes pobres, con un altísimo índice de causas armadas, que ampara a los grandes empresarios saqueadores, a las mafias policiales responsables de la trata, la explotación sexual, el narcotráfico, es un mal y grotesto chiste. Da bronca.

A tono con la política de reconciliación

La Corte responde demagógicamente a los reclamos que no vienen, como históricamente venía sucediendo, de los familiares y de los propios genocidas. El gobierno ha dado importantes espaldarazos a estos pedidos y los Supremos se alinean. El propio secretario de derechos humanos, Claudio Avruj, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reciba a familiares de genocidas, mientras aplaude la detención ilegal de Milagro Sala.

Ayer mismo se manifestó complacido por la decisión de la mayoría del máximo Tribunal y señaló a Infobae que "es un salto cualitativo de la Argentina ya que se muestra el derecho de igualdad para todos los argentinos ante la ley y permite que no haya una violación de los derechos humanos para quienes reclaman el cumplimiento de la ley".

El Tribunal Supremo se pone a tono con la política del gobierno de reconciliación con los militares genocidas.

Al mismo tiempo, hay que destacar que luego de once años de la reapertura de los juicios de lesa humanidad, sólo hay 750 condenados según los últimos datos aportados por el Ministerio Público Fiscal. Si tenemos en cuenta que durante la dictadura hubo cerca de 600 centros clandestinos de detención, las condenas llegan a poco más de un genocida por centro de exterminio.

Se encuentra condenado solamente del 30 % de los 2.780 imputados. A este ritmo, está claro que primará la impunidad para el conjunto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, además de los civiles, implicados en el genocidio. De todos ellos más de la mitad se encuentra en libertad, y dentro de los que están detenidos, más de la mitad (518 de un total de 1.044 detenidos) goza del beneficio de la prisión domiciliaria. El fallo de la Corte es un enorme aval para que la impunidad siga en aumento.

Un verdadero escándalo que demuestra que la pelea por juicio, castigo y cárcel común sigue más vigente que nunca y que debemos fortalecer esta lucha.