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Jueces e información.

El periodismo entiende que cumple su papel informando sobre todas las cuestiones de interés público que suceden en el seno de la comunidad. La Constitución Nacional es muy clara cuando obliga a dar publicidad de los actos de gobierno y es cierto que los poderes Ejecutivo y Legislativo, han asumido esta función con mayor naturalidad. Es entendible pues sus integrantes son "animales políticos" por excelencia, deben prestarse al juego del debate público para llegar a la ciudadanía con sus propuestas e ideas a fin de aspirar a acceder, o mantener, cargos en ambos poderes. Ese debate, por lo general, se lleva a cabo a través de los medios de comunicación, de ahí que la comunicación entre los periodistas y quienes pertenecen a esos dos poderes suele desarrollarse con mayor naturalidad.

25 de septiembre de 2014| LA ARENA |

Es muy distinta la situación con los integrantes de la Justicia. Es sabido que este poder del Estado es, como suele decirse, él "menos democrático", el que no está sujeto al escrutinio popular, el que posee mecanismos muy distintos para la elección o el relevo de sus miembros pues sus mandatos no cumplen con la exigencia de la renovación periódica como sí ocurre con los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Es evidente que esta circunstancia nada menor termina por imponer sobre jueces y fiscales una mirada muy diferente acerca del debate público con respecto a los representantes de los otros dos poderes. Y no es porque abordan cuestiones menores. Al contrario, los magistrados son los funcionarios cuyas medidas más directamente influyen en la vida de las personas. Son los que tienen en sus manos decisiones cruciales como la libertad o la disponibilidad de los bienes de los ciudadanos que por las más diversas circunstancias deben responder ante el requerimiento de la Justicia.

De ahí que el vínculo entre estos funcionarios y los periodistas adquiera, por lo general, un tono distinto. El viejo apotegma de que los jueces "hablan por sus sentencias" es bien demostrativo de esa mirada que, afortunadamente, ha comenzado a ser cuestionada en los últimos tiempos. El último período democrático, que lleva más de tres décadas, aportó avances muy sólidos en materia de ampliación de derechos de la ciudadanía, entre ellos uno de enorme importancia, el derecho a la información.

Pero todavía resta mucho camino por recorrer, especialmente, en el campo judicial. Si bien muchos jueces y fiscales han comenzado en los últimos tiempos a cambiar y a considerar que deben informar sobre los casos que deben resolver, aún resta mucho por hacer. Especialmente porque hasta ahora esa función pasa, básicamente, por la iniciativa personal, por el carácter de cada funcionario. Muchos de ellos todavía se aferran a aquella anacrónica sentencia que citamos y creen que hablar por la prensa es impropio de su investidura. Ese error conceptual va, muy lentamente, cediendo paso a las nuevas corrientes pero, como se dijo, básicamente por impulsos personales.

Por todo lo expuesto resultó positiva la jornada que tuvo lugar en nuestra ciudad la semana pasada organizada por el Colegio de Magistrados. El disertante, con pergaminos en la materia, fue muy claro. En síntesis, destacó la importancia de que jueces y fiscales comuniquen sobre su trabajo, que pierdan el temor a hablar con el periodismo, que la mejor forma de que la ciudadanía pueda estar bien informada -libre de rumores interesados o versiones distorsionadas- sobre las causas de interés público que se tramitan en los tribunales, es comunicar con claridad para que el pueblo pueda "saber de qué se trata", ya que es un derecho inalienable alcanzado con las instituciones de la democracia.

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