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Hasta la ONU dice que el Estado argentino tortura sistemáticamente

El Comité contra la Tortura publicó un informe sobre violencia institucional en el país. La situación en cárceles y comisarías, detenciones arbitrarias, femicidios y migración, entre los ítems analizados.

16 de mayo| Daniel Satur |

El fin de semana el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas hizo público un informe sobre la situación en Argentina, con conclusiones y recomendaciones al Estado, basado en una serie de exposiciones realizadas durante abril en Ginebra (Suiza) por parte de funcionarios de Cambiemos y de denuncias de organismos de derechos humanos.

Entre los puntos analizados por el Comité de la ONU se encuentran las constantes denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas bajo todos los gobiernos, tanto en cárceles y comisarías como en barrios y calles por parte de las instituciones estatales penitenciarias y de “seguridad”.

También se analizaron los casos de violencia hacia las mujeres, hacia el colectivo LGTB y hacia la población migrante.

El análisis no se centra sólo en lo ocurrido en la materia durante el último año, sino que registra denuncias y datos comparativos de, en algunos casos, una década atrás. La aclaración no es menor, ya que en este punto las conclusiones abarcan tanto a las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri al frente de la presidencia de la nación.

Conclusiones

A fines de abril el Comité contra la Tortura se reunió para evaluar una serie de informes oficiales que le fueron entregados por una comitiva del gobierno nacional encabezada por el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj. A su vez esa información se cotejó con otros datos y denuncias suministrados por organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El informe cuestiona las torturas y los maltratos persistentes en los lugares de encierro de jurisdicción federal (por razones formales, las cárceles y comisarías provinciales no fueron parte del análisis), el elevado número de muertes en los lugares de detención (con la ausencia de investigaciones posteriores que determinen las razones de esos decesos), las políticas que refuerzan esas situaciones (como la reforma de la ley 24.660 de ejecución de la pena) y la ausencia de medidas que tiendan a hacer bajar el nivel de violencia institucional contra la población y, muy especialmente, contra sus sectores más vulnerables.

El Comité expresa “su inquietud ante el impacto de la sobrepoblación en la degradación de las condiciones sanitarias, la deficiente alimentación y acceso a la atención médica y en la falta de separación entre personas condenadas y procesadas, tal y como documentan varios litigios colectivos presentados en todo el país”.

Al mismo tiempo cuestiona “el marco de detenciones policiales sin orden judicial, particularmente de jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conductas delictivas”.

El informe a su vez menciona el “elevado número de muertes” en sitios de detención. Según algunas cifras oficiales, entre 2008 y 2016 ese número se ubicó en un promedio 43 fallecimientos anuales sólo en el sistema penitenciario federal. Pero destaca, al mismo tiempo, el “alcance limitado de estos datos -por circunscribirse a la categoría federal- y anota con preocupación la discrepancia con otros informes que contabilizan un total de 1930 muertes en todo el país desde 2010”.

Sobre los “grupos especialmente vulnerables en contextos de encierro como las mujeres o el colectivo de personas trans”, el Comité se mostró preocupado las condiciones de detención y prácticas vejatorias sistemáticas.

Y respecto a la población migrante en Argentina, se cuestiona “la reciente sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia No. 70/2017, que deroga parte de las garantías de la Ley 25.871 de Migraciones e introduce un procedimiento de expulsión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los plazos para recurrir la expulsión”.

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