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Ganan los miserables con la ayuda del Estado: ¿esto es el pacto social?

“En cada crisis ante el miedo se busca más Estado” decía Martín Wolf, jefe editor del Financial Times, al ser entrevistado en el diario Perfil. Es así que desde usinas liberales hasta quienes fantasean con la vuelta de cierto keynesianismo social, se pretende levantar un manto de legitimidad al accionar de gobiernos y Estados que han vuelto a la opción de salvar al gran capital como sucedió en la última crisis financiera de 2008.

7 de mayo

Lo vemos en los paquetes de rescate millonarios de los Estados que encabeza Estados Unidos, que implementó el más grande de su historia (al menos 20% de su PBI), los cuales tienen como destino principal salvar a los especuladores –mediante la compra de acciones y bonos-, ayudas a las empresas con tal de evitar que su quiebra ponga en peligro al sistema bancario.

La enorme compra de títulos financieros por parte de la Reserva Federal dio alguna calma a los especuladores que llevaron a la bolsa de Wall Street a recupera gran parte de las fuertes pérdidas ocurridas desde el inicio de la pandemia.

Los gobiernos sacaron lecciones de la última crisis financiera y, en esta ocasión, los volúmenes del gasto público para evitar bancarrotas son muy superiores. También lo son los pronósticos recesivos, en el aquel momento la economía mundial apenas cayó un 0,1%, esta vez se espera al menos, un retroceso del 3% según el pronóstico más benévolo del FMI.

El otro escenario, tiene como telón de fondo una crisis que según el propio organismo solo es comparable con la Gran Depresión iniciada en 1930. En tan solo seis semanas 30 millones de personas quedaron sin empleo en Estados Unidos y en el mundo la OIT calcula que en el segundo trimestre del año la pérdida de horas de trabajo equivale a 305 millones de empleos de tiempo completo.

Es esta situación, en el marco de una “agitación social emergente” como define un documento del Banco Mundial para América Latina a partir de los casos de Chile, Colombia, Ecuador o saliendo de la región, Francia, Líbano, Hong Kong, entre otros países, donde el retorno de lucha de clases desde fines del año pasado puso en alerta a los gobiernos. De esta manera combinan el rescate a las empresas con ciertas dosis de ayudas temporales a sectores de trabajadores perjudicados por las medidas de confinamiento obligatorio ante la pandemia.

En el país el peso de la deuda pública y los condicionamientos del capital financiero dejan menores márgenes para la acción del Estado, en un momento donde el default es un escenario para nada descartable, ante un fracaso en las negociaciones de reestructuración de deuda. Sin embargo, aún con estas restricciones fiscales, al igual que en el resto del mundo, no se modifica el sesgo pro capital del mayor gasto público.

Un estudio de la economista Agostina Constantino recopilado anuncios mediáticos –a falta de información oficial ordenada- indica que el 72% del gasto público por la cuarentena se destina a las empresas; si además consideraríamos las ayudas indirectas –como son las facilidades fiscales- el aventón a los empresarios es aún mayor.

Pero los límites del gasto público del Estado van acompañados de medidas directas a favor del capital en lo que ya empieza a ser una reforma laboral de hecho con la excusa de los efectos de la cuarentena. El acuerdo firmado por la CGT con la UIA les permite a las patronales recortar el 25% de los salarios del sector privado, un promedio de 11 mil pesos por trabajador, algo que rige para todo el país.

El propio Presidente calificó a este acuerdo como histórico en una reunión junto a los empresarios que al inicio de la pandemia había tildado de miserables. Estaban industriales de la UIA, la Sociedad Rural, banqueros, entre otros. El festejo del robo perpetuado a los trabajadores fue brindando con los mismos a quienes semanas atrás Fernández había beneficiado con el decreto (329) que habilita las suspensiones con rebajas salariales que llegan, al menos, a 710 mil trabajadores. Son estos empresarios los que le pidieron al gobierno que evite el default, que en sus términos, no es más que mejorar el negocio a los especuladores a quienes ya les dijeron que acepten “ganar un poco menos”.

En la provincia son estos mismos empresarios los que reciben ayuda del gobierno para iniciar la zafra, con supuestos protocolos de coronavirus, cuando empresas como Ledesma ordenaron seguir trabajando en cuarentena a obreros mayores de 60 años –sin que ninguna autoridad de gobierno lo objetara-, tampoco cuentan con protocolos de dengue cuando la epidemia superó los 2.500 casos, mientras solicitaron el recorte del 30% del salario a los empleados del papel. A esta altura, si hay empresarios miserables con derechos es por hay un Estado que se los garantiza.

Pero no podemos dejar de mencionar que en esta misma reunión en la quinta de Olivos participó Hector Daer, uno de los eternos traidores de la CGT, quien copa en mano dijo “uno de los datos que nos dio el Presidente es que una vez que el Congreso se ponga en marcha va a enviar un proyecto de Concejo de Desarrollo Económico y Social para de esa manera entre todos los actores poder discutir la salida y el país que viene.” (Clarín 4/5).

¿Alguien puede creer que con estas medidas tomadas en el presente el futuro que deparan para las mayorías trabajadoras sea mejor?

Aunque sea difícil de creer, hay que advertir de toda la operación en curso para desarrollar más o menos lo mismo de siempre, aunque con ciertas dosis discursivas de cierto “estatismo” y, tal vez, de un “pacto social con opción por los pobres”, formas amistosas de preservar las conquistas neoliberales con un refuerzo de la asistencia social; mientras la pobreza que llega al 35,5% (52% de los niños), la informalidad laboral afecta a un tercio de las y los trabajadores, 12 millones se anotaron para recibir el bono de 10 mil pesos de emergencia y el desempleo cercano a los dos dígitos vuelvan a pegar saltos como diferentes consultoras lo adelantan. Hay una disputa programática e ideológica por dar vuelta la página de los últimos cuarenta años, abriendo paso a una salida anticapitalista que permita sortear la trampa de cambiar algo para que lo esencial de los negocios capitalistas no cambie en nada. Preparar esta pelea, siendo conscientes que la magnitud de los acontecimientos en curso llevan inscriptos una lucha de clases abierta, es lo que puede permitir que esta vez la crisis la paguen los grandes empresarios y sus gobiernos. (LID) Por Gastón Remy / Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.

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