GENOCIDIO Y DESPUÉS La fiesta en la ESMA y el desprecio macrista por la memoria y los derechos humanos

No es ninguna novedad que este Gobierno no tiene ningún respeto por las víctimas del genocidio, sus familiares y el pueblo que tiene memoria. Ya demostró de varias maneras su total desprecio por la historia del genocidio (será porque algunos funcionarios o la familia del mismo Presidente se enriquecieron en aquella etapa), negando la dimensión del terrorismo de Estado, echando un manto de dudas sobre la existencia de 30 mil personas detenidas desaparecidas, intentando reflotar la teoría de los dos demonios.

La ex ESMA fue el campo de concentración en donde estuvieron secuestrados los padres de quien suscribe, Gustavo Delfor García Cappannini desde el 14 de octubre de 1976 y Matilde Itzigsohn desde el 16 de marzo de 1977, quienes continúan desaparecidos; junto a alrededor de cinco mil compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos y en el que sufrían feroces torturas y se arrojaba a las personas vivas al mar. El reciente escándalo por la fiesta que allí realizó el macrismo tiene antecedentes en el gobierno kirchnerista.

La gestión actual, como la anterior, tienen en común el desprecio por mantener el espacio con su significado y desde el cual se pueda transmitir el horror instalado por el genocidio así como la reconstrucción de las historias de vida de las y los militantes. En ambas gestiones hubo festejos y “asaditos”.

Esta vez, la fiesta fue el día de los inocentes -¿se trataría de una broma que nos hacen a los familiares, luchadores y organismos de derechos humanos?- y no se privaron de nada, emborracharse y bailar sobre los escritorios estuvo a la orden del día.

La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en un comunicado hace alusión a las borracheras de los genocidas en el campo de concentración y resulta muy triste y cínico que hoy haya funcionarios del Gobierno que se emborrachen en el mismo predio del horror. La inocencia no nos vale.

Esta vez a una funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos -sólo a una- responsable técnico administrativa y contable del Espacio Memoria y Derechos Humanos, Karina Nuñez, le costó su cargo por “comportamiento impropio”.

Obviamente el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj tomó esta resolución sólo por el escándalo desatado. El comunicado dice: ”La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural remarca una vez más que el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) es un ámbito que, por su trágica y dolorosa historia, debe ser motivo de reflexión y respeto por parte de toda la sociedad, y que en virtud de ello los funcionarios que se desempeñan en el mismo deben guardar, más que nadie, el debido decoro en el ejercicio de sus funciones. Conscientes de esta situación, se adoptó la medida referida".
Un poco tarde reflexionaron.

Todo esto es en la misma linea política que llevó adelante el Gobierno en materia de derechos humanos. Estrenó la gestión despidiendo a miles de trabajadoras y trabajadores, reprimiento brutalmente varias luchas de la clase obrera, y más recientemente a las compañeras y compañeros mapuches cuyas tierras fueron saqueadas por la empresa Benetton.

Encarceló en enero de 2016 y mantiene detenida ilegalmente a Milagro Sala, frente a lo cual Claudio Avruj se desentendió argumentando que es un “asunto de la Justicia”. El Estado argentino sigue desconociendo los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas .

El Presidente dejó muy en claro qué signifcan los derechos humanos para el Gobierno cuando en una entrevista televisiva confundió el término diciendo “recursos humanos”.

En cuanto a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura, actualmente, el 44 % de los imputados cuentan con el beneficio del arresto domiciliario, cuestión que ya se venía desarrollando en el gobierno anterior. Respecto de esto, Claudio Avruj dijo que “es prerrogativa del juez conceder las domiciliarias y nosotros consideramos que debemos atenernos al derecho en igualdad de condiciones ante la ley para todos los ciudadanos y habitantes”.

La Justicia tiene un claro carácter de clase, mientras las cárceles están superpobladas de jóvenes pobres sin condena, muchos de los represores gozan de condenas en sus casas lujosas.

En abril de 2016 la apologista del genocidio, Cecilia Pando, se reunió en secreto con el Gobierno, el ministro Germán Garavano lo ocultó, el dato se filtró y llegó a Página/12 y la misma Pando lo confirmó. Fue dos semanas después de que se hiciera público un fallo judicial a su favor y en contra de la libertad de expresión de la revista Barcelona. En la reunión planteó su preocupación por las “irregularidades” que considera hay en los juicios a criminales de lesa humanidad.

Que una defensora confesa de las torturas, las desapariciones de personas y hasta las apropiaciones de bebés cometidas durante la dictadura sea recibida de forma privilegiada por el gobierno nacional y apoyada por la corporación judicial a costa de emitir una sentencia violatoria de la elemental libertad de expresión, son componentes de una misma línea político-institucional. Ya Claudio Avruj había recibido a familiares de represores tres meses antes en la ex ESMA y dos semanas antes en el Ministerio de Gobierno.

En Tucumán se llegó a uno de los puntos más altos de este envalentonamiento de sectores de extrema derecha cuando se llevó a cabo en Julio de 2016 el desfile del Bicenternario con la presencia de represores que participaron del Operativo Independencia, quienes fueron aplaudidos de pie por autoridades provinciales y nacionales.

En agosto de 2016 se publicaron algunos archivos de Estados Unidos sobre la dictadura luego de un acuerdo firmado entre Macri y Obama en marzo. Estos archivos desclasificados pueden aportar alguna información que hasta el momento no se tenía pero difícilmente contengan datos sensibles que sirvan para juzgar a quienes se vieron beneficiados con el genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar.

Y el Gobierno se sigue negando a abrir los archivos de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas, reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, para conocer quiénes fueron los responsables, el destino final de nuestras madres y padres, y de nuestras hermanas y hermanos víctimas de apropiación.

Todo esto sumado al intento por imponer nuevamente la teoría de los dos demonios; el avance de la autonomía de las Fuerzas Armadas, la búsqueda del final de los juicios por delitos de lesa humanidad, expresados en la nefasta editorial de La Nación a favor de los represores publicada al día siguiente del triunfo electoral del macrismo, el intento de bajar la edad de imputabilidad y la creciente represión a las luchas.

Por todo esto el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) continúa en la lucha por cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas, contra la baja de la edad de imputabilidad y la persecusión y represión a los jóvenes y a los luchadores.

Treinta mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre.