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Escuchas: más poder a la Corte Suprema de Justicia

El presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y el ministro de Justicia Germán Garavano acordaron ampliar el alcance de las “pinchaduras legales”. La oficina encargada de las escuchas tendrá más poder.

23 de mayo| Rosa D’Alesio |

La Oficina de Captación de Comunicaciones, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, firmó un acuerdo con el Ministerio de Justicia en el que se amplían sus facultades y autoriza mayor almacenamiento de información estatal.

Esto permitiría, según dicen los que avalan este convenio, “ayudar mejor a los jueces en la búsqueda de prófugos y en las investigaciones de delitos complejos”.

Este convenio faculta a la dirección antes conocida como “Ojota”, que realiza las “pinchaduras” legales de teléfonos, acceder a datos de la Inspección General de Justicia, el Registro de Propiedad Inmueble y Automotor y bases de datos personales. También se firmaron convenios con la Unidad Fiscal de Investigación (UIF) y la AFIP.

El director ejecutivo de la Oficina de Captación de Comunicaciones, Juan Tomás Rodríguez Ponte, explicó que el acuerdo firmado entre Garavano y Lorenzetti tiene por objetivo “agilizar la Justicia y ayudar en el entrecruzamiento de información”.

Jueces de Comodoro Py, que se entusiasman con el proyecto, dijeron a la prensa que el nuevo protocolo dará a los jueces “mejores herramientas para investigar delitos económicos y para recuperar bienes de origen ilícito para el Estado”.

Los alcances del convenio permiten que “a requerimiento de autoridades judiciales” la ex Ojota tendrá acceso a las múltiples bases de datos de los organismos del Ministerio de Justicia; la confección de un “mapa de riesgos” donde se incluyan las causas judiciales, las sentencias y las estadísticas en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo; se ordena la redacción de un “protocolo” para investigar delitos económicos y recuperar bienes de origen ilícito para el Estado.

Al concentrar toda la información, los jueces podrán remitirse a una sola oficina del Poder Judicial y no tendrán que librar oficios a varias dependencias, lo que agilizaría, según los miembros del Poder Judicial, los procesos.

El protocolo será evaluado por un comité de expertos integrado por los jueces federales Ariel Lijo, Claudio Bonadio y Sergio Torres; los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano; el fiscal de Casación Raúl Pleé, y el camarista de Casación Mariano Borinsky.

Comité de expertos

Muchos de los que integran el comité de expertos cuentan, más que con un curriculum, con un prontuario. Entre los destacos encontramos a Claudio Bonadio, quien integró la “servilleta” menemista, procesó a periodistas como Marcelo Bonelli por el delito de violación del secreto fiscal (en base a un artículo publicado en el año 2000), sobreseyó a varios funcionarios del menemismo procesados por distintos casos de corrupción y fue apartado de la causa AMIA por cajonear la investigación sobre el encubrimiento y las pistas falsas plantadas en la causa por el atentado a la mutual judía.

Podríamos seguir dando ejemplos de quiénes son los expertos que tendrán en sus manos el poder de concentrar las escuchas “legales”. Pero no se trata sólo de quiénes son estos expertos, sino de cuáles son los objetivos de las escuchas telefónicas, estén en manos de funcionarios de los servicios de inteligencia o del Poder Judicial.

Siempre están al servicio de manipular la información para abrir causas judiciales a los trabajadores y los luchadores populares, como fue el caso de un familiar de la víctimas de la AMIA (lo que no quita que con las escuchas también se armen carpetazos entre distintas fracciones burguesas).

Cuando Macri era jefe del Gobierno porteño mandó a “escuchar” a su cuñado Daniel Leonardo, a Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA, y a trabajadores docentes. Por este caso fueron indagados el exministro de Seguridad, el ex de Educación y el propio Macri. Finalmente fueron procesado el exjefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y el espía Ciro James.

Sin embargo la causa que investigaba la responsabilidad del exjefe de Gobierno fue cerrada veinte días después de que éste asumiera la presidencia de la Nación. El juez federal Sebastián Casanello fue el responsable de beneficiar a Mauricio Macri con el sobreseimiento. ¿Justicia independiente?

Después de la crisis de la ex SIDE, durante el gobierno de Cristina Kirchner, las pinchaduras de teléfonos pasaron a manos de la Procuraduría de la Nación, conducida por Alejandra Gils Carbó. Bajo el gobierno de Macri, en su lucha contra la procuradora, pasó este poder a manos de la Corte.

Hoy los Supremos, después de la crisis abierta tras el fallo de impunidad para los genocidas con la aplicación del 2x1, reciben más poder. Un arreglo en las alturas a cuenta de futuras necesidades mutuas. (LID)

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