Escándalo: Triaca quiere destituir jueces que avalaron aumento a bancarios

El conflicto surgió en las últimas semanas, a raíz de un acuerdo (firmado en noviembre pasado) entre los bancos y el sindicato que el Ministerio de Trabajo intentó invalidar. Tras largas negociaciones y el anuncio de 72 horas de huelga, finalmente los bancarios confirmaron el aumento.

Pero el ministro Triaca y el Gobierno se quedaron “con la sangre en el ojo”. Es así que el Poder Ejecutivo Nacional presentó un pedido de juicio político a dos jueces que habían otorgado una medida cautelar en favor de "La Bancaria", ordenando la homologación del acuerdo salarial que había sido suscrito libremente por las partes, pero que el Ministerio quería desconocer.

Los jueces Arias Gibert y Marino consideraron válido el acuerdo que los gremios habían firmado con las cámaras de bancos nacionales y extranjeros, y además ordenaban al Ministerio de Trabajo que se abstuviera de intervenir en las negociaciones. El fallo sería confirmado por otros jueces luego de la feria.

Jorge Triaca, que no ha tenido tiempo para atender a los trabajadores de AGR, dedicó algunos días a preparar junto a los funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de su cartera, un pedido de juicio político con acusaciones que incluyen "mal desempeño", "falta de idoneidad", "incumplimiento de la Constitución" y "arbitrariedad y falta de imparcialidad".

El planteo tendrá una primera vista en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, que preside el diputado Pablo Tonelli (Cambiemos).

Reacciones

Del otro lado las reacciones ante semejante acusación no se hicieron esperar.
La Asociación Bancaria lo denunció como “un hecho de inusitada gravedad institucional” y planteó la “solidaridad activa con los jueces que indudablemente estarían sufriendo un hostigamiento que violenta el orden constitucional”.

La Asociación de Abogados Laboralistas criticó la acusación de Triaca y señaló que “la reacción del Gobierno de pretender destituir a esos jueces es absolutamente antidemocrática. Es evidente que se intenta impedir que los jueces laborales fallen en favor de los sindicatos y contra la ilegal intervención estatal”.

Trabajadores judiciales se movilizaron este martes. Desde la Comisión Interna del fuero laboral señalaron que “de avanzar con este pedido, estaríamos frente a un hecho más, tendiente a disciplinar a la magistratura detrás de los objetivos políticos del Gobierno Nacional”.

El propio juez hizo declaraciones ante los medios. "Yo fallo a favor del Derecho. Estoy obligado a decir la Ley le guste a quien le guste y eso no puede ser motivo de denuncia. En tal caso sería policía del pensamiento", dijo en Radio 10. También reconoció que “lo importante era desactivar un conflicto que venía de frente”, reconociendo el estado de movilización de los trabajadores bancarios ante el incumplimiento patronal y la injerencia del ministro Triaca.

Vale recordar que Enrique Arias Gibert fue quien se pronunció en el “caso Balaguer”, una trabajadora de PepsiCo Snacks que había sido despedida por la multinacional. El caso “Caso Balaguer”, obtenido por el CeProDH y la abogada Myriam Bregman, sentó jurisprudencia en el derecho laboral argentino, al ser reconocida la figura del “delegado de hecho” ante los despidos persecutorios. Hoy se estudia en las facultades de derecho de la UBA y distintas universidades del país. Catalina Balaguer sigue trabajando en esa fábrica, pero además es colaboradora de La Izquierda Diario.