Después de haber sido suspendido en sus funciones por las causas penales abiertas en su contra, Echegaray renunció ayer a su cargo en la Auditoría General de la Nación. Lo hizo a través de una carta destinada a José Luis Gioja, en su carácter de presidente del PJ, quien deberá proponer un reemplazante.
Este procedimiento es porque, según la Constitución Nacional, la presidencia de la Auditoría General de la Nación le corresponde a la principal fuerza de la oposición, que es quién lo designa.
Ricardo Echegaray está procesado por presuntos delitos de violación de secretos y falso testimonio contra Alfonso Prat Gay, por el juez Claudio Bonadio. Además, fue imputado por la presunta protección que la AFIP –bajo su gestión- le dio al empresario Lázaro Báez, actualmente detenido y por la retención indebida de 8 mil millones de pesos de impuesto sobre los combustibles líquidos del Grupo Indalo, que pertenece al empresario kirchnerista Cristóbal López.
Por otra parte, el fiscal federal Jorge Di Lello había pedido su indagatoria en la causa Ciccone, por la que está procesado el exvicepresidente Amado Boudou.
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