En plena campaña, el escándalo Odebrecht toca a macristas y kirchneristas

El Gobierno nacional intenta llegar a un acuerdo con la empresa de capital brasileño, que admitió coimas por US$ 35 millones entre 2007 y 2015.

En Brasil el escándalo de corrupción por la grabación que delató a Michel Temer, desató una crisis política de magnitud. En Argentina, la discusión por las coimas pagadas por Odebrecht no llegará a tanto, pero en plena campaña electoral ya golpea al oficialismo actual y al anterior.

Ello no ocurre de manera fortuita. A mediados de 2016, el mundo entero se vio sacudido por la noticia de que el gigante Odebrecht aceptó haber utilizado, por varios años, un sistema de sobornos millonarios.

En Argentina, la cifra confirmada por la empresa alcanza los US$ 35 millones y fue pagada durante el período que va desde 2007 a 2015. Si el kirchnerismo era, en ese año, el gestor del Estado nacional, empresarios ligados al actual oficialismo también están entre los beneficiados.

En febrero de este año, el diario O Estadão do Sao Paulo divulgaba información que mostraba el involucramiento tanto de funcionarios kirchneristas como de la empresa Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Negociando con el corruptor

Lo que aún no se conoce, y constituye parte de la negociación en curso, son los nombres de quienes se beneficiaron con esos sobornos durante esos años.

Este lunes, el Gobierno nacional intervino políticamente, intentando celebrar un acuerdo con la misma empresa. Lo hizo como una forma de calmar las aguas internas, frente a las críticas de Elisa Carrió del fin de semana. La diputada oficialista había criticado un supuesto pacto de impunidad que permitía que ex funcionarios como Julio de Vido estuvieran libres.

Al mismo tiempo, la decisión del Gobierno es un intento de golpear a la Procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, estrechamente ligada al kirchnerismo.

Precisamente, el intento de acuerdo de parte del Gobierno fue fundamentado en lo que el ministro Garavano definió como inacción por parte del Ministerio Público Fiscal, es decir de Gils Carbó.

Estas negociaciones continuarán mañana. Allí se sumarán la ignífuga Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y Bernardo Saravia Frías, el nuevo Procurador del Tesoro que, como abogado, fue representante del mismo Grupo Macri, las mineras y las grandes patronales del agro.

Un acuerdo con fines políticos

En ese marco, el acuerdo que pretende el Gobierno podría estar, sin embargo, viciado de completa ilegalidad.

Según trascendió, la constructora exige a cambio inmunidad para los implicados y garantía de continuidad de sus negocios en el país, a cambio de información. Sin embargo, y cualquier promesa o atisbo de negociación por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo garantizando esos términos incurriría en una ilegalidad.

Una fuente del Poder Judicial señaló al sitio La Política Online, que “no hay ninguna ley que habilite al Gobierno a hacer un acuerdo de reducción de penas o de inmunidad. El Ejecutivo no puede arrogarse funciones judiciales”.

La única norma legal que podría utilizarse en este caso es la Ley del Arrepentido (27.304), sancionada a fines de 2016 con el aval del peronismo y el Frente para la Victoria en el Congreso de la Nación.

Sin embargo, la misma contempla que el beneficio sólo puede ser otorgado por el juez y el fiscal de la causa, no por el Poder Ejecutivo. Otro límite consiste en que el perdón máximo de pena es la prevista para el delito en grado de tentativa, que en el caso de asociación ilícita es de cinco años. Ni aún con este mecanismo, se podría evitar que los “delatores” terminen presos.

En este marco, todo indica que el interés central del Gobierno estaría puesto en acceder a la información para utilizarla políticamente.

Precisamente, el oficialismo dejó entrever que Gils Carbó habría entorpecido el avance de cualquier acuerdo con su par de Brasil, para utilizar la información disponible en función de atacar a funcionarios y empresarios ligados a Cambiemos.

En ese marco se inscriben las acusaciones contra el actual secretario de Inteligencia, Gustavo Arribas, hechas por parte del brasilero Leonardo Meirelles. Este funcionario afirma haber hecho transferencias al actual titular de la AFI, por más de U$ 850.000. El mismo presidente Macri ha defendido en más de una ocasión a éste funcionario, ante las acusaciones.

Corrupción (de clase)

Las acusaciones cruzadas por las denuncias de corrupción no cesan en la política argentina. No es para menos. Tanto el oficialismo de Cambiemos como la oposición del peronismo-kirchnerismo, gestiona los intereses del gran empresariado.

No resulta para nada sorprendente la existencia de nombres como José López, Angelo Calcaterra o Julio de Vido entre aquellos ligados a los negocios con la obra pública. El mismo grupo Macri tiene su historia ligada a los negocios de la construcción con el Estado, desde hace décadas. Corrupción y capitalismo van de la mano. El escándalo por las denuncias de Odebrecht podría seguir creciendo y dar nuevas sorpresas. (LID)