El ranking del ajuste en las empresas públicas

En una "carta abierta" el gobierno se felicitó a sí mismo por su recorte de transferencias del Tesoro hacia las Empresas Públicas, la "reducción de la planta de empleados" y el aumento de tarifas.

El informe de la Jefatura de Gabinete que conduce Marcos Peña presenta el balance del gobierno de un año de gestión de las Empresas Públicas en el que se elogia a sí mismo por haber reducido las transferencias del Estado al 0,74 % del PBI y el déficit operativo de las empresas un 46 % en 2016. Mientras que la inversión se habría aumentado un 60 %.

Pero además, el gobierno destaca un tercer elemento "positivo" de su balance de gestión: la reducción de personal total de 1.436 trabajadores. Por si quedaban dudas, una nueva declaración (y van...) de un gobierno declaradamente anti-obrero que festeja los despidos.

El mayor recorte de empleados se produjo en Ferrocarriles suburbano de pasajeros con 403 trabajadores menos, Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) con 329, Fabricaciones Militares con 272, Casa de Monedas con 205, Lotería Nacional con 199, Yacimientos carboníferos Río Turbio 179, Aerolíneas Argentinas con 134. En tanto que las Empresas financieras incrementaron su dotación de personal en 315 empleados.

Por su parte, las mayores reducciones en las transferencias se muestran en Aerolíneas Argentinas, ARSAT (Satélites), Energía Argentina (ENARSA), Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos carboníferos Río Turbio.

Como balance de la gestión kirchnerista, el Gobierno detalla que se encontró con "un portafolio de empresas públicas marcado por la falta de coordinación de las decisiones, la ausencia de estándares administrativos y de transparencia y, salvo excepciones, el escaso profesionalismo en la gestión. En varias de ellas, además, reinaba la corrupción", añade.

El macrismo, campeón de los negociados empresarios con la obra pública, las denuncias por el escándalo de la familia Macri con Correo Argentino, familia que supo enriquecerse de la mano del Estado desde hace décadas y pasó de tener 7 empresas a 47 durante la última dictadura militar, años en los cuales también Domingo Cavallo estatizó la deuda del grupo.

Así, a través de una explicación que cala bien en su propia base de apoyo, la explicación de los déficits de las empresas públicas es atribuido a una "mala gestión" y a "corrupción". Para contraponer a su balance propio, que constaría entonces de una "buena gestión" y que por lo tanto, podría generar... negocios.

El informe continúa entonces: hacia el futuro, "las empresas públicas pueden tener un rol en el crecimiento de la Argentina, ayudar a la expansión de los servicios públicos y participar en obras de infraestructura". Y también sostiene que, "mejor gestionadas y con objetivos comerciales más concretos, algunas de ellas pueden convertirse en fuentes de ingresos para el Tesoro".

Lo que el informe calla es que bajo el gobierno kirchnerista se veló porque las empresas con participación del Estado, amigas de los ex-CEO que ahora son funcionarios públicos, pudiesen incrementar su rentabilidad. Conveniencia mutua, se llama.

El Informe precisa que el Estado tiene intereses en un centenar de empresas públicas: algunas, en las que tiene el control o una participación mayoritaria (YPF, Enarsa, BNA); otras, como socio minoritario (AA2000, Papel Prensa, Central Puerto) y un tercer grupo, el de las compañías donde posee participaciones accionarias que participan del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS.

Y asegura, además, que "decenas de directivos y ejecutivos con vocación de servicio público se sumaron a sus equipos gerenciales". Lo que se dice, empresarios atendidos por sus propios dueños.

A diferencia de las dos "gestiones" en falsa disputa que no se proponen realmente combatir la corrupción, desde la izquierda se señala que la única forma de terminar con los manejos arbitrarios y discrecionales de cada gobierno, las burocracias y los negociados con las empresas públicas es la apertura de los libros de contabilidad de las empresas para conocer los verdaderos "deficits" y la puesta en gestión por sus trabajadores con apoyo y control de los usuarios en los servicios públicos, única manera de permitir una verdadera administración en función de las necesidades esos mismos sectores. (LID)