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El lock-out del 14, 15 y 16 de enero de 1946

Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón dejó firmado un decreto que implicaba el aumento de salarios, fijar el salario mínimo, el aguinaldo y la doble indemnización lo que creó una gran apoyo y defensa por parte de los trabajadores y una gran resistencia patronal que realizó un lock-out de tres días. Sin embargo la patronal tuvo que ceder a los reclamos

16 de enero

La sanción del decreto 33.302

Desde que fue designado el gral. Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, desarrolló una intensa actividad. Pero desde fines de septiembre y principios de octubre de 1945, se produjo una crisis dentro del gobierno nacional, y aumentaron los cuestionamientos de la labor que llevaba adelante Perón, impugnada por empresarios, algunos militares y ministros del gobierno nacional.

El 10 de octubre a la mañana, los intentos del gobierno por solucionar la crisis se diluían y corrían rumores de que existían deliberaciones entre gremialistas. Al mediodía, dicho grupo sindical, se entrevistó con Perón y se decidió la realización de una concentración frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión para que se dirija a los trabajadores, anunciando su renuncia.

La calle Perú entre Victoria y Julio A. Roca fue el lugar desde donde, en un improvisado palco, el coronel Perón pronunció su discurso de despedida al finalizar la tarde. El acto se realizó en condiciones especiales: se convoca para el mismo día, no dando tiempo a los opositores organizar una respuesta; se logró la transmisión por la red oficial de radios, y por este motivo se acusó al del presidente Edelmiro Farell de cierta complicidad.

Se reunieron 70.000 trabajadores, convocados por la CGT, y Perón pronunció un discurso que no ha sido valorado históricamente, ya que fue uno de los más importantes que dio. Uno de los principales párrafos de esa alocución fue cuando comentó las tareas desarrollas desde hacía un año y medio por la Secretaría de Trabajo y Previsión, destacando la de organizar el organismo y la de ir consiguiendo las conquistas sociales que se consideraban más perentorias para las clases trabajadoras.

Lo más importante y lo menos recordado fue cuando expresó: “También dejo firmado un decreto de una importancia extraordinaria para los trabajadores. Es el que se refiere al aumento de sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico y la participación en las ganancias. Dicho decreto, que he suscripto en mi carácter de secretario de Estado tiene las firmas de los ministros de Obras Públicas y de Marina, y beneficia no solamente a los gestores de la iniciativa –la Confederación de Empleados de Comercio–, sino a todos los trabajadores argentinos”.

Ese discurso entusiasmó tanto a dirigentes como a los trabajadores, y por supuesto, produjo la reacción en contrario de los sectores opositores. El discurso provocó un gran impacto y en la oposición se juzgaba “que ha sido un gravísimo error haber facilitado el micrófono, la tribuna y las radios, y que recién ahora puede evaluarse la peligrosidad de semejante agitador de masas”, al decir de un empresario de esa época.

Lo que vino después: la pelea por el decreto

Pasada esa jornada, los gremios siguieron movilizados. La lucha para que se hiciera efectivo el Decreto firmado por Perón al renunciar, continuó por varios meses, en medio de la campaña electoral.

El 11 de diciembre, se realizó un acto en Plaza de Mayo, convocado por la CGT, el sindicato de Empleados de Comercio y la Federación de Empleados Telefónico. El reclamo central era por la sanción del decreto que dejara firmado el 10 de octubre: establecimiento del salario mínimo, vital y móvil, el aguinaldo y la participación de las ganancias de las empresas. Los discursos estuvieron cargo de Néstor Álvarez y Silverio Pontieri por la CGT, Modesto Orosco por los telefónicos, y Ángel Borlenghi por los empleados de comercio. Fueron recibidos por el ministro del Interior.

Acontecería, luego la jornada histórica del 17 de octubre, con la gran movilización obrera y popular, marchado desde los barrios obreros, desde las fábricas, hacia la Plaza de Mayo, en una manifestación que mudaría la situación política, económica y sobre todo social del país. En Rosario, La Plata, Ensenada, Berisso, y en otros lugares, se dieron importantes movilizaciones populares.

La CGT, declaró un paro el día 18 y aprobó un comunicado en el cual en el Punto 6 planteaba: “Que se termine de firmar de inmediato el decreto-ley sobre aumentos de sueldos y jornales, salario mínimo básico y móvil, y participación en las ganancias y que se resuelva el problema agrario mediante el reparto de la tierra al que la trabaja y el cumplimiento integral del Estatuto del Peón”.

Las movilizaciones y reclamos, dieron sus frutos cuando se dio a conocer el 20 de diciembre de 1945 el Decreto 33.302: “por el cual se aumentan los salarios, se crea el Instituto Nacional de Remuneraciones, cuya función era entre otras fijar el salario mínimo y se instituye el sueldo anual complementario o aguinaldo”. Esta medida provocó gran júbilo en las masas populares.

La reacción de los empresarios de la industria, el comercio y el campo

Los que pusieron el grito en el cielo fueron los empresarios. La Unión Industrial y la Bolsa de Comercio coincidieron en sostener la ilegalidad de la medida y señalaron que era materialmente imposible aplicarla, a raíz de las penurias económicas de las empresas.

Unos días después, más de dos mil delegados del Comercio, la Industria y la Producción se reunieron en la Bolsa de Comercio bajo la presidencia de Eustaquio Méndez Delfino, para decidir una toma de posición frente al Decreto.

Fue la asamblea patronal más numerosa y representativa que se haya reunido en el país. Allí se resolvió desconocer la medida e impulsar un lock-out patronal de tres días en todo el país del 14 al 16 de enero.

Los empresarios llevaron adelante lo anunciado, paralizaron el país durante tres días, mientras los trabajadores se movilizaban reclamado que se hiciera efectivo el pago del aguinaldo y en defensa de las conquistas logradas.

Se emitió un comunicado, que por las repercusiones, las consecuencias, los conceptos empresariales que encierra y el valor histórico que tiene trascribimos sus principales párrafos:

“No puede ser exigido legalmente su cumplimiento, en primer lugar porque el gobierno de facto carece de atribuciones legislativas para dictarlo, ya que el doble carácter de emergencia y de necesidad indispensables para que ejercite a título de excepción facultades que la Constitución asigna expresamente al Congreso de la Nación no se encuentra en las razones que motivan el contenido de sus normas. (…)

El salario es parte esencial del contrato de trabajo y como tal, fruto de las deliberaciones de los acuerdos que ya sea individualmente, ya sea colectivamente, realicen las partes interesadas. Los fines de justicia social, cuyo resguardo compete al Estado exigen que se asegure la igualdad de las partes contratantes y que se arbitren los medios para que el salario satisfaga las necesidades de una existencia digna.

Esas razones, en ningún momento, destruyen, sino que suponen el cumplimiento de la justicia estricta y básica, según la cual el salario es el precio equitativo del esfuerzo productivo del trabajador y debe fijarse en consecuencia con las posibilidades económicas de la empresa, considerándose ambos aspectos en relación a las condiciones generales de una actividad dada o las de una zona determinada. El decreto no tiende a facilitar el acuerdo de las partes, sino que sustituye a las mismas para imponer coactivamente rígidos porcentajes de aumentos sin discriminación alguna; obliga al reconocimiento de los aguinaldos sin considerar la situación posible de una empresa; entiende retroactivamente el efecto de sus normas: sustrae a los obreros parte del aumento que le reconoce, para invertirlo en una vasta organización burocrática y distribuirlo a los sindicatos, de los cuales aquellos pueden no ser socios y cuya participación proviene del reconocimiento que discrecionalmente ejerce como repartición del Estado la Secretaria de Trabajo y Previsión, dotada por simple decreto de facultades que la Constitución acuerda a los poderes creados por ella. Esta violación abarca por igual el derecho de los patronos y el derecho de los empleados y obreros.

Existen numerosísimas empresas sobre todo las medianas y pequeñas, donde el cumplimiento del decreto es materialmente imposible y sobre las cuales no hay acción de violencia alguna que pueda hacer nacer en sus manos una riqueza ilusoria que su propio esfuerzo no ha crecido.

Todo lo cual demuestra las nefastas consecuencias económicas del decreto de remuneraciones. No sólo existe imposibilidad financiera hay una incompatibilidad insalvable entre ese decreto y el funcionamiento racional de una economía estable y próspera. El salario es un elemento esencial del costo de un producto. Una industria o comercio puede subsistir cierto tiempo sin ganancias pero no puede funcionar sin el pago de los salarios. Cualquier modificación de esto implica una modificación del costo. Por eso los estipendios del personal no pueden modificarse sorpresivamente, ni retroactivamente, ni elevarse sin consideración del estado de cada industria o comercio.

La sanción del decreto crea indudablemente la ilusión de un repentino mejoramiento y la sospecha de que toda resistencia al mismo conspira contra el bienestar de sus beneficiarios. Es necesario decir la verdad, ese decreto no sólo constituye una solución económica falsa, sino que moralmente resulta un engaño de funestas consecuencias. Los empleados y obreros ya saben, por su propia experiencia que un aumento, o la concesión de sobresueldos o de cualquier otra ventaja pecuaria, nada significa si en la misma o más abultada producción crece al costo de la vida. Y el costo de la vida no se corrige ni con aumentos de salarios ni con la limitación de precios sino con el régimen de fomento del trabajo y de la industria, con un sistema equilibrado de gasto y recursos con una sana y definida política monetaria y crediticia».

En virtud de esas consideraciones la Asamblea Permanente de la Producción, la Industria y el Comercio adoptó la siguiente resolución:

1°.- Frente a la situación legal financiera, económica y social que este decreto origina en el país, la asamblea permanente comprueba y declara la imposibilidad de su cumplimiento e invoca los derechos inalienables reconocidos por la Constitución, como garantía de la existencia misma del Estado, para colocar bajo su resguardo la impugnación del decreto N° 33.302 cuyo cumplimiento no puede exigir un poder que careció de las facultades para dictarlo.

2°.-La asamblea aconseja mantener y aun extender el régimen vigente de remuneraciones de cada empresa por lo que resuelve dejar establecido, de acuerdo con este principio, que aquellas que anteriores años han otorgado voluntariamente una remuneración extraordinaria a su personal conserven dicha medida sin alteración.

3°.-Como consecuencia de esta misma idea la asamblea recomienda a diferentes gremios representados en su seno que prosigan el examen de la situación económica de su personal para acordar sin temores, por voluntad propia y sin medidas extrañas todas aquellas mejoras para la satisfacción de las justas exigencias de una vida digna, finalidad en cuya ejecución han de buscarse acuerdo entre los obreros y empleados, tan interesados como los patrones en conservar la fuente de sus ingresos y este sentido la asamblea dirige un llamamiento a los diferentes sindicatos obreros libres para que presten su colaboración en una tarea cuya realización es en estos momentos una garantía de equilibrio y prosperidad económica y prenda de verdadera justicia social.

4°.- Por último recomendar a la junta ejecutiva de la asamblea la plena representación de los intereses generales que ella concentra y autorizarla para adoptar todas las medidas que juzgue conducentes a la ejecución de sus propósitos”.

Se adhirieron a la declaración cientos de entidades que representaban al comercio, la industria y la producción de todo el país. Entre las más importantes estaban la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales, la Cámara Argentina de Comercio, de la Construcción, de los exportadores, Cámara de Grandes Tiendas, Asociación Textil, Sociedad Rural, Unión Industrial Argentina, Bolsas de Comercio de distintas ciudades, y más de cien agrupaciones empresarias. De ellas 116 eran de Capital Federal, 140 de provincia de Buenos Aires, 50 de Córdoba, 28 de Santa Fe, y un abanico que abarcaba casi todas las provincias.

El devenir de las empresas, demostraría que lo planteado en ese comunicado no se cumpliría. No hubo parálisis de la economía, ni quiebras en la industria, el campo y el comercio.

Debate entre partidos políticos, gremios, empresarios. La postura del diario La Prensa.

Pasaban los días y el Decreto no se cumplía. Los conflictos surgidos a partir de su sanción, se harían más fuertes a partir del 7 de enero de 1946, día en el que vencía el plazo para su aplicación. Comenzaron a producirse asambleas y actos masivos tanto defendiendo como oponiéndose a la medida.

Quienes respaldaban el decreto, en primer término los trabajadores, luego los seguidores del gobierno y de la candidatura de Perón a la presidencia para las elecciones de febrero, aseguraban que se trataba de un instrumento de avanzada legislación social, que contaba con el apoyo unánime de todos los asalariados del país.

Quienes se oponían, la Junta Ejecutiva del Comercio, la Industria y la Producción, los auto denominados “sindicatos libres” y los partidos políticos opositores, planteaban que la medida era inconstitucional, su esencia demagógica, autoritaria, dictatorial y su finalidad electoralista, por lo que llamaban a los empleadores y trabajadores a entenderse directamente a través de sus instituciones representativas y libres para la concertación de convenios.

Desde la Unión Democrática, atacaron la medida, a la que entendían como una "cruda demagogia electoral", una disposición destinada a "someter y domesticar los sindicatos libres".

Y dio a conocer un comunicado que decía entre otros conceptos “Lo importante en el Decreto mencionado es la maniobra nazi-fascista típica que pretende acabar con los sindicatos obreros y convertirlos en simples instrumentos de la nueva oligarquía que pretende someter al pueblo argentino a sus designios. El aguinaldo es el sebo para engañar, es el anzuelo, pero el propósito es domesticar a la clase trabajadora para luego utilizarla con fines bastardos. En dicho decreto queda probado el plan de castramiento paulatino de los sindicatos obreros. Antes fueron las intervenciones. Ahora es la dádiva, previa la entrega. Es el coronamiento de una larga e intensa campaña demagógica desarrollada bajo el amparo y con el estímulo de la Secretaría de Trabajo y Previsión”.

Por su parte, el Comité Universitario Radical de la Capital Federal, dijo en un manifiesto que el decreto "causará la ruina del comercio y la industria".

Victorio Codovilla, el secretario del Partido Comunista (PC), no se contuvo, y declaró: “El aumento de los salarios debe ser el resultado de las luchas organizadas de la propia clase obrera; el objetivo del peronismo consiste en hacer ciertas concesiones provisionales a algunos sectores obreros para destruir sus organizaciones independientes y de clase, y forzarlas a entrar en sindicatos estatales”.

En el órgano de prensa del PC, en esos días se podía leer "El decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Remuneraciones, es de típico corte nazi. Su objeto es liquidar los sindicatos independientes, y colocar a toda la clase obrera bajo la férula del Estado, de la misma manera que se hizo en la Italia fascista o en la Alemania nazi".

Posteriormente, el PC, aplaudió el lock-out, reafirmando que el mismo tenía “un contenido de lucha contra el fascismo”.

Los sindicatos orientados por los comunistas, que eran entre otros la Federación Obrera Nacional de la Construcción, el Sindicato de la Industria Metalúrgica, y la Federación Obrera de la Alimentación, se pronunciaron por las medidas aprobadas por los patrones, repudiando el decreto “por entender que se pretende materializar una vieja aspiración fascista: la corporativización del movimiento obrero”.

La Vanguardia, órgano de prensa del Partido Socialista, prefirió resaltar otros aspectos de ese hecho histórico en materia de legislación laboral, y en un editorial manifestó: “Queremos llamar la atención acerca del carácter político electoral del decreto y puntualizar la orientación nazi fascista contenida en algunas de sus disposiciones principales. (…) Los artículos 77 y 78 disponen un principio que es novísimo en la legislación argentina y que tiene filiación directa y notoriamente nazi fascista, como que tiende a convertir a los gremios en órganos controlados y manejados directamente por la Secretaría de Trabajo y Previsión”.

El diario La Prensa, cubrió las acciones de las dos expresiones, pero lo hizo de diferente manera. De los actos organizados por el oficialismo, los discursos fueron sólo parcialmente reproducidos, marcándose la presencia de los asistentes en mangas de camisa y enfatizando los disturbios causados en sus desconcentraciones.

En cambio, los eventos de la Unión Democrática y de los “sindicatos libres”, fueron mostrados como reuniones de ciudadanos que se comportaban desde el inicio hasta el fin de los encuentros según las reglas de convivencia y sus discursos fueron transcriptos en forma completa. Esta toma de posición del diario también se plasmó en la forma en la que transmitía las noticias. El día del vencimiento del plazo para hacer efectivo el decreto, se centró en transcribir los discursos de quienes se oponían a su aplicación, dejándole un lugar menor a la noticia oficial.

Del mismo modo, aparecían anuncios de gremios que exigían el cumplimiento del decreto y otros que hacían llamados a la negociación directa con los patronos. Estos últimos siempre contaban con un lugar y un tamaño destacado.

En sus editoriales, La Prensa, señalaba en congruencia con lo planteado por los opositores al decreto, su carácter electoralista y se centraba en criticarlo a partir de la premisa de que restringía las libertades económicas e impulsaba a debilitar la libre organización sindical.

Para el matutino, las medidas del decreto en tanto problema económico, eran incumbencia de la sociedad civil y debían resolverse con la prescindencia del Estado. Llamaba a la realización de acuerdos en ámbitos privados, entre los empresarios y los trabajadores, respetando los derechos y obligaciones de ambos.

Adicionalmente, las críticas se concentraban en señalar la forma en la que se había implementado la medida, mediante un decreto del Ejecutivo. “Es la forma de legislar por decreto, sin sujeción a las normas constitucionales y sin las garantías que ellas aseguran, lo que infunde desconfianza y alarma. Se afirma la pública convicción de que fuera del régimen orgánico de las instituciones cuyo funcionamiento regular está interrumpido, todo es frágil e ilusorio”.

De ese modo, planteaba que el Estado no debía intervenir en las relaciones económicas y que de hacerlo, debía seguir los procedimientos constitucionales para asegurar la legitimidad y la fortaleza de la medida.

Pasaban los días y no se pagaba el aguinaldo. Colas de obreros reclamaban en la Secretaría de Trabajo. El ministro Mercante debió recordar que el decreto daba plazo a los patrones hasta el día 7 de enero de 1946, para hacer los pagos.

Pasó esa fecha y la posición patronal se mantenían.

Sin declarar expresamente la huelga los obreros y empleados –menos las organizaciones comunistas– dejaban el trabajo. Grandes comercios de Buenos Aires eran ocupados por su personal y debieron cerrar muchos bares y cafés.

El diario El Litoral, de Santa Fe, imaginaba un escenario apocalíptico y pedía que en una “actitud patriótica” las autoridades eliminaran el aguinaldo, “ese factor de perturbación”; a los industriales y comerciantes, les solicitaba que consideraran las aspiraciones de sus trabajadores “para evitar que el tutelaje de la demagogia se atribuya para sí el éxito de gestiones que deben quedar libradas al entendimiento recíproco entre los representantes de los sindicatos libres y las empresas patronales”.

En la delegación regional de Rosario de la Secretaría de Trabajo, se agolpaban los trabajadores para denunciar el incumplimiento y diversos gremios se declararon en huelga exigiendo el cumplimiento del decreto que instauraba el sobresueldo.

Por su parte, la Unión Gremial Obrera Local (UGOL), que agrupaba en Rosario a los sindicatos llamados “libres”, aconsejaba a sus gremios a adherirse al lock-out. A la vez, no se privó de decir, en un comunicado, que el Decreto 33.302 era “criticable en lo que se refiere a su propósito de controlar y dividir al movimiento obrero argentino, política fascistizante que debe ser rechazada por todo trabajador consciente”.

La Junta Ejecutiva de la Industria, el Comercio y la Producción, reafirmaba el lock-out para los días 14, 15 y 16 de enero.

La Agrupación de Enlace Gremial Obrera de Rosario, emitió una declaración calificando a la medida patronal de “movimiento burgués inspirado desde las alfombras donde se reúnen los magnates de la Industria, el Comercio y la Producción”.

Tres días de lock-out

El primer día de la protesta de los empresarios, comenzó con los obreros y empleados dirigiéndose a sus lugares de trabajo, encontrándose con las plantas industriales y los negocios comerciales cerrados, en una muestra de la firme decisión de los patrones de cumplir con lo resuelto por las cámaras empresarias.

En las puertas de los lugares de trabajo, los trabajadores se reunían, comentaban la medida y sus derivaciones. Se improvisaban algunas asambleas donde se debatía que medidas debían tomar. Algunos planteaban la necesidad de coordinar las acciones de los gremios, y que había que responder enérgicamente a los patrones, ya que era un ataque al gobierno.

La prensa destacó, las dos posturas dentro de los trabajadores. Una de clara oposición al lock-out, y la otra llamando a la calma, a negociar con los empresarios, sin intervención de las instituciones oficiales “que pretenden dirigir los sindicatos”.

Algunos gremios respondieron declarando el paro, otros con huelgas de brazos caídos, y en varios casos con ocupación de los establecimientos industriales y comerciales, reclamando el cumplimiento completo del decreto.

El paro de la industria fue total, salvo las usinas pasteurizadoras de leche. Lo mismo aconteció con los grandes comercios, y los negocios de los barrios imitaron esa actitud, atendiendo algunos por las “puertas laterales, a la clientela de todos los días”. Los bancos abrieron sus puertas, concurriendo muy pocos clientes.

En Rosario, las crónicas destacaron que “escaseaba la leche, el pan y el hielo, vendiéndose casi normalmente la carne, aunque muchos repartidores no trabajaban”. La Municipalidad intimó a los negocios del mercado central de que abrieran sus puertas, bajo la amenaza de retirarles sus concesiones. La policía fue reforzada, realizando patrullajes por el centro de la ciudad. Una manifestación en apoyo al gobierno no se pudo concretar.

La Junta Ejecutiva de la Industria, el Comercio y la Producción, recomendó a los empresarios que empleaban trabajo a domicilio, abonar la quincena puntualmente. Además, denunció a la policía por las presiones a los negocios minoristas, sobre todo los dedicados a la venta de alimentos, aclarando que “el cierre de los negocios, no vulneraba ninguna ley, y que el cierre sólo importa al derecho de comerciar”.

En algunas ciudades no hubo transportes, ni luz, ni abrieron los negocios de la alimentación.

Los gremios se mantuvieron expectantes sobre qué medidas tomar. Los que apoyaban las medidas del gobierno, se debatieron entre realizar manifestaciones o tomar medidas de fuerza, el otro sector, el de los llamados “sindicatos libres” realizaba gestiones con los empresarios para lograr aumentos salariales y que pagaran el aguinaldo al margen de lo establecido en el Decreto 33.302.

Ese fue el panorama, durante las tres jornadas en casi todo el país. Finalizado el lock-out, los patrones fueron aceptando que no tenían más remedio que abonar los aumentos y el aguinaldo.

La Cámara de Grandes Tiendas, anunció el 18 de enero, que cumpliría el decreto. Al día siguiente la misma declaración formulaban las demás entidades empresarias, aceptando el incremento de salarios, aguinaldo, vacaciones pagas e indemnización por despido injustificado, que quedaron incorporados definitivamente a la Legislación Laboral.

Una vez más, la movilización de la clase obrera, con reclamos, actos y paros, logró que se hiciera realidad lo planteado por el Decreto 33.302

(*) Estas líneas pertenecen al libro publicado por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Rosario (SOEAR), Memorias del Mañana. Las luchas por el salario mínimo, vital y móvil de Leónidas Noni Ceruti.

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