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El gobierno no acusa recibo y apunta a doblegar al movimiento obrero

El oficialismo esgrimió una doble estrategia discursiva para minimizar el impacto del paro de este jueves sobre la imagen presidencial de cara a los comicios legislativos. Por un lado, minimizar la convocatoria; por el otro, responsabilizar a la medida de pérdidas millonarias para el país. Ambas tan imprecisas como contradictorias.

7 de abril

Antes de que se ejecute la huelga, la estrategia del Gobierno nacional apuntaba a responsabilizar a los sindicalistas por hacer perder al país cifras millonarias, desconociendo completamente su cuota de responsabilidad en la previa al paro. Durante la marcha del 1 de abril quedó en claro que el objetivo central es debilitar al movimiento obrero, acusándolo de “querer desestabilizar a un gobierno democrático”. Tras esa marcha, durante una conferencia de prensa, el presidente reclamaba a un sindicalista que por el paro se perderían 15 mil millones de dólares. Una cifra que duele en el imaginario popular y que instala la idea de que de la crisis se sale acatando las medidas del gobierno sin importar las consecuencias (se entiende despidos, paritarias con techo, cierre de fábricas, caía de la industria nacional, etc.). El triunvirato que comanda la CGT se encargó hoy de echar por suelo la idea de que la CGT apunta a "una fogata social" o a que Macri "se vaya antes de 2019", al mismo tiempo que aclaró que la medida es responsabilidad de los "incumplimientos" del Ejecutivo y el empresariado en los acuerdos por el bono de fin de año y el freno a los despidos.

Luego del paro la estrategia oficial cambió. Minimizar la huelga y mostrar que el trabajador no respondió a la convocatoria de la CGT. En este sentido, en todos los medios se vieron a funcionarios asegurando que el 80% de los trabajadores estuvo cumpliendo funciones. No obstante, reconocieron que el paro de los docentes, de los bancarios y del transporte fue total, y responsabilizaron a la adhesión de UTA de que “miles que querían trabajar no pudieron hacerlo”. Otra vez, contradicciones por todas partes.

No obstante, se entiende que la medida apuntaba a satisfacer las bases que manifiestan una postura más rígida contra las políticas del gobierno que el triunvirato cegetista. La huelga, que tuvo en fin resultados contundentes, preanuncia entonces una tregua entre el Gobierno y el sindicalismo: la Central no promoverá una escalada con más paros, siempre y cuando el Ejecutivo valide una ronda de paritarias negociada por encima del 20%, ponga un límite a la apertura de las importaciones y desista de hostigar a los gremialistas con avanzadas legales.

Este pliego de condiciones es mucho más modesto y contemplativo en comparación con los postulados que dieron origen al plan de lucha de la organización: un freno efectivo a los despidos, la implementación de una política que reactive la industria local, el cese a las importaciones indiscriminadas, paritarias libres y la reactivación del consumo interno.

En este marco, el movimiento obrero puede quedar transitando por dos carriles contrapuestos. Por un lado, los sindicatos con postura acuerdista, como los petroleros patagónicos, los mecánicos del SMATA, los constructores de UOCRA y el sindicato mercantil, el mayor de la actividad privada, que ya cerraron sus paritarias en los términos reclamados por el Gobierno. También se espera que se sumen a este grupo los transportistas de UTA y el principal gremio estatal, UPCN, ambos cercanos a sellar sus respectivos acuerdos.

En la contracara nos encontramos con las dos versiones de CTA, así como el sindicalismo clasista y los partidos de izquierda, que junto a los dirigentes opositores de la CGT, presionaron para que se cumpla la primera huelga general contra Macri. A este grupo se pueden agregar los metalúrgicos de la UOM y los textiles de la AOT, dos de los rubros más golpeados por las políticas del PEN, y al gremio bancario que conduce Sergio Palazzo, todos ellos alineados con vertientes del peronismo que amenazan con agruparse bajo una línea confrontativa. (Primera Fuente)

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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