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El Gobierno pondrá un freno por decreto a los despidos en el sector privado.

Se trata de un proyecto de decreto complementario al que se publicará para disponer un bono de hasta $5.000 en dos cuotas de 2.500 pesos.

8 de noviembre

El Gobierno aplicará un freno a los despidos a través de la creación de una instancia administrativa previa y obligatoria.

Se trata de un proyecto de decreto complementario al que se publicará para disponer un bono de hasta $5.000 en dos cuotas de $2.500 con los salarios de noviembre y enero, luego del acuerdo alcanzado este martes en una mesa de diálogo con la CGT y las principales cámaras empresarias con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a la cabeza.

El nuevo requisito para las cesantías, de acuerdo a lo negociado hasta ahora, será para todas las desvinculaciones sin causa en el sector privado, señala Ámbito Financiero.

El planteo para poner un cepo a los despidos formaba parte del pliego de demandas de la CGT al Ejecutivo y, según la "mesa chica" de la central, su implementación es una de las condiciones para no llamar a un nuevo paro nacional.

Los negociadores explicaron que la nueva instancia a cumplir por parte de una empresa antes de efectuar un despido incausado funcionará en paralelo con el Procedimiento Preventivo de Crisis, un mecanismo que tiene el mismo propósito pero que, en los papeles, sólo opera ante casos de cesantías masivas o cierres de unidades productivas.

Para los técnicos de la CGT el nuevo esquema deberá ser de cumplimiento obligatorio para todo tipo de despidos, incluso los individuales.

En uno de los borradores de decreto se establecía que ante la determinación de echar a un trabajador sin causa justificada la empresa deberá, antes, comunicarlo a la Secretaría de Trabajo y al sindicato correspondiente.

Una vez notificadas las partes se impulsará la apertura de una mesa de diálogo para sondear opciones menos drásticas como suspensiones, reducción de horas o de sueldo o cambio de tareas, explicaron los responsables de la redacción.

La iniciativa, de todos modos, generó entre algunos dirigentes patronales incluso más resistencia que la fijación del bono de $5.000 pesos. Los empleadores temen que la nueva instancia termine por asentarse de manera definitiva y convertirse en una traba burocrática para cualquier reorganización interna.

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