El Gobierno pagará $ 10 mil millones a las privatizadas para “compensarlas”

Cambiemos “recalculó” y no serán los usuarios individuales quienes paguen en sus facturas la deuda que reclamaron las empresas distribuidoras de gas por la devaluación. Ahora pagará el Estado.

El Gobierno tuvo que suspender el nuevo tarifazo al gas que quería aplicar a los usuarios para “compensar” a las empresas por la megadevaluación. Así, lo confirmó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Los cruces al interior de Cambiemos, y la bronca por otro golpe al bolsillo obligaron a cambiar la forma de pago a las energéticas.

La “deuda” reclamada se pagará igual, pero lo afrontará el Estado, y se calcula en $ 10 mil millones. Es decir, que los consumidores lo pagarán indirectamente. Mientras se recortan las partidas sociales en el Presupuesto de 2019, no se cuestiona destinar millones para las privatizadas. No hay déficit cero para las energéticas, se sigue priorizando las ganancias empresarias.

El ajuste de las tarifas fue anunciado por el secretario de Energía, Javier Iguacel, y respaldado por el presidente al afirmar le “da bronca que alguien pueda pensar que a uno le gusta aumentar el valor de la energía. La aumento porque es lo que vale”, en un video difundido en su cuenta de Instagram.

Choques en Cambiemos
El anuncio de Iguacel generó malestar y cruces al interior de Cambiemos con la Unión Cívica Radical y, según trascendió en algunos medios, también con el titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

Esta semana hubo discusiones entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Monzó quien le reclamó que esto rompía todos los acuerdos que tenían por el Presupuesto, según publicó Clarín.

Iguacel también fue cuestionado por los radicales quienes presentaron una nueva propuesta. También hubo quejas por parte de los gobernadores de Mendoza y Jujuy, ambos integrantes de Cambiemos.

En tanto, la oposición pidió una sesión especial en la Cámara de Diputados con el fin de discutir la derogación de la Resolución 20/2018, que pretendía “compensar” a las empresas distribuidoras de gas.

El ministro de Hacienda no firmó la resolución, también según Clarín, Dujovne no estaba al tanto del anuncio. Su enojo con Iguacel no era por el pago a las empresas o el golpe a los bolsillos de los usuarios, sino porque la medida sumaba tensión a las negociaciones con la oposición por el Presupuesto de ajuste que le prometió al FMI aprobar.

El ministro de Hacienda desde Indonesia se comunicó por teléfono con Peña y un sector de los radicales y dio el visto bueno a la propuesta de Frigerio.

Por las tensiones al interior de Cambiemos y la bronca de la medida corrieron rumores de la salida de Iguacel, pero ayer el secretario de Energía fue a la Quinta de Olivos y difundieron que Macri lo respaldó.

La “deuda” reclamada
Las distribuidoras de gas como Metrogas o Camuzzi facturan a los usuarios en pesos. Pero estas empresas les pagan a las productoras de gas (YPF, Total Austral, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, YsurEnergía, Pluspetrol y Compañía General de Combustibles) con una diferencia temporal entre 60 y 90 días el valor del gas provisto, pero establecido en dólares.

Por la megadevaluación las empresas productoras le cobraron a las distribuidoras la diferencia por el tipo de cambio. Por este motivo exigieron al Gobierno que sean “compensadas” por la suba del dólar.

Según publicó Cepa, se estimaba que la deuda asciende a $ 10.600 millones, considerando que Camuzzi exige una diferencia de $ 3.300 millones, Gas Ban $ 2.800, EcoGas $ 1.500 y Metrogas $ 3.000.

La Unión Cívica Radical (UCR), a través de un comunicado, afirmó que la deuda total reclamada por las empresas trepa a $ 20 mil millones y propusieron que el Estado nacional pague el 50 % y que la otra mitad sea asumida como costo por las compañías. Es decir que el gasto del Gobierno ascendería al menos a $ 10 mil millones.

Cambiemos pagará a las empresas privatizadas una suma similar al aumento en el área de Ciencia y Técnica del Presupuesto para el año próximo, cuya partida tiene una caída real porque aumenta menos que la inflación.

La medida de Iguacel y la decisión oficial de pagar con otra modalidad a las empresas privatizadas vuelve a dejar al desnudo que los recortes y el ajuste no son para todos. El poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y los sectores populares se desplomó por la devaluación, pero el Gobierno no propuso ninguna compensación, mientras que las compañías que producen petróleo y gas cotizantes en el Merval subieron sus resultados un 29.350 %, y por si esto era poco, además serán beneficiadas por el “plus” de $ 10.000 millones.

Los servicios públicos son un derecho esencial y no tienen por qué dar ganancias. Es necesaria la nacionalización del sistema energético nacional, desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y la distribución a los usuarios. (LID)