El Gobierno cuestiona a la Justicia por el freno a los tarifazos

Los ministros de Energía y Justicia criticaron a la Justicia por la suspensión de los aumentos tarifarios. Se convocará a audiencia informativa por la tarifa del gas, aunque no será vinculante.

El Gobierno salió ayer a cuestionar la actuación de la Justicia por la suspensión de los incrementos tarifarios y en ese marco sostuvo que "sería muy grave" que la Corte Suprema no avalara el aumento de las tarifas de gas, al tiempo que advirtió que hay tribunales que "quieren complejizar la gestión" de la administración central.

Así se expresaron, respectivamente, los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Justicia, Germán Garavano, en medio de la suspensión de las subas de tarifas que, según el primero de los funcionarios, le implicaría un costo al Estado de 22.000 millones de pesos.

Aranguren adelantó, como gesto hacia la justicia, que el Gobierno convocará una "audiencia informativa" para dar a conocer el valor de "la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo", que será previa a la audiencia pública de octubre por el incremento del gas. Esta audiencia no será vinculante.

En declaraciones a Radio Mitre, Aranguren señaló que en el caso de las tarifas de gas "en el bimestre mayo-junio, el 87 %" de los usuarios residenciales "recibieron facturas inferiores a los 500 pesos" y que "el 78 % " de ellos las pagó porque "la gente reconoce que existe un problema de abastecimiento".

Según el ministro, si se retrotrajeran las tarifas a antes del aumento, "implicaría dar de baja a la tarifa social" que alcanza "al 28 por ciento de los hogares en el caso de la electricidad y al 41 por ciento en el caso del gas, sumando la garrafa social" y agregó que "eso va a perjudicar a los sectores (más vulnerables, que son los que) queremos proteger".

Por su parte, Garavano advirtió que "hay medidas que jurídicamente están mal dictadas" y las calificó como "llamativas".

No obstante, reconoció que el Gobierno deberá llamar "a distintas audiencias" públicas por la suba de la energía eléctrica y el aumento en el valor del gas, antes de la fue programada para octubre próximo con el fin de concretar una "discusión integral de las tarifas".

Aranguren aclaró que las audiencias públicas se realizarán en octubre "porque se tiene que cumplir con los marcos regulatorios", en la cual "detallaremos lo que heredamos y el nivel de gradualismo que hemos adoptado".

En la misma sintonía, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió la necesidad de que la justicia resuelva la controversia generada por el aumento de las tarifas, ya que indicó "es importante que se puede dar certeza" a las empresas de servicios para "ir normalizando el sistema energético".

Los planes del macrismo de “sincerar” las tarifas se encuentran en un laberinto judicial que aún no se sabe cómo saldrán. Las declaraciones de los ministros y el jefe de Gabinete con pocos argumentos desnudan la incomodidad del Gobierno.

Mientras tanto sigue el malestar social ocasionado por las subas de las facturas de los servicios, que ya se manifestó con cortes en todo el país en los llamados #ruidazo. La consigna expresada fue “No al tarifazo”.