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ELECCIONES 2019: Hacete amigo del juez: el partido judicial, gran protagonista de la campaña electoral

El Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pedido de la defensa de Cristina Kirchner para postergar el inicio de un juicio en su contra. Se trata de la causa en la que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, cuyo principal beneficiado sería el empresario Lázaro Báez.

13 de febrero de 2019

Están en la mira 52 contratos -por un valor que supera los $ 45 mil millones- concesionados por el Ministerio de Planificación Federal hacia las empresas de Báez.

Báez, un empresario cercano a Néstor y Cristina Kirchner, obtuvo en pocos años una enorme riqueza que concentró, entre otras cosas, en cientos de propiedades.

Con esa decisión, el juicio contra la expresidenta iniciará el próximo 26 de febrero y se prolongará por varios meses, actuando como un factor más en el camino a las urnas.

En el inicio de la campaña electoral, el llamado Partido Judicial vuelve a jugar un rol central. Como siempre, cuenta con la inestimable ayuda de la gran corporación mediática oficialista. La llamada “politización de la Justicia” no es un más que una de las tantas herramientas de campaña, tan útil como los spots, las encuestas o los afiches callejeros. O más.

Ese lugar para el Poder Judicial se agiganta en la medida en que abundan las malas noticias económicas, así como sus consecuencias sociales. “Si no hay pan, que haya circo”, reza el dicho.

Apuntando en la misma dirección, en las últimas horas se conoció que Víctor Manzanares -el ex contador de Cristina y Néstor Kirchner- pediría declarar en calidad de arrepentido en la causa Los Sauces.

Como si no bastara, este lunes la Cámara de Casación rechazó un pedido de la defensa de Amado Boudou. La solicitud estaba destinada a posponer una audiencia por la causa Ciccone. Ésta tendrá lugar el miércoles próximo y no se descarta que el ex vicepresidente pueda volver a prisión.

Amigos de Stornelli

La “guerra” no solo toca a condenados y/o procesados. Por el contrario, tanto jueces como fiscales quedan en la mira de oposición y oficialismo.

En el caso de los magistrados, Luis Rodríguez ocupa el centro de las miradas. Las acusaciones en su contra vienen de parte de Elisa Carrió y muchos otros. Su nombre aparece ligado al pago de coimas por parte de Carolina Pochetti, la esposa del fallecido Daniel Muñoz, ex secretario presidencial de Néstor y Cristina Kirchner.

Del otro lado del ring, pero también recibiendo golpes de peso, está el fiscal Carlos Stornelli. El hombre tiene un lugar central en el esquema judicial hoy. Es, junto a Claudio Bonadio, protagonista del llamado CuadernoGate.

Stornelli quedó en el ojo del huracán cuando fue denunciado por presunta extorsión por el empresario Pedro Etchebest. El fiscal habría pedido, por medio del abogado Marcelo D´Alessio, una coima de U$S 300.000 para excluir a Etchebest de la causa de los Cuadernos.

La denuncia, inicialmente silenciada por la corporación mediática oficialista, se amplificó al máximo en los medios afines al kirchnerismo. Una frondosa prueba, constituida por fotografías, capturas de pantalla y videos, dan base a la denuncia.

Stornelli es un hombre vinculado al poder desde siempre. Su vínculo actual al macrismo le permitió ganar algunos defensores de peso en las últimas horas. La diputada nacional Elisa Carrió y el periodista-operador Joaquín Morales Solá se cuentan entre los más conocidos.

El columnista escribió este domingo en La Nación que “la Justicia determinó que la operación contra Stornelli salió de la cárcel donde están los exfuncionarios. Algunos presos kirchneristas son los autores intelectuales de la campaña mediática contra Stornelli”.

La “demostración” de la Justicia no parece haber trascendido los muros de la casa de Morales Solá. No se conoce juez o fiscal interviniente ni las pruebas que avalen lo escrito.

Este lunes por la tarde, la Coalición Cívica se presentó ante el Poder Judicial para denunciar que las acusaciones contra Stornelli eran “una operación” armada en la cárcel de Ezeiza, donde están detenidos varios ex funcionarios kirchneristas.

Aunque resulte difícil de creer, la “prueba” -según publicó Clarín- la constituyen la transcripción de diálogos entre Roberto Baratta y un ex funcionario kirchnerista llamado Carlos Zelkovicz, que llegaron a Elisa Carrió “de forma anónima” en un sobre.

La diputada nacional -afecta a cuestionar la moral de propios y ajenos-, sin conocer el origen de la información ni si esta corresponde o no a conversaciones que tuvieron lugar, la dio por verídica y acudió ante el Poder Judicial. Cuando se trata de armar una operación no hay que andarse con detalles.

La política de las últimas décadas acuñó el concepto de “sótanos de la democracia” para referirse a los manejos turbios protagonizados por los servicios de Inteligencia del Estado. Las “pruebas” de Carrió tienen la marca de la AFI -ex Side. La defensa de Stornelli viene de bien abajo, del sótano literalmente.

Cría cuervos…
Según informó en 2017 el sitio Chequeado.com el juez Claudio Bonadio “fue denunciado 75 veces ante el Consejo de la Magistratura desde la creación de este organismo”.

La información también señala que “del total de expedientes que fueron resueltos, todos fueron desestimados por el plenario del Consejo salvo dos. En el primer caso, en 2009, se le aplicó a Bonadio una sanción disciplinaria, que solo se trató de una advertencia. El segundo caso se produjo en 2014, cuando el plenario del Consejo le aplicó una reducción del 30% de su salario”.

El juez que encabeza la ofensiva del Partido Judicial contra el kirchnerismo fue salvado, en más de una ocasión, por ese mismo espacio político. En aquellos años el Consejo de la Magistratura tenía la marca del oficialismo de turno.

Si Bonadio contó con el beneplácito de no ser echado del Poder Judicial, Stornelli directamente fue funcionario del gobierno provincial más importante que tuvo aquella gestión, el de Daniel Scioli.

Más allá de esos nombres puntuales, los 12 años de gestión kirchnerista dejaron intacto el sistema de poder de la casta judicial. Un sistema encarnado en jueces vitalicios, con ingresos de cientos de miles de pesos y un poder casi total. O en fiscales ligados a los servicios de Inteligencia, como fue el caso de Alberto Nisman designado por el mismo Néstor Kirchner en 2004.

Esa misma casta judicial que hoy juega el partido electoral a favor de Cambiemos pasó por la llamada década ganada sin grandes problemas. Ya lo dice el refrán: cría cuervos…. (LID)

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