Dietazo, pobreza infantil y democracia: ¿cómo se conjugan?

Hace unos días el Parlamento -con la representación del PRO, FpV y el massismo- votó para sus dietas un aumento 14 veces más alto que el salario mínimo de los trabajadores. Al mismo tiempo se supo que, según datos de la Unicef, un tercio de la población y prácticamente la mitad de los niños en la Argentina es pobre.

En un país que con lo que produce podría alimentar diez veces a su población, más de un millón doscientos mil niños viven en la indigencia. Quizás estos hechos hablan más que mil palabras a la hora de definir la “democracia”.

Sin embargo, podemos seguir con otras instituciones del Estado. Los fiscales federales, jueces de cámara federal y jueces de la Corte ganan entre 15 y 30 veces un sueldo mínimo. En el caso de la Iglesia, el Estado, por la ley 21.950 sancionada por la dictadura militar, está obligado a pagar el sueldo de los obispos, similar al de un juez, además de otorgarle múltiples y millonarios “aportes indirectos”.

También los salarios de los burócratas sindicales son “simbólicos” respecto de otros ingresos non sanctos, aun cuando de piso ya superan diez veces el salario promedio de un trabajador. Las fortunas y privilegios de muchos burócratas son conocidos tanto como sus métodos gansteriles. El reconocimiento permanente de todo empresario, presidente o político del régimen a la burocracia de los sindicatos como representantes legítimos de los trabajadores es sintomático ya que se trata de uno de los pilares de la "democracia".

Democracia capitalista: consenso, engaño y violencia

El capitalismo se basa en la explotación y opresión de las grandes mayorías. Para su dominio, la burguesía apela, según las circunstancias históricas, a regímenes que combinan distintas cuotas de consenso, engaño y violencia.

Los que defienden interesadamente la democracia a secas –sin especificar su carácter patronal, burgués– naturalizan las relaciones de propiedad, la desigualdad y violencia que generan, y la legalidad, que a los empresarios les garantiza vivir a costa del trabajo ajeno, dejando a más de 8 millones de personas en la pobreza como sucede hoy.

Hace más de un siglo, Rosa Luxemburg lo graficaba con palabras sencillas: “¿En qué consiste en realidad la función de la legalidad burguesa? Cuando un ‘ciudadano libre’ es retenido coactivamente en una habitación estrecha e inconfortable durante algún tiempo, todo el mundo comprende que esto constituye un acto de violencia. Pero en cuanto esta operación se base en un libro impreso llamado Código Penal y la habitación es una celda de las prisiones del ‘Reino de Prusia’ se convierte inmediatamente en un acto de pacífica legalidad. Cuando un hombre es obligado a la matanza sistemática de otros hombres, se trata de un acto de violencia. Pero desde el momento en que esto recibe el nombre de ‘servicio militar’ el buen ciudadano cree estar respirando los sanos aires de la legalidad. Si una persona es privada por otra y en contra de su voluntad de una parte de sus posesiones o de sus ganancias nadie duda en calificarlo de acto violento, pero si este proceso lleva el nombre de ‘percepción de impuestos indirectos’ nos encontramos con que se trata de la ejecución de una ley” (citado por Paul Frölich en Rosa Luxemburg, Ediciones IPS).

Volviendo a la Argentina, como se explica si no, la impunidad, y que todavía quieran más, de la mayoría de los genocidas de la dictadura cívico-militar y de la Triple A –que implicaron además de integrantes de las fuerzas represivas y paraestatales, la complicidad de la Iglesia, burócratas sindicales, jueces y políticos del régimen). Obedece a la necesidad de la burguesía, como razón de Estado, de preservar y proteger al personal político en las distintas funciones del Estado y a los mismos empresarios que los respaldaron.

En Cien años de historia obrera en la Argentina (1870-1969) e Insurgencia obrera en la Argentina (1969-1976) (editados por Ediciones IPS) se puede seguir el derrotero de esta relación entre economía, política y lucha de clases en las distintas etapas de la historia nacional.

Sobre todo se puede comprobar cómo fueron conseguidas las conquistas y los derechos, el protagonismo, la larga tradición de lucha, organización y métodos de democracia obrera que fue desarrollando la clase obrera argentina. Cómo los sindicatos se han mantenido debido a la resistencia obrera y a la necesidad de la burguesía y el Estado de contar con un instrumento de colaboración y negociación de los intereses de los trabajadores. Permite medir el rol que juega la burocracia sindical en la vida política nacional que al decir de León Trotsky es el principal instrumento de opresión del Estado burgués.

Se puede terminar con la pobreza, la desocupación y la precarización laboral

El socialismo revolucionario pelea por una sociedad sin explotados ni explotadores, basada en consejos de las masas trabajadoras. Una sociedad que será mil veces más democrática que la más democrática de las repúblicas burguesas. Pero mientras tanto, dentro del capitalismo, luchamos también por una “democracia más generosa” donde, por ejemplo, los diputados ganen como una maestra, los jueces sean elegidos por voto popular, se ponga fin a los privilegios que usufructúa la Iglesia y se la separe del Estado. Una perspectiva de lucha así favorecería la lucha por el poder político de la clase trabajadora.

En un mundo donde ocho multimillonarios concentran la riqueza de 3.600 millones de pobres, la perspectiva más realista empieza por cuestionar y afectar las “leyes naturales” que gobiernan en este sistema.

Para terminar con la desocupación, los ritmos extenuantes de trabajo y la precarización laboral, el PTS en el Frente de Izquierda viene aprovechando todos los medios a su alcance para proponer luchar por el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, con un salario que no esté por debajo de la canasta familiar. Nicolás del Caño y el FIT propone trabajar seis horas cinco días a la semana.

Apunta a que los trabajadores, las mujeres y la juventud, frente a la crisis, den una salida política de conjunto a los grandes problemas nacionales. A que no sigamos pagando con nuestras vidas la riqueza, el despilfarro de los empresarios, el Estado y los políticos de turno, sino que sean ellos los que paguen. También implica usar los avances tecnológicos de modo racional, o sea, en beneficio de las grandes mayorías.

La misión de los reformistas y demagogos de todo tipo y color, a sueldo de las patronales, es convencer de que el único camino para conseguir mejoras sustanciales es gradualmente, vía el Parlamento o desde el poder del Estado, y que todo otro camino es utópico. La Iglesia además de paliar el hambre con algunas limosnas, reserva para los pobres un lugar en el cielo como solución de fondo. La burocracia sindical también va a tratar de impedir todo paso en ese sentido, separando la lucha sindical de la política que es el medio que tiene la burguesía para dominar al movimiento obrero. En un momento de crisis económica, de la mano de todos ellos los trabajadores vamos a retroceder. Lo mismo las mujeres, el movimiento democrático y la juventud.

Por eso, el partido de Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Christian Castillo ve que estas elecciones son una oportunidad para dirigirnos a millones en todo el país y discutir una salida política propia desde la izquierda y los trabajadores.