Desde el 2016 se profundiza la criminalización de la protesta social en Argentina.

Un relevamiento recientemente publicado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y la organización Liberpueblo, sobre las formas de respuesta estatal a las acciones de protesta social, ayuda a dimensionar el alcance de la política represiva y criminalizadora del Estado nacional y de los gobiernos provinciales.

Según el documento, desde enero de 2016 a marzo de 2017 se registraron como mínimo un total de 186 hechos de represión y criminalización contra la protesta de Las organizaciones obreras y populares. El hecho de mayor frecuencia fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad (51 % del total) seguidas por la apertura de causas judiciales contra miembros de organizaciones o manifestantes (26 %) y la detención de activistas o manifestantes por parte de la fuerza pública (23 %).

La amplia mayoría de los hechos relevados se produjeron en el contexto de demandas laborales (105 hechos) seguidos por los reclamos vinculados a los derechos a la tierra y a la vivienda (41 hechos).

La mayoría de los hechos de represión, detenciones arbitrarias y apertura de causas penales se dirigieron contra trabajadores (56 % del total). En segundo lugar se encuentran los integrantes de organizaciones sociales (31 %) y en tercer lugar las comunidades de pueblos originarios (8 %). Dentro de los hechos contra trabajadores, el 83 % de los casos se produjo en el contexto de reclamos salariales y por condiciones de trabajo.

El informe releva 48 hechos de causas judiciales abiertas en el ámbito penal como consecuencia de situaciones de protesta social. En total afectaron a 180 personas en el período analizado. Los destinatarios principales de estas causas fueron dirigentes y referentes de las organizaciones sindicales y sociales (el 77 % del total), es decir sujetos que ocupan posiciones de representación en sus organizaciones. Los ejemplos de Río Negro y Mendoza se inscriben en este fenómeno de conjunto.
Hay que mencionar que si bien el relevamiento se circunscribe a lo que sería el primer año de gestión de Cambiemos, la criminalización de la protesta y la persecución política no son algo nuevo.

Aunque Cristina Fernández de Kirchner se empecine en sostener que Milagro Sala es la primera presa política en mucho tiempo, la realidad es que durante los gobiernos de la expresidente y de Néstor Kirchner las personas procesadas, perseguidas hasta detenidas por causas políticas y sociales se cuentan por miles. Cuando CFK finalizó su mandato, había alrededor de cinco mil personas procesadas por luchar.

Aunque Macri y los CEO hayan venido a profundizar este camino, lo concreto es que avanza sobre lo que ya había trazado el kirchnerismo. El ejemplo más claro fue el procesamiento y condena a cadena perpetua (en una causa armada por los poderes Judicial y Ejecutivo santacruceños) de los petroleros de Las Heras por hechos que no cometieron. (Agencias, LID)