Crisis política con los ajustadores en el banquillo de los acusados

Correo Argentino, Panama Papers, Gustavo Arribas, Aranguren, Calcaterra, Caputo. Los nombres de un gobierno envuelto en escándalos que sigue aplicando el ajuste y gobernando para el enriquecimiento de los funcionarios, sus amigos y el gran capital. El peronismo y la izquierda.

Por estas horas, el macrismo se enfrenta a una difícil situación. Al malhumor social derivado de la política de ajuste económico, se suma el escándalo del Correo Argentino que implica al propio presidente, configurando un cóctel peligroso para Cambiemos en el comienzo de un año electoral que será clave para su futuro político.

De acuerdo a un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en enero se registraron 3692 despidos y suspensiones, dando cuenta de que más allá del relato oficial, y ya en el “tercer semestre”, la recesión sigue golpeando sobre el empleo.

Por otro lado, la mayor parte de los pronósticos desmienten que, como dice el oficialismo, la inflación anual vaya a ser del 17 %. No hay semana en la que no se conozca un nuevo ataque al bolsillo. Gas, luz, agua, peajes, telefonía celular son algunos de los servicios básicos que siguen incrementando sus precios, mientras que hasta el pan subirá un 15 % desde el lunes, pasando el kilo a costar cerca de $ 50. El día de ayer corrieron también versiones de que volvería a aumentar el transporte público desde abril, llevando por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires y conurbano, el boleto mínimo a costar entre $ 9 y $ 11.

Sin embargo, la principal novedad política no es ésta, sino el brutal contraste entre estos padecimientos que el gobierno le impone al pueblo trabajador y los escándalos que golpean a los funcionarios, que con sus políticas se enriquecen a sí mismos, a sus familiares, amigos y al gran capital.

Ayer el presidente Macri fue imputado por el escándalo del Correo Argentino, al igual que su ministro de comunicaciones Oscar Aguad. Se los acusa de fraude en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles con su rol de funcionarios, por el escándalo de la condonación del 98,82 % de la deuda que la familia Macri posee con el Estado por el Correo Argentino.

El presidente hace honor a la tradición familiar, que sabe desde hace décadas enriquecerse haciendo negocios con el Estado. Por dar solo dos ejemplos, durante la última dictadura militar el grupo familiar pasó de poseer 7 empresas a 47, y Domingo Cavallo le estatizó su deuda privada de 170 millones de dólares.

El ensordecedor silencio de Mauricio Macri a una semana de que el escándalo del Correo Argentino haya salido a la luz, habla por sí mismo. Las pobres “explicaciones” que dio ayer su jefe de Gabinete Marcos Peña no lograron a convencer a nadie, y no solo por el caso en sí mismo, sino también porque ya nadie puede hablar de que sea un caso aislado sin sonrojarse.

En poco más de un año de gobierno han tenido lugar los escándalos de los Panama Papers; la acusación al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas por recibir pagos sospechados de ser coimas por parte de la corrupta empresa Odebrecht envuelta en un escándalo internacional; las alevosas incompatibilidades de funcionarios como Aranguren y otros que decretaron tarifazos que los beneficiaron a sí mismos; grandes obras públicas como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento donde el primo de Macri Angelo Calcaterra se lleva una buena parte del negocio, mientras que el mejor amigo del presidente, Nicolás Caputo, es un ganador serial de licitaciones. Mientras tanto, Macri defiende públicamente a otros amigos suyos como el magnate británico Joe Lewis que usurpa tierras en la Patagonia.

Mientras todo esto sucedía, ayer Juliana Awada, con frivolidad menemista, publicaba en las redes sociales una foto con Macri por el Día de los Enamorados.

Ante el descrédito del gobierno, luchar contra el ajuste

El gobierno nacional pierde base política y social. Incluso trabajadores que habían votado a Cambiemos creyendo las promesas de anulación del impuesto al salario o pobreza cero, hoy están desencantados.

Dentro de las clases medias, donde el macrismo batalló políticamente con un discurso republicano y contra la corrupción kirchnerista, hoy los escándalos de los funcionarios públicos y del propio presidente llevan a la baja la credibilidad de Cambiemos. Si después del escándalo de los bolsos de José López ya nadie duda de la corrupción del gobierno anterior, hoy por hoy el macrismo demuestra estar tan embarrado como sus contrincantes peronistas.

El mayor descrédito del gobierno crea condiciones para salir a enfrentar sus planes, que a pesar de todo continúan adelante, como se ve en el apoyo que el gobierno le da a las patronales que cierran y despiden como AGR-Clarín, en el intento de imponer un techo del 18 % a la paritaria docente y no homologar el acuerdo de los bancarios, o con el programa de flexibilización laboral que tiene al acuerdo de Vaca Muerta como bandera.

El PJ-Frente para la Victoria, así como el Frente Renovador, aprovechan la oportunidad para anotarse unos puntos en la carrera hacia las elecciones legislativas, mientras sostienen la gobernabilidad del macrismo. Así como durante todo el año pasado sus legisladores le garantizaron al macrismo todas las leyes que necesitó para la entrega y el ajuste, hoy los gobernadores opositores, al igual que los oficialistas, están en campaña contra los trabajadores docentes que saldrán a luchar por el salario.

Por su parte, el triunvirato que dirige la CGT sigue tomándose su tiempo. Luego de la tregua que le dieron al macrismo el año pasado, ahora anuncian posibles medidas para marzo, aunque no está claro ni cuándo ni cómo harían un paro nacional, que en principio sería de 12 horas pero ni siquiera tiene fecha. Sin embargo, los miles que sufren despidos hoy, así como los docentes de cara a las paritarias, no pueden esperar tanto tiempo. Del mismo modo, un paro nacional aislado no sería suficiente para derrotar el plan económico del gobierno.

Por si fuera poco, ayer la CGT acordó con la Confederación General Empresaria (CGERA) marchar juntos el próximo 7 de marzo. Una vez más intentan usar la fuerza de los trabajadores para negociar los intereses de empresarios explotadores y flexibilizadores que tienen intereses antagónicos a los de la clase obrera. La cúpula de la CGT defiende sus propios intereses de casta enriquecida y busca desviar la bronca de los trabajadores hacia distintas variantes del peronismo.

Pero la salida para los trabajadores no puede venir ni de la mano de los empresarios nacionales o extranjeros, ni de “opositores” que ajustan y sostienen a Macri aunque posen de críticos para la campaña electoral.

La izquierda, por el contrario, participa hoy con todas sus fuerzas de las luchas en curso para ayudar a que triunfen (como en AGR-Clarín de donde el kirchnerismo se borró), mientras le exige a las cúpulas sindicales un verdadero plan de lucha y plantea una salida política anticapitalista, la única que puede dar respuestas a las demandas del pueblo trabajador, de forma independiente de todos los partidos que defienden los intereses empresariales y están embarrados en escándalos de corrupción.