Corte Suprema: crisis abierta tras el fallo reaccionario

La licencia de Highton de Nolasco alimenta las especulaciones sobre cambios en la Corte. El desprestigio alimenta la idea de una ampliación por parte del peronismo. Una crisis que no cierra.

Las repercusiones por el terremoto político que generó el fallo del “2x1” aún continúan. El gran rechazo que generó fue el motor para que el Congreso intervenga en un operativo salvataje y lograra poner marcha atrás, en lo que podría haberse convertido en una crisis política de envergadura. La aprobación express en el Congreso de la ley que plantea limitar el “2x1” no impidió la masiva movilización a Plaza de Mayo, que reclamó la cárcel común y efectiva para todos los partícipes en crímenes de lesa humanidad y mostró el enorme repudio y desprestigio de la Corte Suprema.

Durante el día de ayer se conoció la noticia de la licencia pedida por la jueza Elena Highton de Nolasco, una de las cofirmantes del fallo junto a los jueces Rosatti y Rosenkrantz. La auscencia de explicaciones en torno a los motivos del pedido alimenta las especulaciones que se tejen desde hace una semana.

Highton fue especialmente apuntada en la sesión del miércoles pasado en el Senado por los peronistas Adolfo Rodríguez Saá y Miguel Ángel Pichetto, quienes acusaron a la magistrada de “no cumplir con la Constitución” ya que su edad supera el límite de 75 años establecido, algo que logró tras presentar un recurso de amparo presentado meses atrás.

Sin embargo las críticas de ambos senadores no quedaron ahí. Pichetto aseguró con preocupación que “el prestigio de la Corte se ha visto devaluado fuertemente” y directamente aseguró: "Tiene que tener una oxigenación, hay que rearmarla". Por su parte, Rodríguez Saá se animó a plantear abiertamente la posibilidad de una ampliación en el número de los miembros que la componen. La intención detrás de la afirmación del puntano es explotar la deslegitimación del tribunal para sembrar la idea de que nuevos miembros podrían aportar un mayor equilibrio, y de paso, que el PJ pueda conquistar mayor peso político en él.

La composición actual de la Corte Suprema de Justicia fue regulada por la ley 26.183 en el año 2006. En la misma se estableció el pasaje de una Corte conformada por nueve miembros a una conformada por cinco. La sanción se dio en ese entonces sobre la base del inmenso desprestigio que se había ganado la famosa Corte “adicta” durante los años 90, debido a la “mayoría automática” con la que funcionaba, y como símbolo de la crisis que atravesaba un régimen que en el 2001 estallaba por los aires. Su reconstrucción (incorporando a jueces "progres") fue un pilar del Gobierno de Nestor Kirchner para recomponer su autoridad como garante del orden estatal, sin cuestionar más allá del número su función reaccionaria dentro del régimen político.

Esta nueva crisis abierta y la idea de que con su fallo tres jueces fueran capaces de tirar abajo la histórica lucha de más de 40 años por memoria, verdad y justicia abrió un profundo debate alrededor de su composición y su funcionamiento, dejando en evidencia el carácter de casta llena de privilegios y alejada de la vida y los intereses de los millones que son afectados por sus fallos. El presupuesto de casi 7.000 millones de pesos que le fue destinado para este año y el patrimonio millonario de los jueces que la componen así lo demuestra.

Una encuesta difundida por la consultora Berensztein arrojó que el 85% de la población se opuso al beneficio del “2x1” para los genocidas, mientras que numerosas encuestas en portales y redes sociales muestran que existe una opinión mayoritaria a favor de la renuncia de los tres jueces que firmaron el vergonzoso fallo.

La operación de los legisladores para calmar las aguas, incluso los senadores que en su momento dieron sus votos para nombrar a Rosenkrantz y Rosatti como Rodríguez Saá y Pichetto, se propone ahora impulsar cambios para recomponer el prestigio de una institución que quedó expuesta ante los ojos de millones. Lo que está en debate no es un problema de números ni nombres, sino de la función que está destinada a garantizar. Terminar con sus privilegios y sus atribuciones, y pelear por imponer la elección popular de los jueces, con cargos removibles y que cobren lo mismo que un trabajador, es parte inseparable de la lucha por terminar con la impunidad. (LID)