CRIMEN SOCIAL: Ledesma es la empresa con más muertes obreras por covid-19 del país

Cinco meses transcurrieron desde que Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria en todo el país. Esa semana de marzo los directivos de Ledesma no perdieron el tiempo y vieron el negocio, mientras anunciaban que "donaban" 2500 litros de alcohol, le vendían al Estado 30.000.

Esa misma semana la empresa empezaba a establecer sus propios protocolos, contraindicando lo que se establecía desde el Ministerio de Trabajo de Nación. Obligando a trabajar a obreros mayores de 60 años y negando licencias al personal de riesgo. El sindicato azucarero -SOEAIL- lo denunció por Carta Documento y Ledesma aprovechaba el vacío legal de las excepciones que determinaban las resoluciones ministeriales sobre el "personal esencial" contestando (con la impunidad que la caracteriza): "Todos los puestos de trabajo son esenciales para el adecuado funcionamiento de los establecimientos de la empresa". Es decir la producción va a continuar normal, no importan las vidas obreras.

El incumplimiento de la empresa tuvo como consecuencia que la mayoría de los obreros fallecidos tenían una edad avanzada o padecían enfermedades preexistentes lo que la hace responsable a la patronal de las mismas ya que cuenta con historias clínicas de los obreros.

Luego a partir de los reclamos de los trabajadores, la empresa tuvo que otorgar barbijos a "regañadientes" justificándose que los cuidados son individuales y que la responsabilidad recaía sobre los trabajadores, bajo pena de sanciones que luego se concretaron. La realidad es que en definitiva otorgó un mísero tapabocas de tela ecológica que los obreros utilizan hasta el día de hoy.

En el mes de abril el sindicato del papel acuerda con Ledesma la posibilidad de que la empresa suspenda a los trabajadores papeleros recortándoles el salario en un 30% y sin realizar aportes patronales. Esto fue habilitado por el decreto de Alberto Fernández que dejó la puerta abierta para la utilización del Art. 223 bis.

En el mismo sentido le negaron la paritaria a los azucareros escudándose en una supuesta "incertidumbre general" que está atravesando el país. Hasta el día de hoy los trabajadores del azúcar no obtuvieron aumento salarial.

Mientras tanto el emporio de los Blaquier se envalentonaba y sus directivos exigían aumento del precio del bioetanol, mientras su vocero Federico Gatti advertía "estamos ante un escenario complicado, porque el precio del alcohol está congelado en diciembre, las petroleras no están retirando, la Secretaria de Energía está adjudicando una novena parte, 10.000 m3 en lugar de los 90.000 m3, y eso motivará que cuando arranque la zafra en lugar de hacer alcohol se haga azúcar, se va a deprimir el mercado interno".

El colmo ocurrió en el mes de mayo cuando desde el Gobierno Nacional anunciaban la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y Ledesma fue beneficiada por el Estado una vez más, haciéndose cargo del 50% de los salarios de los obreros, lo que despertó la bronca obrera. Al mes siguiente la empresa se retiró del beneficio porque no estaba dispuesta a que le impongan restricciones a sus negocios.

En el mes de junio empezaron a aparecer los primeros casos en localidades aledañas y la empresa obligaba a obreros que estaban en esas zonas aisladas a ir trabajar: “los van a buscar con camionetas y en trailers por pasos no autorizados o caminos internos de la empresa, ya que Calilegua y Fraile Pintado, están aislados por disposición del COE” denunciaba el abogado del SOEAIL. Mientras se empezaban a activar los protocolos en el sector azúcar, Gerardo Morales recorría los hospitales de Libertador Gral. San Martín y transmitía en su programa televisivo que tenía la situación controlada.

El crimen social que se está cometiendo

Llegar a esta situación luego de varios meses de declarada la pandemia del coronavirus, atravesada por innumerables denuncias de los trabajadores para prevenir los contagios, tuvo como contracara una política empresarial que solo le interesa engordar sus bolsillos.

Cuando los trabajadores empezaban a pedir testeos, desinfección de sus lugares de trabajo, cumplimientos del aislamiento social en los viajes en trailer, la empresa ya había ocultado durante al menos una semana el primer caso positivo. Ese mismo mes también desde Uatre seccional Ledesma pedían al Ministerio de Trabajo que se interrumpa la producción para higienizar los lugares de trabajo, así también el SOEAIL declaraba el conflicto e ingresaba a una conciliación obligatoria.
Desde los gobiernos garantizaron que Ledesma haga lo que quiera, sin interesarles las vidas obreras, demostrando el poder de los dueños del país y una política de todos los gobiernos sea del PJ y de la UCR que son corresponsables de un sistema de salud en ruinas.

Escribiendo sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra en 1845, Federico Engels afirmaba que “cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio. Si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala, cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, (…) entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez. (…) Pero no por ello es menos un crimen.” A este tipo de crímenes, los llama “sociales”.

Las nueve vidas obreras que ya no están son la brutal realidad de una política de los gobiernos para garantizarle la impunidad histórica a esta patronal genocida. Ledesma es responsable de este crimen social que se comete con la complicidad del Gobierno Provincial y Nacional, del Ministerio de Trabajo que desoyeron las denuncias. Eso es lo que quieren esconder para garantizarse su impunidad. Por eso tanto odio y desprecio a quienes los denuncian por este crimen. Porque no es “todo el mundo, y nadie a la vez”.

Un obrero del azúcar relataba las conclusiones que vienen sacando "No somos un número más, somos trabajadores que damos la vida, que siempre fuimos a trabajar y que les generamos todas sus riquezas, y sin embargo ahora con la pandemia la empresa no recuerda eso, porque no cuida nuestra salud y tampoco nuestras vidas".

Desde el sindicato azucarero -SOEAIL- la semana pasada llamaron a un día de paro, a partir de la presión que viene desde las bases y los delegados, que quieren una medida contundente para garantizar realmente su salud. Sin embargo el mismo fue convocado de un día para el otro, sin preparación y participación que requiere la situación para enfrentar a la empresa que dilata con reuniones, mientras los obreros mueren.

La situación requiere una gran huelga por las condiciones de seguridad e higiene, para imponerle a la patronal y a los gobiernos cómplices, la paralización por desinfección de la fábrica, establecimientos, maquinarias y transportes, el testeo para diagnosticar covid-19 de todos los obreros, las licencias por población de riesgo para todos los obreros mayores de 60 años y con enfermedades crónicas, la provisión de elementos de bioseguridad para todos, el respeto a las licencias de 14 días de los vínculos estrechos de los obreros contagiados, que reconozca comisiones obreras de seguridad e higiene llevando control sobre el cumplimiento de las reivindicaciones en materia de prevención sanitaria que plantean los trabajadores, y dejarle claro que la salud y la vida de los trabajadores valen más que sus ganancias. (LID) Por Ezequiel Canepa / Abogado CeProDH