CORRUPCIÓN EN LA OBRA PUBLICA: Denuncian a Iguacel por beneficiar a Iecsa, propiedad de la familia Macri hasta 2017

La constructora fue favorecida por el exdirector de Vialidad Nacional con un incremento del 120% en el monto a cobrar por un tramo de la Autopista Pilar-Pergamino, licitada en 2013.

Los trabajadores nucleados en el sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) presentaron una denuncia judicial contra Javier Iguacel, quien fuera director de Vialidad Nacional durante enero de 2016 y junio de 2018, por favorecer a Iecsa que fue propiedad del clan Macri hasta el 2017 y luego paso a manos de Marcelo Mindlin, amigo íntimo del presidente, quien la rebautizó como Sacde S.A.

El desorbitante aumento antes mencionado fue posible gracias a que Iguacel permitió que se modificaran las bases de contratación original entre el Estado e Iecsa por la construcción del tramo II B, correspondiente al arroyo de Giles y el puente sobre Arroyo Gómez, de la Autovía Pilar-Pergamino, Ruta Nacional Número 8. Mediante la resolución 781/17 (abril 2018), la constructora tuvo la suerte de que el tramo que debía construir se redujera en unos 13 kilómetros, sin embargo inexplicablemente el dinero que debía desembolsar el Estado se incrementó en un 120%.

Graciela Aleña, secretaria general del sindicato, explicó el detalle de la maniobra en diálogo con Gustavo Sylvestre, por Radio 10. “Fue modificada la base original del contrato de la obra”. Con este cambio, la empresa “debe construir 13 kilómetros menos, pero la obra sale más caro”. La licitación original de esta obra había sido en 2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner, y debía haber finalizado en 2017. La empresa no sólo que no recibió ningún llamado de atención por esa falta, sino que fue premiada con un “regalito” unos meses más tarde.

Aleña sostuvo además que “cuando las bases del contrato original de una obra se modifican, la realidad dice que se debe hacer un nuevo llamado a licitación”. Agregó, además que “más de 16.000 millones de nuestro presupuesto están comprometidos por deudas con empresas. Tenemos casi 100 obras paralizadas o neutralizadas y no se va a poder salir ni siquiera a cortar el pasto”.

La denuncia judicial, que fue presentada el jueves de la semana pasada y recayó en el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello, también alcanza a otros funcionarios de Vialidad de Vialiadad como Juan Manuel Campana, ex director de Obras, Guillermo Heinke y el propio Marcelo Mindlin.

La noticia fue dada a conocer el domingo pasado por el diario Perfil pero solo en su edición en papel.

Iecsa, los Macri y el “el club de la obra pública”
Iguacel es uno de los tantos funcionarios que tuvo la suerte de formar parte del “mejor equipo de los últimos 50 años” sin ningún tipo de experiencia en la función pública previa y sí en cambio en el ámbito privado. Ocupó puestos directivos en empresas como YPF, Pluspetrol y Pecom. Es además accionista de YPF.
Sin dudas, esto explica su afán de actuar en beneficio de los empresarios y las ganancias de las corporaciones y en contra de los intereses de los trabajadores de ese organismo y de amplios sectores de la población, como quedó demostrado con el cierre de las escuelas técnicas dependientes de ese organismo.

Pero la actuación de Iguacel, al igual que la de los otros funcionarios de este Gobierno al servicio de las grandes empresas, es solo una parte de un engranaje mayor. Lo que recientemente, a raíz de la denominada “causa de los cuadernos”, se conoció como el “club de la obra pública” del cual Iecsa fue parte, tiene años de historia. Fue conocido como "la patria contratista" y el clan Macri fue uno de sus fundadores a mediados de la década de los setenta. (LID)