COMPLICIDAD JUDICIAL: Guido Otranto, el mejor funcionario de Mauricio Macri

El 29 de noviembre de 2013 Guido Otranto juró por Dios y la Patria como primer juez federal de Esquel. Llevaba casi tres años como magistrado (lo designó Cristina Kirchner a principios de 2011) y asumía el desafío de inaugurar un juzgado federal allí donde, según los terratenientes y empresarios de la región, se lo necesitaba mucho.

Tenía entonces 41 años, un abultado sueldo y muchas expectativas. Cada mañana, antes salir para su despacho, miraba por la ventana los cerros nevados e imaginaba un futuro con pocos sobresaltos. Es cierto, le tocaría “resolver” algunos crímenes, muchos robos y otros ítem del Código Penal. Pero, entre el debe y el haber, presentía que nada trastocaría su bienestar en esas tierras de ensueño.

Tan en familia se sintió en estos años allí que hizo grandes esfuerzos y consiguió finalmente que su pareja, Rafaella Riccono, fuera designada secretaria de la fiscal de ese juzgado, Silvina Ávila.

Mucha agua pasó bajo el puente desde entonces y hoy Guido Otranto recuerda aquel momento inaugural con prematura y llorona nostalgia. No es para menos. Ahora está en el centro de la escena pública nacional, con la obligación teórica de encontrar a Santiago Maldonado y la convicción práctica de tener que hacer todo lo posible (si quiere mantener sus privilegios de casta) para salvarle el pellejo al Gobierno nacional.

Cumpliendo con el deber

Desde el 1° de agosto Guido Otranto se fue convirtiendo en el mejor funcionario de Mauricio Macri, haciendo cuanto está a su alcance para que la hipótesis más ajustada a la realidad respecto a la desaparición forzada de Santiago sea la menos investigada y probada desde sus oficinas.

Habiendo concursado “como Dios manda” para su cargo y con cuatro años al frente de un juzgado federal, Guido Otranto sabía qué era lo que había que hacer desde el primer momento en que se denunció la desaparición del joven Maldonado. Pero no hizo nada de lo elemental. Ni siquiera lo básico: apartar inmediatamente de la investigación a quienes están sospechados.

Por un lado Otranto no impidió que Gendarmería eliminara o adulterara todas las pruebas esenciales para la investigación, tanto adentro de la Pu Lof de Cushamen como en las dependencias de la fuerza en la que pudieran encontrarse rastros. Y por otro lado permitió que una guardia de gendarmes se apostara durante semanas en las inmediaciones de la Lof, intimidando con su presencia y sus movimientos a los habitantes de la comunidad mapuche que había sido reprimida.

Por si fuera poco, Otranto no fue ni envió siquiera a algún empleado del juzgado a los peritajes que ordenó hacer en los destacamentos de la Gendarmería de Esquel, El Bolsón, Bariloche y José de San Martín. Sólo en algunos de ellos pudieron estar presentes, como veedores, miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quienes confirmaron a éste y otros medios que no fueron peritados todos los móviles, ni todas las armas ni todos los equipos que pudieron ser utilizados en operativo.

El juez confió, sin dudas, en que los encargados de realizar esos peritajes cumplirían con su deber. Lo que no quiere decir, precisamente, que harían todo lo necesario para descubrir la verdad. No cuesta mucho imaginar la pericia investigativa de la Policía Federal, que cumple órdenes estrictas del Ministerio de Seguridad al igual que la Gendarmería.

Frente a ese escenario, era casi natural que Otranto descalificara al defensor público de Esquel Fernando Machado, quien desde un principio denunció serias irregularidades como el lavado de camionetas de Gendarmería antes de ser peritadas o la rotura de fajas de seguridad en las puertas de esos móviles.

De no creer

Otra de las jugadas de Guido Otranto fue, desde un principio, darle la espalda deliberadamente a quienes dijeron saber qué había pasado con Santiago Maldonado.

Varios testigos, algunos de la comunidad mapuche y otros no, se presentaron en las primeras horas y días de la desaparición a manifestar lo que habían visto, oído y presenciado. Pero tanto Otranto como la fiscal, su coequiper Silvina Ávila, estaban decididos a desconocerlos. Frente a la firmeza de los relatos, optaron por desvalorizar y ningunear a los relatores, algunos de los cuáles habían sufrido la represión junto a Maldonado. Hasta llegaron a cuestionarlos porque, en medio del terror a represalias, algunos se negaban a dar su identidad. Los acusaron de “no colaborar” e incluso de negarle a la “Justicia” realizar rastrillajes en la zona.

Pero la maniobra fracasó. Tras semanas de ninguneo y destrato, los testigos vencieron el miedo. A cara descubierta, con sus DNI y frente a frente le dijeron a Otranto todo lo que él se había negado a escuchar.

Paralelamente, a Otranto se le iba cayendo la osada operación político-mediática para instalar la hipótesis de que Santiago podría haber muerto acuchillado durante un supuesto ataque de la RAM a un puestero de Benetton. El ADN negativo echó por tierra el intento más audaz por desviar la atención sobre la Gendarmería y sus superiores.

Atrás quedaron también las pistas falsas fogoneadas desde Esquel sobre presuntos “Santiagos” caminando por Entre Ríos, Mendoza o Misiones o cuerpos hallados en el Río Chubut o en Chile. Todas operaciones que, sumadas, permitieron a los criminales ganar un valioso tiempo.

Ahora, tras cuarenta días de canallesco negacionismo (o, mejor dicho, de deliberado encubrimiento), el Gobierno parece encaminarse a descargar la culpa de la desaparición en un puñado de gendarmes. Una apuesta riesgosa que amenaza con debilitar el pacto de silencio sostenido hasta el momento por la tropa, sus jefes y el Ministerio de Bullrich.

Por las dudas, mientras en la Casa Rosada calculan costos y beneficios, el juez tuvo una última ocurrencia. Sin dar muchas explicaciones ordenó un exhaustivo rastrillaje en los 800 kilómetros de extensión del Río Chubut. Si no fuera por la gravedad del caso, más de un pescador se le reiría en la cara. ¿Otranto pretende hacerle creer a la familia de Santiago y a toda la sociedad que el cuerpo del joven podría haber sido llevado por la corriente de un río plagado de maleza, serpenteante y de una profundidad promedio de un metro y medio?

La jugada que falta

El domingo, en declaraciones periodísticas, Otranto dijo que esta semana podrían estar los resultados de los análisis de ADN realizados sobre las muestras recolectadas tanto en los destacamentos de Gendarmería como en la casa de El Bolsón que habitaba Maldonado.

Convencido de sus palabras, el juez federal de Esquel aseguró que “es esencial tener el resultado de las pruebas de ADN para ver en qué situación están los gendarmes”. De lo que arrojen esos análisis, dijo, dependerá que los uniformados sean indagados por su responsabilidad o no.

Pero no hay que olvidar que esas muestras (por la forma en que fueron obtenidas) muy probablemente estén viciadas. E incluso no habría que descartar que tanto el juez como los funcionarios del Gobierno ya sepan de antemano esos resultados.

¿Será por eso que ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano, se animó a decir que ésa será “una prueba central, casi definitiva para verificar o descartar la hipótesis que han planteado algunos testigos que son bastante sospechados”?

El punto no es nada menor. Si los resultados de ADN dan negativo, desde el Poder Judicial y desde el Ejecutivo tendrán la oportunidad de decir que Maldonado no fue sacado por Gendarmería de la Pu Lof el 1° de agosto. Y una vez más se creerán seguros para seguir avanzando contra los testigos.

Con el “honor” de la fuerza a salvo, posiblemente consideren tener el camino allanado para transformar una gran crisis política, donde el Gobierno está altamente sospechado de encubrir una desaparición forzada de persona, en un mero hecho criminal del que culpar a tres o cuatro gendarmes “zarpados” a los que “se les fue” el joven en medio de un operativo “impecable”.

¿Tan seguros están Otranto, Bullrich y Noceti de que una jugada así puede salirles bien? Por lo pronto, el juez federal de Esquel le asegura a quien le pregunte que no tiene la más mínima intención de citar, siquiera como testigo, a uno de los principales sospechosos de organizar el operativo represivo en el que desapareció Santiago Maldonado.

¿Va a citar a Noceti?, le preguntó a Otranto un periodista.

No tengo previsto citarlo.
¿(Noceti) Estuvo en el lugar, como dicen los familiares?

Estuvo acá en Esquel. Esa tarde pasó, estuvo acá conmigo, evaluando toda la situación. Pero citarlo no.
¿No coordinó para usted el operativo?

No. Creo que no...
Por estos días, cada mañana, antes salir para su despacho, Otranto mira por la ventana los cerros nevados e imaginaba un futuro con pocos sobresaltos. Y cree que el camino para lograrlo es convirtiéndose en el mejor funcionario de Mauricio Macri. En eso está.

Foto Santiago Filipuzzi/La Nación