CARTAS MARCADAS Macri, el Correo Argentino y un buzón muy difícil de vender

El oficialismo busca las mil y una maneras de frenar un escándalo que crece. ¿Qué dirá Lilita? ¿Qué dijo De Vido? Mientras, la clase trabajadora está cada vez más caliente.

El escándalo por la condonación de la deuda multimillonaria de parte del gobierno de Mauricio Macri a la familia de Mauricio Macri respecto a la concesión del Correo Argentino sigue abriendo capítulos.

Anoche se supo que el procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó un sumario administrativo y una auditoria para esclarecer cómo fue que se llegó a un acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino.

La agencia DyN informó que la Procuración, haciéndose eco de un reciente dictamen del fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, pide que evalúe la falta de competencia de los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio y la posible violación a la ley de Ética Pública.

Las derivaciones de semejante hecho, lógicamente, no pueden menos que desatar una vorágine de discusiones políticas y posicionamientos, sobre todo en el inicio de un año marcado por las elecciones legislativas de medio término.

Tras un primer momento de cierta “conmoción” en el oficialismo que dejó sin palabras a más de uno, con el correr de los días varios referentes de Cambiemos debieron salir a defender, de una u otra manera, aquello que es, en esencia, indefendible.

Pocos recaudos

Ayer el titular del bloque PRO de la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, habló del escándalo y sus implicancias en el Parlamento. “Este es un proceso que no está exento de pedidos de revisión pero que ha sido absolutamente transparente, han participado dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, más allá de los acreedores”, sostuvo en declaraciones a radio Mitre.

Massot agregó que, de todos modos, el Gobierno tiene “absoluta disposición” a incorporar al Poder Legislativo en este proceso, incluyendo la concurrencia de funcionarios al Congreso “para brindar toda la información y todos los escritos administrativos para que se eche luz sobre este tema”.

Sin embargo el titular de la bancada macrista no pudo esquivar el repudio generalizado a una maniobra que sólo buscó beneficiar a la familia del Presidente. “Si me preguntás si nos equivocamos en algo, probablemente tendríamos que haber tomado más recaudos o haber anticipado que posiblemente algo de esto iba a tomar un tinte político”, le dijo incómodo al periodista de Mitre.

Adelante cambio

Mientras Massot hablaba por radio, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad le entregaba a la Coalición Cívica un informe legal y el expediente del acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino S.A.

Así el macrismo parece procurar el menor agrietamiento posible de su coalición de gobierno. Al menos intentará evitar declaraciones indeseadas de aquellos aliados de Cambiemos que suelen llenarse la boca hablando de transparencia y honestidad.

Según la agencia Télam, luego de analizar esos papeles entregados por Aguad, entre hoy y mañana la diputada Elisa Carrió haría pública su opinión y la de la Coalición Cívica sobre el tema.

Esta mañana el Presidente encabezará en la quinta de Olivos una reunión de Gabinete de Ministros. A última hora de ayer trascendió que después de la reunión Marcos Peña posiblemente dé una conferencia de prensa donde haga referencia al escándalo.

Según publicó la periodista Silvia Mercado en Infobae, el Gobierno estaría buscando demostrar una “estrecha relación” entre la fiscal Gabriela Boquín (cuya acción disparó el escándalo) “con el expresidente de la Inspección General de Justicia en tiempos K, Carlos Nissen”.

Ubicando a la funcionaria judicial del lado de la oposición, el núcleo duro de la gestión macrista intentaría equilibrar la disputa política en torno al escándalo del Correo. Habrá que ver si Peña (se da por descontado que no hablará Macri) finalmente realiza un alegato en ese sentido y cuáles serán las repercusiones.

¿Yo señor? No, señor…

Quién también habló ayer fue el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, uno de los funcionarios que tuvo bajo su órbita durante doce años el caso de la estafa macrista con el Correo Argentino.

Usando su cuenta de Twitter, De Vido manifestó que durante su gestión “no existió ninguna ‘demora’ por responsabilidad del Estado Nacional en el cobro de la deuda del Grupo Macri por el canon impago del Correo”. Y se justificó recordando que “el Grupo Macri presentó en los años anteriores ofertas de pago del mismo tenor abusivo que la acordada con el Gobierno de Macri”. “Algo inaceptable”, tipeó con gesto adusto.

De Vido intentó barnizar de cierta épica la actitud del kirchnerismo para con los Macri. “Tuvimos que recuperar rápidamente los activos de la concesión del Correo porque estaban en peligro de destrucción total”, dijo. Aunque enseguida toda la épica se fue al tacho.

“Actuamos con la misma responsabilidad y celeridad que en otros casos”, agregó. Y entre esos casos mencionó nada menos que a Repsol, la expropietaria de YPF a la que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner indemnizó de manera multimillonaria luego de que la empresa española prácticamente fundiera a la petrolera argentina.

Desde la oposición, el kirchnerismo pareció encontrar un poco de eso que tanto necesita para aplacar la andanada de causas que involucran directamente a la plana mayor de la anterior gestión. Pero, irónicamente, no puede hacer mucho “uso” del escándalo.

Es que el entramado de relaciones políticas y, sobre todo, económicas entre la casta de funcionarios patronales de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales y los grupos empresarios nacionales y multinacionales trasciende los colores partidarios y las coyunturas.

El propio De Vido suele intentar despegarse de Lázaro Báez con el argumento de que, durante su gestión, el ranking de empresarios favorecidos con la obra pública no lo encabezaron los amigos de Néstor sino los amigos y familiares de Mauricio. A confesión de parte…

Millones y millones

La discusión en torno a la condonación de la deuda de Franco Macri tiene un elemento de suma importancia. El festival de los millones de pesos que se tranzan entre funcionarios y empresarios se da en el marco de un momento muy particular para la clase trabajadora y los sectores populares.

Es que la inflación se mezcla con los despidos y las suspensiones mientras desde los despachos oficiales se firman nuevas medidas de ajuste y se da la espalda a los reclamos urgentes de quienes no están dispuestos a resignarse.

Los docentes se llenan de bronca ante “ofertas” salariales irrisorias y ante la destrucción de la escuela pública. Mientras tanto María Eugenia Vidal se pasea por los canales de TV con un discurso plagado de “felicidades” y “esperanzas” para “el futuro”.

Los trabajadores de la gráfica AGR-Clarín siguen la lucha contra los 380 despidos y contra el cerco mediático que se cierne sobre este duro conflicto. Mientras tanto Jorge Triaca se niega a recibirlos y atender su reclamo, aunque sonríe para la foto y habla de “trabajo” y “dignidad”.

Y encima, la “Justicia” acaba de beneficiar a la familia Pérez Companc anulando un fallo en el que se los había procesado por evasión impositiva y se los había embargado por decenas de millones de pesos.

Al tiempo que todo eso pasa, Mauricio Macri no habla de los favores a su padre pero insiste en pedirle un “esfuerzo” a la población para que al país le vaya mejor. “Una cara de piedra sin precedentes”, al decir de Myriam Bregman.

“Estas son semanas de profundo ataque a los salarios y condiciones de vida del pueblo trabajador, hay un intento de negociar paritarias por debajo de la inflación, cientos de miles de despidos, otro tarifazo, la modificación de la ley de ART y convenios flexibilizadores como Vaca Muerta. Mientras tanto, Macri sigue garantizando los negocios de su familia y amigos empresarios”, sentenció la dirigente del PTS y el Frente de Izquierda.

Los millones perdonados a Franco Macri no hacen más que multiplicar la bronca de millones de trabajadoras y trabajadores.