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CAPITALISMO DE AMIGOS: Macri y un decreto para evadir las licitaciones públicas

A través del decreto nacional 690 publicado ayer, Mauricio Macri elevó el tope necesario para convocar a licitaciones públicas, hasta un 650 %. El argumento utilizado para justificar el cambio, y que figura en el mencionado decreto es la necesidad de que "los distintos organismos estatales puedan cumplir con mayor celeridad y eficacia sus objetivos en aras del bienestar general". A lo que agrega que "por medio de esta decisión se facilita a los funcionarios de rangos inferiores la realización de contrataciones, descentralizando la toma de decisiones y contribuyendo a una mejor política de compras y contrataciones del Estado nacional".

18 de mayo de 2016| Victoria Sánchez |

De esta forma las contrataciones de servicios con un valor menor a los 6,5 millones de pesos podrán ser hechas sin llamados a licitación. Antes, el piso para abrir el proceso, que incluye selección de ofertas, aprobación, órdenes de pagos, y desembolsos, era de $ 800 mil.

El Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra, conocido, por los miles de despidos de trabajadores estatales, precisó que se aumentó de 800 mil a 6,5 millones el piso a partir del cual los funcionarios públicos están obligados a realizar una licitación pública. Para las contrataciones directas el piso será de 1,3 millones, 6 millones para licitaciones privadas o concursos privados y más de 6 millones para licitaciones públicas o concursos públicos.

De esta forma Macri repite lo hecho en noviembre del 2014, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad y elevó los topes un 300 %. Aquella vez, mediante el decreto 166/2014 elevaba a dos millones de pesos el límite para hacer contrataciones en la Ciudad sin tener que realizar una licitación.

En esa oportunidad, la justificación del incremento se sostenía en que “atento a la evolución registrada en los precios de la construcción para la realización de obras, los montos establecidos no se corresponden con la realidad económica actual, habiendo quedado desactualizados”.

Con el nuevo decreto, en el plano nacional los funcionarios tienen mayor discrecionalidad para el manejo de fondos públicos, así como libertad para realizar contrataciones sin tener que pasar por el (cuestionado) mecanismo de licitaciones públicas.

La pelota (si) se mancha

La aparición, casi a diario de propiedades a nombre de Lázaro Báez, ponen de manifiesto cómo los empresarios se enriquecen robando los recursos del Estado, por medio de la obra pública. Esta cualidad no es excluyente de los conocidos “empresarios k”, sino que es un mecanismo del cual toda la burguesía hace uso y abuso en pos de aumentar su riqueza.

En la causa conocida como “La ruta del dinero k” ya resuenan personajes ligados al presidente, se trata del primo del Macri, Ángelo Calcaterra y su empresa Iecsa, que habían sido socios de Báez. Iecsa es una de las empresas que formaba parte del holding Socma de Franco Macri, quien en 2007 se la “vendió” a un precio irrisorio y “en cómodas cuotas” a su sobrino Calcaterra.

Alguien que seguramente sea uno de los mayores beneficiados por la nueva modificación es Nicolás Caputo. Quien es el mejor amigo de Mauricio Macri e integrante de su círculo íntimo, es un reconocido empresario de la obra pública del país. Según una investigación realizada por Perfil, los beneficios que recibe por su participación en la obra pública de la Ciudad crecieron a un ritmo vertiginoso los últimos años.

Entre 2006 y 2007 previo a que Macri asumiera como Jefe de Gobierno, SES SA, una empresa en la que Caputo posee el 50 % de las acciones, había facturado $ 50 millones a la ciudad. En el 2011, año en que Macri fue reelecto, facturó $ 77,6 millones, al año siguiente casi duplicó esa cifra, llegando cerca de los $ 150 millones. En el período que va del 2008 hasta el 2013, el gobierno de la ciudad desembolsó a favor de la empresa SES SA la suma nada despreciable de $517 millones, un promedio de $ 85,5 millones por año.

Los escándalos de corrupción como “la ruta del dinero K” y los Panamá Papers salpican por igual a funcionarios y empresarios amigos del kirchnerismo y del nuevo oficialismo. No llama la atención ya que la corrupción es congénita al capitalismo. Sin tocar los lazos del aparato estatal con los intereses de esa minoría social que constituye la clase capitalista no será posible acabar con ella.

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