Baja en la edad de imputabilidad: la juventud como causa de todos los males

El ministro de Justicia, Germán Garavano, estará a cargo de impulsar, en los próximos meses, el debate sobre las reformas de las leyes vigentes para reducir la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años. El ministro justificó esta iniciativa “porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada” y agregó que el actual régimen es “básicamente paternalista”.

Sin embargo, en el Régimen Penal de la Minoridad, modificado en 1983, los menores de 16 años no son punibles y recién a los 18 años se les puede contabilizar el inicio de una pena. Pero esta ley permite hacer efectiva la ley antes de los 18 años (si el menor de 16 años es pobre o está en situación de vulnerabilidad), lo que habilita que un juez podrá ordenar internar a ese joven en un instituto penal, conocidos como reformatorios, todo el tiempo que el juez disponga.

Según el jurista Emilio García Méndez, “la Argentina es el único país en la historia de América Latina que ha dictado sentencias de reclusión perpetua a menores de edad; doce sentencias de este tipo para ser más exactos entre 1997 y el 2003”. ¿A esto llamará paternalista el ministro?

Garavano, quien durante las declaraciones públicas que realizó ayer aseguró que la modificación de un nuevo Régimen Penal de la Minoridad saldrá por consenso, reconoció que los miembros del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), invitados a integrar la mesa de expertos que trabajaran estos temas, no coinciden con las perspectivas que propone el Gobierno.

Año electoral

En un año electoral las promesas punitivas suelen redituar votos a los candidatos que ofrecen mano dura contra el delito. La demagogia del Gobierno y la oposición del massismo y el peronismo, que hicieron de la seguridad un tema de campaña, aprovecharon en los últimos días el reclamo de un sector de los vecinos del barrio porteño de Flores de mayor “seguridad” y policías en la calle, a partir del crimen del adolescente Brian, para volver a reeditar la agenda de la criminalización a la juventud, sobre todo la de los barrios pobres.

De lo que no hablan, ni el Gobierno ni esos “opositores”, es que entre los mismos vecinos movilizados de Flores se escucharon fuerte las denuncias contra la Policía como garante del delito, en particular de la Comisaría 38°, de la cual tiempo atrás el jefe fue pasado a disponibilidad por habérsele comprobado el recibimiento de coimas. Los vecinos denunciaron “zonas liberadas” (en rigor, que la Policía participa directamente en los delitos habilitando a particulares para que los realicen repartiéndose luego el botín) y hasta casos de gatillo fácil.

Días antes de los hechos de Flores, en otro barrio porteño, en San Cristóbal, los vecinos filmaron cuando un oficial de la Federal disparaba a la cabeza de un joven que tenía las manos en alto y cómo desde un patrullero asistieron, obviamente, al oficial. Cambiaron la escena del crimen para mostrar que hubo un enfrentamiento.

Cuando los vecinos de Flores seguían movilizados otro hecho conmovía a los vecinos del barrio de Mataderos. Un joven trabajador fue asesinado, mientras arreglaba su auto, por otro oficial de la Federal. También en este barrio se escuchó a los vecinos indicar quién había tirado, cuando desde los propios policías se pretendía desligar de la responsabilidad a los agentes y hasta se adulteró la escena del crimen.

Las campañas securitarias

Desde hace décadas, la inseguridad se ha convertido en un eje de campaña para todos los partidos del régimen. Prometen más cárceles, mayores facultades para la Policía, aumento de las penas y saturación policial en los barrios. Y las promesas pasan a los hechos con cada nueva gestión, aumentando año a año la cantidad de patrulleros, balas y tecnología policial, con su consecuente aumento de detenidos, torturados en cárceles y comisarías y muertos. La Ley de Flagrancia promulgada recientemente y el tratamiento del proyecto (postergado para este año) sobre el régimen penal, muestran que Cambiemos no cambió nada.

Sólo la unificación de las policías Metropolitana y Federal, muestra esto en una alarmante cifra: por cada 100.000 habitantes hay 860 agentes que cuentan con el “poder de fuego”. Pero, y sobre todo, eligen un grupo social donde recaen el señalamiento de los responsables de provocar la “inseguridad”: el chivo expiatorio. Ellos son los pobres, los inmigrantes, los que viven en asentamientos o barrios populares. Los medios de comunicación avivan el debate y señalan a estos, los potenciales “delincuentes”.

No es casualidad que estos debates afloren cada vez que la situación socio-económica nacional se deteriora un poco más, como actualmente sucede con la creciente desocupación, la inflación y los tarifazos. Así pretenden ocultar el malestar social. No es nada casual que cada vez que el Gobierno anuncia medidas económicas contra el pueblo trabajador, las grandes empresas periodísticas recargan la agenda pública con impactantes casos de “inseguridad” reales pero magnificados. De este modo, instalada la campaña, se legitima las políticas de mano dura y tolerancia cero.

Como sostuvo el dirigente del Frente de Izquierda Nicolás del Caño “mientras despide y recorta en educación, el Gobierno pretende bajar la edad de imputabilidad para profundizar su política de criminalización y cárcel para la juventud”, y denunció que “es clarísimo que el Gobierno pacta con las cúpulas policiales que comandan el ’gran delito’. Ya lo venimos viendo con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires”.

Del Caño, quien realizó duras declaraciones contra la iniciativa oficial, señaló también que “el narcotráfico, la trata de personas y los desarmaderos no podrían funcionar sin la garantía policial, judicial y del poder político que la sostiene”, y denunció que “el ’pequeño delito’, al que se ven empujados muchas veces los jóvenes, está organizado por esta gran ’industria’ que dirigen las fuerzas de seguridad.”.

A lo que agregó que el caso de Luciano Arruga, asesinado por la Policía Bonaerense, desaparecido su cuerpo con complicidad institucional y enterrado en el cementerio de la Chacarita durante cinco años, todo por negarse a robar para la Policía, “es emblemático de lo que pasa con muchos jóvenes, y hoy ya nos encontramos con un claro salto represivo: bajo el Gobierno de Macri muere un joven cada 25 horas por gatillo fácil policial”.

Para los jóvenes pobres: gatillo fácil y baja de la edad de imputabilidad

El último informe anual sobre la represión policial presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), señala que si durante el gobierno de Cristina de Kirchner cada 28 horas un joven era asesinado por el gatillo fácil de la Policía, en la era de Cambiemos esa escalofriante cifra se redujo aún más. Cada 25 horas perdemos la vida de un joven. Una práctica institucional que día a día se ve en cada barrio y en cada ciudad del país.

El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acaba de asignarle un abogado de esta cartera al oficial de la Federal acusado de gatillo fácil en San Cristóbal. Por otro lado, como parte de la misma política de premiar la impunidad ascendieron en la Federal al jefe del espía Américo Balbuena.

En simultaneo que llenó de policías y reprimió a delegados de ATE en el Ministerio de Educación para hacer pasar el ajuste, Cambiemos ofrece para los jóvenes humildes y de barrios carenciados, desalojos como el de ayer en el antiguo Padelai, mano dura, gatillo fácil y mayor baja de imputabilidad, a la ya baja edad donde un menor es condenado al encierro y privado de poder acceder a la escolaridad y un trabajo.