Aumentó la conflictividad laboral en el primer trimestre del año

Según un estudio del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en el primer trimestre de 2018 se registraron 216 conflictos laborales, de los cuales la mayoría corresponde al sector público. Esta cifra implica un aumento en la conflictividad laboral de un 8 % con respecto al último trimestre del año pasado.

A su vez, del total de los conflictos se observa que un 55 % de los conflictos producidos en el período estudiado, corresponde a luchas contra despidos, suspensiones o reclamos por deudas salariales. Por detrás se ubican los conflictos originados por reclamos de mejoras en las condiciones de trabajo y en tercer lugar recién los conflictos causados por demandas salariales.

Del estudio surge también que la lucha por despidos se convierte en el principal motivo que origina conflictos laborales por tercer trimestre consecutivo.

En el sector público, los mayores reclamos se concentran en las reparticiones estatales provinciales, mientras que en segundo lugar se encuentran los conflictos llevados adelante por los trabajadores estatales en relación de dependencia con el Estado nacional.

En el sector privado, las demandas de los trabajadores se produjeron en sectores como la industria manufacturera, servicios de transporte y los medios de comunicación.

¿Qué confirman estos números?
En primer lugar, que en este comienzo de año el peso de la crisis económica se siente con fuerza sobre las espaldas y hombros de la clase trabajadora. Estos números dejan en claro, que la mayoría de los conflictos se desarrollaron producto de la crisis: despidos, suspensiones o reclamos por deudas salariales.

En lo que va del año, el combo de medidas oficiales que el Gobierno nacional descargó sobre los bolsillos de la mayoría del pueblo trabajador es explosivo. Tarifazos, devaluación del dólar de más del 50% en cinco meses, una inflación anual que podría llegar al 32 % y paritarias muy por detrás que sólo alcanzan a la mitad de la inflación estimada.

En segundo lugar, que uno de los sectores más afectados por el ajuste en curso son los trabajadores estatales, que en su gran mayoría enfrentan despidos. Ese es el caso de los trabajadores de Vialidad, que sufren el ajuste en carne propia, con el cierre de cinco Escuelas Técnicas Viales y más de 300 despedidos. Y el de los trabajadores de Telam, que también afrontan despidos masivos.

“La vuelta al FMI”, anunciada por el presidente Mauricio Macri a principios de mayo y concretada en el transcurso de este mes, se sabía que implicaría un salto en el ataque de las condiciones laborales de los empleados públicos, con despidos masivos, congelamientos y reducción salarial.

El Gobierno nacional admitió el ataque al empleo público en la Carta de Intención que envió al Fondo, semanas atrás. En dicho texto queda explicitado que no se renovarán cargos “en puestos no prioritarios”, se congelarán las nuevas contrataciones en el Estado durante dos años, y se eliminará “las posiciones redundantes”. Además, señala que el objetivo es “que el gasto en personal caiga de 3,2 % del PBI en 2017 a 2,7 % hacia el final del programa”.

En tercer lugar, el ajuste en curso perpetrado por el Gobierno nacional contra el pueblo trabajador seguirá y se profundizará.

El contundente paro del pasado lunes que paralizó el país por completo demostró que la fuerza para derrotar los planes de ajuste de Cambiemos está, pero que las conducciones sindicales la mantienen enchalecadas y fragmentadas para que no se expresen con la profundidad y potencialidad suficientes como para hacer retroceder los planes oficiales.

La izquierda y los sectores clasistas y combativos del movimiento obrero fueron un actor de peso en la jornada del lunes que manifestó los límites de los paros aislados y “domingueros” de la burocracia sindical para derrotar la política económica de Macri y aclaró que sólo un plan de lucha nacional puede derrotar el ajuste de manera definitiva.